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“Mi prioridad es dar un impulso decidido a la Seguridad Privada en España”
Ha llegado a la UCSP precedido de fama de “duro” y, la verdad, a mí no me lo parece. Lo que sí me da la impresión, sobre todo después de conversar con él en su despacho, durante casi dos horas, es que es un profesional de ideas claras, muy riguroso, poco amigo de frivolidades, pero siempre dispuesto a escuchar.
Se ha propuesto dar un impulso importante a la Unidad Central de Seguridad Privada y se ha marcado unos objetivos muy concretos basados en un plan estratégico que ya ha empezado a desarrollar, interna y externamente.
De ello y mucho más Esteban Gándara Trueba nos ha hablado en esta entrevista, que iniciamos preguntándole
¿Cuál va a ser su prioridad en esta nueva etapa en la Unidad?
En esta etapa que me ha tocado dirigir voy a tratar de ofrecer una nueva mirada de la Seguridad Privada en España. Esa nueva mirada parte del Cuerpo Nacional de Policía y la vamos a tratar de llevar a cabo a través de la elaboración –que ya está hecha- de un proyecto estratégico que conjuga la realidad con la ficción y que abarca una amplia gama de actuaciones, tanto desde el punto de vista interno policial como de la mejora de la propia prestación del servicio de la seguridad privada.
Por tanto, mi prioridad es dar un impulso decidido a la seguridad privada en España, tanto desde el sector como desde la Administración, y para ello, el proyecto estratégico constituye la piedra angular de este reto del que hemos hablado.
A pesar del poco tiempo transcurrido al frente de la Unidad Central de Seguridad Privada, ¿tiene ya opinión formada sobre este colectivo del sector privado?
Sí, tengo una incipiente opinión que, aunque en principio es incompleta, puedo afirmar que es muy positiva.
Creo que el sector es una realidad muy importante desde tres puntos de vista:
primero, es un sector económico importantísimo, que para la marcha del país hay que a tener en consideración.
En segundo lugar, por el volumen de personal y de recursos que moviliza y redundan en beneficio de la seguridad en general. Y, además, porque en muchos casos prestan esos servicios en sectores muy importantes y estratégicos para la buena marcha del país.
Por tanto, esa realidad para mí es muy positiva. Y creo, además, que tiene potencialidad para poder reportar mayores beneficios, tanto desde el punto de vista económico como de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Resumiendo: opinión positiva, es un sector estructurado, organizado; es un sector importante para la economía y para la seguridad. Quiero aclarar que no sólo debe ser contemplado por la función que realiza, la seguridad, sino que eso además tiene una repercusión directa en la calidad economía del país por los puestos directos e indirectos de trabajo que genera.
También tiene claro ya, cuáles son, a su juicio, los principales problemas de este sector?
Algunos creo vislumbrarlos... Creo que el sector necesita un nuevo impulso, y seguramente tenga que venir mediante la adecuación de la normativa a la realidad de la seguridad. Es decir, a colmar las necesidades de seguridad actualmente existentes.
Ese creo que es un problema de cierto constreñimiento del sector en el desarrollo de sus actividades. De ahí se derivan a su vez una serie de problemas e inconvenientes que tienen que ver con que no todo el sector es igual, ni por el tipo de actividad que desempeña ni por el tamaño de las empresas.
Hay un número muy elevado de empresas y eso puede facilitar una competencia sana y leal. También tiene unos problemas que tienen efectos internos: uno es que el sector, de cara a esa competencia leal y reglada, tiene que ser muy consciente de huir de tentaciones de intrusismo.
También que la renovación tecnológica es algo muy necesario, y que puesto que las fronteras se han abierto y aunque España sea un modelo para otras naciones, las empresas de seguridad ya no van a estar solas, por lo que eso es algo que se debe tener en cuenta al replantear estrategias empresariales.
- Hablando de estrategias, ¿cuál va a ser o cuál está siendo ya su estrategia de trabajo al frente de la UCSP?
Todo proyecto estratégico parte de un análisis previo y la correspondiente valoración, y ver el posicionamiento del sector y la política de seguridad del Gobierno. En este sentido, una de sus líneas preferentes de actuación es el ámbito de la colaboración, y esto hay que tenerlo muy en cuenta dada mi condición de máximo responsable de esta Unidad.
A su vez, también hay un marco referencial, pero lo importante es la visión que desde la Unidad Central y desde el Cuerpo Nacional de Policía queremos tener de cara al sector de Seguridad Privada. Quiero decir aquí tres cuestiones referentes a esa visión: lo que tenemos claro es que en este ámbito, además de lo que nos corresponde, queremos liderar y dirigir la Seguridad Privada en España. Además de que nos corresponde, lo queremos ejercer.
- Comisario, ¿eso no va un poco en contra de lo que se ha venido poniendo sobre la mesa, en el sentido de que el sector está muy intervenido y que la política que se ha venido haciendo ha sido muy intervencionista?
Yo creo que se puede liderar y dirigir, y como instrumentos el ejercicio de las actividades de control e inspección no son contradictorios sino que son una ayuda. Lo importante es que el control e inspección no sean una finalidad en sí misma, sino que sean las herramientas para, precisamente, dada la realidad que constituye el sector, aprovechar toda su potencialidad.
Esto creo que es el cambio filosófico que le tenemos dar a esta materia. Por tanto, queremos ser un referente a nivel nacional, en cuanto a Cuerpo de Seguridad. Que el CNP lo sea en la actividad de seguridad privada y también a nivel internacional porque, como decíamos, la frontera de la Unión Europea está abierta.
Y además, queremos contribuir, en la manera en que podamos, a que este modelo de seguridad privada que tenemos en España pueda mejorar y servir de ejemplo y ahondar en el modelo de futuro para los próximos 30 años.
En este sentido nos hemos fijado tres objetivos importantes dentro de esta planificación estratégica:
1º.- Contribuir a mejorar la calidad de los servicios en materia de Seguridad Privada, tanto de los que presta el sector a sus clientes como de los que nosotros prestamos al sector.
2º.- Cumplir lo primero y aumentar, con los servicios de la seguridad privada, la prevención y que se garantice mejor la seguridad ciudadana, que creo que ahí está la razón de ser de la existencia de la seguridad privada
3º.- Contribuir a reducir las prácticas irregulares o fraudulentas que se puedan estar dando en el sector.
El cumplimiento de esos tres objetivos y con esa visión integradora que le daba anteriormente, queremos hacerlo a través de cuatro ejes estratégicos que parten por una mejora de la gestión interna, de nuestros propios servicios que damos al sector de la seguridad privada; queremos aumentar la colaboración con el sector, no verlo como proveedor de información ni obligado a colaborar, sino facilitarle información e integrarle en la seguridad pública general y potenciar la operatividad.
Es decir, no queremos que nuestra labor sea de pura gestión. Además queremos impulsar reformas para que la normativa se adecue a la realidad de las necesidades de seguridad realmente existentes. Y eso lo queremos hacer con el resto de actores que hay en materia de Administración y de Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para ello, hemos establecido además como línea de trabajo criterios de actuación como el principio de objetividad, (porque los hechos son lo importante y los que tienen que dirigir nuestra actuación) y el principio de interés general, entendido como que lo prioritario es el impacto que nuestra actuación tenga para la mejora de la seguridad.
A partir de aquí hay otros dos principios complementarios, que son el de la razonabilidad (aplicar el sentido común en beneficio de la seguridad, que es el objetivo a perseguir por todos) y el de las reglas del mercado (toda nuestra actuación no puede ir en detrimento de éste, sino todo lo contrario).
-Estamos padeciendo un creciente flujo de delincuentes, bandas organizadas, etc., por tanto la pregunta es obligada. ¿Cree usted que actualmente el sector, en sus distintos niveles, está suficientemente preparado para hacer frente a estos nuevos desafíos delincuenciales?
En general el sector tiene una aceptable pero mejorable formación de base. El modelo español, comparado con otros en cuanto al acceso a la profesión, apuesta por la formación, y la normativa eso lo tuvo muy en cuenta porque si los recursos humanos no están muy preparados, el trabajo no va a salir.
Por tanto, de forma general, ésta es aceptable pero yo creo que es necesario mejorar. En cuanto al grueso de personal que constituye el sector de la vigilancia, creo que tienen que diversificar esa formación, de manera que tiendan a una especialización. No es lo mismo estar en un entorno de vigilancia y protección en un centro comercial que en un entorno estratégico o una infraestructura crítica para la seguridad del país.
Creo que por ahí debemos de encaminarnos, con independencia de que también deben tener una mayor formación en habilidades para relaciones sociales, sin olvidar la formación desde el punto de vista técnico jurídico.
- También habría que traer a colación que las calidades de los centros privados de formación no son homogéneas. ¿Cómo se puede mantener esta docencia en el criterio que se le exige?
En materia de centros de formación como actividad de seguridad privada, la competencia en este caso se circunscribe a la autorización inicial, y a partir de ahí a la inspección en cuanto al cumplimiento de esos requisitos que derivaron en la autorización. No así en cuanto a sus niveles de formación.
Esa materia tiene una especie de reválida vía examen policial. Los candidatos deben tener muy en cuenta que de nada sirve que “compren” esas horas de formación en un centro de formación privada, si cuando se enfrentan al examen de acceso que hace el CNP no son suficientes y no lo pasan.
Creo que desde el punto de vista del mercado hay que trabajar mucho en esa materia. En cuanto a que los centros que den una pésima calidad no tengan demanda ni clientes, y eso se podrá alumbrar viendo el porcentaje de alumnos aprobados de los que se presentan a la prueba de examen policial.
Pero además de esto, que no es algo que competa a la autoridad administrativa policial, sí debemos hacer una reflexión en cuanto a mandos intermedios y sobre todo a jefes y directores en cuanto al proceso de acceso a la profesión.
En el sentido de que el director de seguridad es el nivel máximo y ocupa el puesto máximo por las competencias que tiene asignadas en materia de seguridad privada hoy en día, creo que los requisitos de acceso y la formación deberían elevarse.
Tenemos muy buenos directores de seguridad, auténticos profesionales en la materia, pero por el propio reconocimiento de ellos y para que puedan asumir nuevas responsabilidades vía ampliación de sus funciones, eso debe ir aparejado con una formación de mayor calidad en cuanto a requisitos de acceso.
- Si le parece, hablamos del tema de las sesiones competenciales, basado en el convenio que firmó el Ministerio del Interior con una Comunidad Autónoma...
La situación actual en cuanto a competencias en Cataluña y País Vasco es mejorable vía coordinación y compartir tareas y coordinar actuaciones. Hay dos situaciones distintas y en ambas estamos intentando avanzar, pero creo que en ninguno de los casos es conveniente ni admisible la exclusión de ningún Cuerpo ni la superposición.
Creo que la vía correcta es la coordinación de actuaciones y el compartir información. Pero por encima de todo eso, creo estamos trabajando para avanzar ambas partes para que no haya exclusión ni superposición, sino compartir informaciones. Pero por encima de eso, ante todo hay que preservar la unidad de mercado y la unidad de legislación.
Estas dos cuestiones son absolutamente necesarias para que las empresas no tengan una posición débil frente a la competencia exterior y para que no existan criterios y normas de legislación distintas. Por eso, creo que lo que contemplan algunos estatutos es la ejecución de determinadas competencias con arreglo a la legislación básica del Estatuto.
Y esa ejecución se realizará por las comunidades que tienen Cuerpo de Policía propio (Cataluña y País Vasco) y ha de hacerse de manera coordinada y compartida y sin excluir a ningún Cuerpo en el ámbito de la seguridad privada y sin superponer unos sobre otros. Creo que ahí está la clave.
-¿Cree posible, a medio plazo, la ampliación de competencias para el sector de la seguridad privada?
Yo creo que hay que tener en cuenta que la normativa se adecue a las realidades y necesidades actualmente existentes. Creo que, efectivamente, desde el punto de vista de la prestación de servicios por parte de las empresas de seguridad, a través de fórmulas que podríamos denominar como pasillos de seguridad, actividades que están fronterizas entre la seguridad pública y privada, podrían ser contempladas como nuevas a desarrollar por las empresas de seguridad privada:
en medios de transporte, centros penitenciarios, de internamiento de menores o en otros ámbitos, siempre bajo la supervisión de los Cuerpos de Seguridad competentes en cada ámbito si fuese necesario.
Pero sí creo que se puede contemplar un abanico que amplíe las posibilidades de actuación que tiene la seguridad privada, de manera que quede mejor contemplado lo que de alguna manera sucede en la realidad y que anda fronterizo entre lo regular e irregular, ya que la normativa tiene que contemplar esto para que nada quede fuera de la legalidad y para que se preste con mayor seguridad jurídica y mayor calidad.
Por tanto, no me parecería extraño que en esa normativa, si antes no estaban en algunos ámbitos ahora sí vayan a estar, y que ésta sea una fórmula que nos permita responder a las necesidades de seguridad con más calidad y mayor seguridad jurídica.
- A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les está costando mucho atender las alarmas -que en un altísimo porcentaje son falsas- y a las CRA las numerosas multas, algunas de enorme cuantía debido a la diversidad de criterios, según que provincias o Comunidades Autónomas.
Eso ha dado lugar a que en los anteriores años se hayan organizado distintos foros para tratar exclusivamente este tema. Todas las partes han llegado finalmente a la conclusión de que es un tema que hay que arreglar, pero hasta la fecha no se arregla ¿Qué opina al respecto?
La visión de la Unidad Central en materia de falsas alarmas es que un sistema de alarma es algo tecnológico, más o menos avanzado, que se contrata a una empresa de seguridad para sentirse más seguro y para que funcione cuando se produzca un riesgo.
La empresa debe vender un producto que responda a las necesidades de ese cliente y además debe darle el soporte técnico y humano y la posible respuesta, que es para lo que está el sistema de alarma. Y además convendría que a su cliente le instruyese adecuadamente en cuanto al funcionamiento de ese sistema para que no se generen problemas, y estableciese con él un contrato por mal funcionamiento.
Esto sería un esquema general pero lo que sucede es que ante la activación de una alarma, lo que establece la lógica es comprobar si se ha producido por un mal uso del sistema o por una alerta que está ocurriendo. Si es el segundo caso, no hay ningún problema, pero en el primero, cuando el sistema salta como consecuencia de un mal funcionamiento o mal uso (a lo que se le añade que quien tiene el control de esa alarma no verifica el evento) da lugar a una intervención pública innecesaria.
Lo que hay que hacer es mejorar los sistemas vía tecnología para que pasemos de un 95% de falsas alarmas y 5% de verdaderas, a lo contrario. Y además, lo que creo que pueden hacer es acordar con sus clientes y entre ellas la “lex artis”, es decir, la norma de funcionamiento en cuanto a protocolo de comprobación o verificación.
Lo tiene que hacer el sector, y no la Administración en forma de norma de obligado cumplimiento, porque es una responsabilidad suya que tiene que asumir: la elaboración de un posible protocolo en el que podemos colaborar.
Luego, como visión general, el sector tiene que renovar la calidad del servicio que presta y que sea aquel que sea el que le han comprado sus clientes, y no creo que la sanción sea como consecuencia de la mala inversión o innecesario uso de recursos públicos de seguridad en una materia de comprobación de una falsa alarma.
Eso es un argumento que hay que poner en juego porque cuando una dotación policial va a hacer una comprobación, la Administración está asumiendo una responsabilidad grande, no sólo en cuanto a que malgasta recursos, sino en cuanto a que asume una responsabilidad en el desplazamiento y en la misma comprobación.
Pero es que además si el 95% de las alarmas comprobadas son falsas es que lo que se está instalando no corresponde a lo que se ha comprobado. O dicho de otra manera, lo que no puede ocurrir es que vía servicio privado lo que se esté vendiendo realmente es un servicio público. Creo que eso no es correcto.
-Se han dado casos de que en algunas CRA, ante el miedo a una sanción, no se ha comunicado una alarma, por acumulación de multas, y así se están produciendo omisiones...
Yo creo que si se tienen claros los conceptos no habrá malestar. Si se comunica o no la existencia de una alarma, precisamente, para salir de esa duda, está el procedimiento de verificación o comprobación, con medios técnicos y humanos oportunos, que conviene que el sector piense en él.
En cuanto a la unificación de criterios de sanciones es un problema interno que estamos tratando y que corresponde a la Unidad el tratar de conseguirlo, y en eso estamos trabajando para tratar de conseguirlo. Hay casos fortuitos, malos usos, mal funcionamiento de la alarma y cada caso puede dar o no, la posibilidad de que se produzca sanción. Le doy un dato real:
una misma alarma en un mismo local, en un periodo de un mes y medio y en horas de noche/madrugada, ha producido 17 alarmas falsas, que han dado lugar a 17 comprobaciones por el Cuerpo de Seguridad.
¿Aquí de qué estamos hablando? ¿De un mal uso por parte del cliente? ¿La CRA ha comprobado o ha derivado directamente al Cuerpo Policial? Desde luego, eso no parece tolerable y ese y otros parecidos son ejemplos reales.
El que actualmente el 95% de las alarmas sean falsas, nos tiene que hacer reflexionar a todos. Desde luego, lo que no hay en esta Unidad ni en el CNP es un afán recaudatorio; el volumen de infracciones impuestas no alcanza ni el 0,25% del volumen de facturación del sector, por tanto no creo que estemos hablando de una cuestión recaudatoria, sino que lo que se vende deba servir para lo que se venda y que los servicios de seguridad pública no sean utilizados de forma indebida.
Yo estoy seguro, y así me lo han hecho saber empresarios de este sector, que están haciendo un esfuerzo real, en cuanto a la renovación tecnológica y a conseguir una especie de estándar de procedimiento de actuación, que creo que en este momento convendría que se pusiesen a elaborar, y además que tengan dos seguridades: no actuamos con afán recaudador (los datos lo demuestran) y además, a la hora de considerar o no infracción una falsa alarma existen criterios de prudencia y de revaloración real de los hechos, y si estos finalmente se consideran infracción se aplica un criterio de proporcionalidad, tanto por el volumen de alarmas instaladas como por el de falsas alarmas comunicadas.
-Además de la renovación tecnológica, a todas luces necesaria, ¿cómo se contempla el tema de los acudas privados?
Creo que en este momento los acudas privados están asociados fundamentalmente a las Centrales Receptoras de Alarma, y que es una situación también mejorable porque deberían estar asociados a las empresas de vigilancia.
Es algo que hay que perfeccionar y que se contemple en la normativa de manera clara y precisa para que estos servicios de acuda puedan realizar la actividad para la que el cliente contrata y para que la empresa vende el servicio.
Nosotros no lo contemplamos con “malos ojos” siempre que su actuación quede definida y siempre que sea un elemento que contribuya a la mejora de la comunicación de falsas alarmas a las FF.CC. de Seguridad. Ahí tenemos un reto desde el punto de vista de adecuación normativa y procedimental y lo contemplamos para futuras adecuaciones en esas materias.
- Yo soy de la opinión de que la reforma legislativa no encuentra salida, que está en dique seco. Por eso se habla de poner “parches normativos” a cuestiones puntuales para salir un poco de la actual situación, que nadie en el sector quiere que se prolongue. ¿Cómo está este asunto?
Desde la Unidad Central de Seguridad Privada, desde el CNP queremos claramente contribuir a adecuar la normativa de seguridad privada a las necesidades reales de seguridad actualmente existentes. Este esfuerzo se puede realizar vía reforma de la actual legislación, más o menos amplia, lo que obedece a criterio político, así como acometer, no una reforma, sino la elaboración de una nueva normativa de forma completa.
Ambos escenarios son completamente posibles y corresponderán al que impulse el criterio político o también decidirse por considerar que con la normativa actual el sector puede perfectamente prestar el servicio.
Nosotros desde el CNP si consideramos que sí hay que introducir algunas modificaciones en determinados aspectos para que queden mejor reflejados en la normativa esas necesidades de seguridad que nosotros actualmente detectamos. Algunos ámbitos son, por ejemplo, el de personal; cuestiones que tienen que ver con requisitos de acceso y con posibles funciones.
También creemos que en materia de actividades empresariales también haya que proceder a una mejor delimitación entre lo que son el ámbito público y el privado e introducir algunas técnicas que permitan la agilidad en la prestación de servicios de seguridad y permitan convivir ambas seguridades.
Creo que también hay mucho que avanzar en medidas de seguridad en materia de sistemas para que se contemple la renovación tecnológica y se plasme en la legislación y se vaya por la vía de la homologación. Como consecuencia de eso, hay que proceder a hacer una revisión del cuadro infractor y sancionador en materia de seguridad privada porque a veces es acabado y hay algunas realidades nuevas que debieran ser contempladas.
Por último, creo que habría que revisar algunos aspectos de la intervención previa de la Administración que no aportan mucho, probablemente, a la mejora de la seguridad privada e introducir algunas cuestiones no contempladas en la normativa, como son las que tienen que ver con la coordinación de los distintos actores; como algún capítulo específico sobre colaboración entre seguridad pública y privada, de manera que la integración funcional e intercambio de información entre ambas produzca mayor colaboración.
En eso vamos a trabajar, y en breve las autoridades del Ministerio del Interior haremos algún documento que contemple las líneas maestras de estas preocupaciones que desde el punto de vista normativo y policial tenemos.
-¿Desea añadir algún comentario más?
Quisiera hacer referencia a algunos planes de trabajo para que, a través de su revista, el sector de la seguridad privada pueda ver qué cuestiones de orden práctico pretendemos llevar a cabo.
Estamos ya desarrollando un plan de calidad que va a elaborar una serie de actuaciones, que espero que el sector acoja bien y que creemos que son muy necesarias.
Alguna es, por ejemplo, la elaboración de una carta de servicio de cumplimiento inmediato y voluntario, de manera que tengamos un claro compromiso con las empresas de seguridad privada a las que les prestamos servicio.
También queremos elaborar un manual unificado de procedimientos de actuación que nos solucione algunos de los problemas en cuanto a la disparidad de criterios que tenemos actualmente. Y estamos ya trabajando en lo que va a ser una nueva base de datos que permita unas enormes posibilidades al sector de la seguridad privada, no sólo en materia de gestión sino en materia de operatividad, y que funcionará en menos de un año. También hemos puesto en marcha un plan documental para renovación y habilitación de personal de seguridad.
Hemos puesto en marcha unas medidas de choque porque teníamos un cierto atraso en esta materia y está dando unos excelentes resultados, hasta el punto de que en estos momentos estamos haciendo en una semana lo que hacíamos en un mes.
Por tanto, hemos reducido el tiempo de producción y hemos pasado de una unidad de 12 al mes, a una de 54 y eso creemos que va a dar muy buenos resultados, además de haber establecido el sistema de cita previa para la renovación y habilitación primera. También vamos a establecer un calendario ya fijo para las pruebas de directores y otras actuaciones en cuanto al aprovechamiento de los procedimientos telemáticos, así como llevar a cabo un plan de coordinación con el sector que contemple la colaboración con las policías, otros cuerpos policiales intervinientes en el ámbito de la seguridad privada.
Es importante hacer un plan claro de colaboración con el sector y tenemos algunas novedades que estamos elaborando para que en breve puedan funcionar. Otras tendrán que esperar a que, precisamente, la nueva base de datos entre en funcionamiento y se dé un salto cualitativo en materia de colaboración.
Evidentemente todo esto queremos hacerlo dando una prioridad muy clara a determinados ámbitos estratégicos de la seguridad privada. También queremos llevar a cabo el nuevo plan de inspección en materia de seguridad privada, de forma que contemple cinco objetivos escalonados: propiciar la colaboración; que la inspección contribuya al aumento de la calidad; que esa inspección trate de detectar deficiencias para que se solucionen; desterrar malas prácticas como el intrusismo; acabar sancionando los incumplimientos.
Tenemos además que establecer un plan de comunicación porque creemos que los criterios que tenemos y la información de la que disponemos es muy conveniente que sea disponible por los distintos intervinientes que constituyen el sector (plan de comunicación).
Y por último, queremos llevar todo este plan de reformas a través de un procedimiento dentro de lo que sería una estrategia partiendo de los resultados que dio la Comisión Mixta del año 2005. Ver los nuevos proyectos legislativos en los que podríamos embarcarnos y trabajar en esos nuevos ámbitos en los que creemos que hay que adecuar la normativa a la realidad y necesidades de seguridad actuales.
Para ello, estamos en un pleno proceso de reorganización, al que podríamos denominar plan de organización de la Unidad y del ámbito de la Seguridad Privada en el CNP, y todo ello teniendo en cuenta que somos conscientes que en cada momento hay que sentarse para evaluar exactamente qué estamos haciendo, establecer sistemas de control de forma clara, y sacarle mayores beneficios a esa memoria que hay que enviar a Cortes Generales, para, a partir de ahí, establecer unos nuevos proyectos de mejora.
En definitiva, queremos renovarnos; mantener y renovar todo nuestro sistema de gestión, pero queremos que la seguridad privada que da el CNP al sector de la seguridad privada se contemple como una actividad netamente operativa, de colaboración en beneficio de la prevención, y como mayor garantía de la seguridad ciudadana. Y contemplando también intercambio de información para mejorar las tareas de investigación.
Creo que éste es el resumen de nuestro plan estratégico que con muchas ganas e ilusión pero siendo consciente del escenario en el que estamos, vamos a llevar a cabo y en el que espero que su revista, que es espejo y eco del sector, contribuya a ayudarnos y esta entrevista sea el primero de otros muchos pasos.
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