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Las empresas solicitan que el Estado dé a este sector un respaldo legal para ser figuras de autoridad como los médicos y los jueces
El sector de la seguridad privada quiere ampliar su campo de acción en aquellos ámbitos en los que se ha detectado una carencia de vigilancia, como son el educativo y la vía pública. Dos espacios, especialmente el segundo, en el que se producen un gran número de situaciones conflictivas.
Tras realizar una encuesta, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) ha comprobado que el 98,6% de la sociedad valenciana considera adecuado e incluso necesario que estos vigilantes privados tengan competencias en la calle. Retener a presuntos delincuentes hasta la llegada de la policía, vigilar para disuadir a posibles delincuentes y, en caso de agresión, intervenir inmovilizando al agresor a la espera de los agentes son algunas de las funciones que estos vigilantes podrían y deberían asumir.
Por ello, la asociación quiere que el Gobierno central determine cuáles son exactamente las competencias que tienen actualmente y, conocidas estas, pedirán que se amplíen a los colegios y demás centros educativos y la vía pública. Los vigilantes tienen prohibido trabajar fuera de las empresas que los contratan y sus instalaciones. El exterior está reservado para los cuerpos oficiales de seguridad.
Sus funciones están limitadas exclusivamente al ámbito privado aunque poco a poco se han ido ampliando. «Hoy en día es inconcebible ir a determinados lugares y no ver a estos vigilantes», explica Eduardo Cobas, secretario general de Aproser.
Grandes superficies comerciales, empresas, eventos multitudinarios pero también centros de salud y hospitales, dependencias oficiales, aeropuertos y otras estaciones de transporte público son sólo algunos de lugares donde desempeñan su trabajo. Pero quieren ir más allá, como ya se hace en otros países europeos.
«El Estado nos autoriza a hacer el control en los aeropuertos; ser escoltas de altas personalidades en el País Vasco y seguro que habrá más ámbitos en los que se tendrá que estudiar si podemos entrar» siempre supervisados por los agentes policiales. «En la calle y en los centros educativos se echa de menos una figura de autoridad que dé seguridad», añadió Cobas.
Sus afirmaciones las basa en años de experiencia y en los resultados obtenidos con una encuesta a través de la cuál Aproser ha querido conocer cuál es la imagen que la sociedad tiene acerca de estos trabajadores. En general, la presencia irradia tranquilidad, ya es un referente claro para dar seguridad.
Un elevado porcentaje (40%) no los ve como figuras de autoridad y por ello la asociación también reclama que, al igual que con los profesores y los médicos, se les considere como tales. Eso implica que a sus agresores se les castigue con más dureza pero al tiempo, si un vigilante se excede en sus funciones, «se le juzgue con más dureza que a un ciudadano de a pie», concluyó.
A pesar de ello, el 80,5% de la población valenciana reconoce sentirse más seguro cuando en el lugar al que va hay vigilantes. Esa cifra está ocho puntos por encima de la media nacional, lo que da a entender que los valencianos están más acostumbrados a verlos en algunos emplazamientos.
Y Aproser ¿cuándo asumirá los pagos de las horas extras?
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El sector de la seguridad privada quiere ampliar su campo de acción en aquellos ámbitos en los que se ha detectado una carencia de vigilancia, como son el educativo y la vía pública. Dos espacios, especialmente el segundo, en el que se producen un gran número de situaciones conflictivas.
Tras realizar una encuesta, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) ha comprobado que el 98,6% de la sociedad valenciana considera adecuado e incluso necesario que estos vigilantes privados tengan competencias en la calle. Retener a presuntos delincuentes hasta la llegada de la policía, vigilar para disuadir a posibles delincuentes y, en caso de agresión, intervenir inmovilizando al agresor a la espera de los agentes son algunas de las funciones que estos vigilantes podrían y deberían asumir.
Por ello, la asociación quiere que el Gobierno central determine cuáles son exactamente las competencias que tienen actualmente y, conocidas estas, pedirán que se amplíen a los colegios y demás centros educativos y la vía pública. Los vigilantes tienen prohibido trabajar fuera de las empresas que los contratan y sus instalaciones. El exterior está reservado para los cuerpos oficiales de seguridad.
Sus funciones están limitadas exclusivamente al ámbito privado aunque poco a poco se han ido ampliando. «Hoy en día es inconcebible ir a determinados lugares y no ver a estos vigilantes», explica Eduardo Cobas, secretario general de Aproser.
Grandes superficies comerciales, empresas, eventos multitudinarios pero también centros de salud y hospitales, dependencias oficiales, aeropuertos y otras estaciones de transporte público son sólo algunos de lugares donde desempeñan su trabajo. Pero quieren ir más allá, como ya se hace en otros países europeos.
«El Estado nos autoriza a hacer el control en los aeropuertos; ser escoltas de altas personalidades en el País Vasco y seguro que habrá más ámbitos en los que se tendrá que estudiar si podemos entrar» siempre supervisados por los agentes policiales. «En la calle y en los centros educativos se echa de menos una figura de autoridad que dé seguridad», añadió Cobas.
Sus afirmaciones las basa en años de experiencia y en los resultados obtenidos con una encuesta a través de la cuál Aproser ha querido conocer cuál es la imagen que la sociedad tiene acerca de estos trabajadores. En general, la presencia irradia tranquilidad, ya es un referente claro para dar seguridad.
Un elevado porcentaje (40%) no los ve como figuras de autoridad y por ello la asociación también reclama que, al igual que con los profesores y los médicos, se les considere como tales. Eso implica que a sus agresores se les castigue con más dureza pero al tiempo, si un vigilante se excede en sus funciones, «se le juzgue con más dureza que a un ciudadano de a pie», concluyó.
A pesar de ello, el 80,5% de la población valenciana reconoce sentirse más seguro cuando en el lugar al que va hay vigilantes. Esa cifra está ocho puntos por encima de la media nacional, lo que da a entender que los valencianos están más acostumbrados a verlos en algunos emplazamientos.
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