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Interior reducirá los servicios de escolta

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Interior reducirá los servicios de escolta

Mensaje por mamen el Vie 3 Sep 2010 - 8:16

LAS CIFRAS
1.492
personas necesitaban escolta en Euskadi y Navarra en 2009 debido a la amenaza etarra.
144
millones de euros es la partida que el Gobierno vasco dedicará a seguridad privada este año.
400
miembros de la Ertzaintza están destinados a la protección de los amenazados
.

El Ministerio y la consejería vasca de Interior han comenzado a aplicar un plan de reajuste de los servicios de escolta que se prestan a las personas amenazadas en Euskadi.



Esta iniciativa, que irá desarrollándose de forma progresiva, pretende racionalizar los programas de seguridad vigentes hasta la fecha, al detectarse que hay un elevado porcentaje de antiguos cargos, ya desvinculados de la política o de sus anteriores funciones, a quienes se sigue prestando la misma protección que cuando se encontraban en primera línea. Interior también reducirá este servicio a amenazados que han dejado de residir en Euskadi.



La decisión, según distintas fuentes consultadas por este periódico, se ha tomado tras una evaluación de los riesgos que acechan a cada persona, estudiando expediente por expediente. Aunque la medida afecta a decenas de amenazados, en muchos casos se limitará a reducir de dos a uno el número de guardaespaldas.


La cifra de personas que dejarán de llevar protección «es mínima» y, al mismo tiempo, Interior aumentará las actividades de contravigilancia en el entorno de los amenazados. El plan ha empezado ya a ponerse en conocimiento de los afectados y en breve entrará plenamente en vigor.


Los últimos datos hechos públicos sobre la cifra real de amenazados por ETA corresponden a 2009 y apuntan que en Euskadi y Navarra hay 1.492 personas que necesitan servicios de seguridad. El 89% (1.329) están protegidas por agentes privados y del resto se ocupan miembros de las fuerzas de seguridad. En el País Vasco, el coste se sufraga a medias entre el Ministerio y la consejería de Interior.


El gasto, no obstante, se ha disparado en los últimos años. En el caso de Euskadi, una de las claves del aumento radica en la amenaza explícita que la banda terrorista lanzó contra el Ejecutivo de Patxi López inmediatamente después de que el PSE llegara al poder tras las últimas elecciones autonómicas.


Esta situación supuso, en la práctica, que al colectivo de amenazados ya existente se agregaran todas las personas que pasaban a ocupar un cargo en Lakua.


Esta circunstancia ha conllevado que el gasto económico en materia de protección se eleve sustancialmente.


En 2009, el presupuesto del Ejecutivo vasco para pagar los servicios de escolta privada fue de 65 millones de euros. Sin embargo, a finales de año había subido ya a 97,7 millones. Para 2010, la previsión es de 144 millones de euros. En esta partida se incluye la factura de todas las empresas privadas de guardaespaldas y comprende también la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia machista.


Las medidas de protección aplicables a cada colectivo amenazado dibujan un mapa complejo respecto a los distintos servicios que se prestan en Euskadi. Aunque en un primer momento toda la seguridad se encomendó a las fuerzas de seguridad -policías, guardias civiles y ertzainas-, de forma paulatina se fue sustituyendo a los funcionarios por agentes privados.


En el caso de la Ertzaintza, no obstante, todavía existe un alto número de policías dedicados a esta labor. En total son 225 'berrocis' -escoltas de elite que trabajan casi en exclusiva para altos cargos- y otros dos centenares de ertzainas -denominados de forma coloquial como 'acompañantes'- que protegen a todo tipo de cargos.



Tanto la consejería como el Ministerio del Interior tienen prevista la retirada paulatina de los agentes y su sustitución por escoltas privados durante las próximas semanas. En el Departamento dirigido por Rodolfo Ares, esta operación tendrá, presumiblemente, un efecto directo en la calle.



Podrá sacar a bastantes agentes de una labor que se cubrirá con escoltas privados y destinarlos a funciones de seguridad ciudadana, donde hay un serio déficit de personal, tal y como han denunciado en varias ocasiones los sindicatos policiales.
La consejería, sin embargo, se enfrenta a situaciones delicadas.


Una de las más complejas es la de los jueces vascos, que el pasado mes de mayo ya reclamaron al Ejecutivo autónomo que se destinasen más recursos a la protección de magistrados y edificios judiciales, golpeados reiteradamente por el terrorismo de ETA.
Respecto al Ministerio de Interior, éste prevé acometer los reajustes de forma periódica y en función de estudios de riesgo sobre los amenazados.



Aunque no descarta que en algunos casos resulte preciso aumentar la seguridad si se detecta que el acoso ha crecido en intensidad, el Gobierno cree que la tendencia general consistirá en reducir las escoltas porque muchas están asignadas a ciudadanos ya alejados de la vida política y cuyo nivel de peligro ha descendido de modo sustancial.


Coches blindados

En ambos ejecutivos rechazan que el reajuste sea una consecuencia de la crisis económica, puesto que las partidas de seguridad ya están aprobadas y, sobre todo, se consideran «prioritarias» sobre otras inversiones. El propósito, aseguran, pasa por racionalizar los costes y los programas y evitar situaciones paradójicas.


Aunque Interior es hermético a la hora de informar de los servicios de escolta y tiene como consigna no realizar declaraciones sobre esta materia, se sabe que, por ejemplo, hay antiguos cargos sin relación alguna con la política o la función pública que mantienen el uso de coches blindados, mientras que los nuevos responsables no pueden utilizar este tipo de vehículos de forma habitual porque el parque es limitado.


Otra circunstancia que afecta a la decisión de reajustar el número de guardaespaldas es la evaluación de la acción terrorista.


Según las fuentes consultadas, la debilidad de la banda permite estimar que el riesgo ha descendido en determinados casos. No obstante, Interior reactivaría al máximo y de inmediato la protección si ETA reanudara sus atentados o los comandos mostrasen algún tipo de actividad



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Interior retiró la escolta a ex ministros y altos cargos antes del anuncio de ETA

Mensaje por mamen el Miér 8 Sep 2010 - 8:48

El Ministerio de Interior ha ordenado retirar el servicio de escoltas a varios ex ministros y altos cargos del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Este repliegue, que fuentes gubernamentales solventes califican de “generalizado”, se hizo efectivo el pasado 1 de septiembre, cuatro días antes de que ETA difundiese su decisión de no llevar a cabo más “acciones armadas ofensivas” y viene a demostrar que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sabía desde hace tiempo de la inactividad de la banda y de su incapacidad para atentar.

A pesar de que Rubalcaba salió a principios de julio alertando de posibles acciones durante el verano, el titular de Interior ya era entonces conocedor de lo que se estaba fraguando en las tripas de ETA, según fuentes de toda solvencia. La decisión de retirar las escoltas también obedece a una cuestión económica. Las fuentes subrayan que el reajuste en los servicios de protección, decidido durante una reunión entre mandos de los cuerpos de seguridad y responsables de Interior celebrada a mediados de agosto, se debe a una alarmante escasez de medios materiales y humanos. “No hay una peseta, por eso les han quitado la escolta a todos (los ex ministros). La retirada es generalizada por esta grave falta de dinero”, aseguran. Interior no ha querido hacer ningún comentario al respecto.

A principios del pasado mes, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba proyectó recortar gastos prohibiendo que los escoltas acompañasen a los ex ministros y altos cargos que protegían en sus viajes fuera de Madrid. El objetivo era ahorrarse las dietas de los guardaespaldas. Poco después, el Ministerio se decantó por retirar íntegramente a los ex ministros el servicio de sus escoltas, quienes desde hace tiempo han reiterado sus quejas por la condiciones de trabajo y la falta de medios, que a menudo les obliga, por ejemplo, a pagarse las dietas de su propio bolsillo.

Un repliegue “generalizado”

Tal y como informó este diario (Aprender a vivir sin la amenaza de ETA), el Ministerio y la consejería vasca de Interior decretaron este verano un reajuste en el servicio de protección a personas amenazadas por ETA que afectaba, en un principio, solo a ex concejales del PP y del PSE que habían dejado de residir en Euskadi o abandonado la primera línea política. Es decir, la medida respondía, en palabras del consejero Rodolfo Ares, a una evaluación de riesgos que analizaba los expedientes de cada uno de los amenazados.

Aunque se desconoce cuántos ex cargos públicos se verán afectados, fuentes del Partido Popular indicaron a El Confidencial que la reorganización atañía a 46 ex concejales populares, pero “nunca a aquellos que continúan en activo”. Mientras, el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz, cifró en 90 las personas que perdían la protección, entre ellos “cuatro o cinco empresarios vinculados con la Y vasca”, y achacó el recorte a criterios económicos.

Ahora, el departamento que dirige Rubalcaba ha decidido ampliar el reajuste hasta los ex ministros y ex altos cargos del Ejecutivo de Zapatero, cuyos escoltas eran públicos, alegando razones presupuestarias. Algunos de los afectados relacionan este recorte con la crisis de Gobierno, porque “necesitan guardaespaldas para los nuevos (ministros) y están tirando de la gente que ya tenían”, indican a El Confidencial.

Mucha protección privada, poca pública

En los últimos tiempos, las partidas para medios materiales y humanos se están viendo afectadas de manera significativa. Desde 2004, cuando al frente de Interior se encontraba José Antonio Alonso, el ministerio ha ido revisando los servicios de escolta que prestan las Fuerzas de Seguridad y empresas de seguridad privada. En esos tiempos hasta 5.200 personas disponían de servicio de protección, lo que suponía que casi el 15% de la plantilla de la Policía se dedicase a estas labores. Cuatro años más tarde, se retiro la escolta a 60 altos cargos, ex altos cargos y figuras del mundo judicial.

“En una reunión de Interior con las compañías de seguridad privada se habló de una evaluación de riesgos, pero también de un reajuste económico. Ya en julio nos comentaron que el recorte era para reducir la partida, porque el porcentaje de seguridad privada frente a la pública es de más de un 70%. La protección pública es minoritaria”, señalan fuentes del sector de seguridad privado.


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