El Gobierno suprime la rebaja del coste del despido para las empresas

Trabajo se carga en una semana una de las medidas más relevantes de la reforma laboral. CEOE, enfadada, prepara una respuesta pública contundente al Ejecutivo.
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Valeriano Gómez.


El Gobierno propuso ayer a la patronal y a los sindicatos suprimir la subvención de ocho días de indemnización en los despidos improcedentes que, desde el pasado día 25, corre a cargo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Es decir que, con el rápido cambio de opinión del Ejecutivo, el Fogasa dejará de abonar ocho de los 45 días de indemnización por despido improcedente en el contrato indefinido ordinario, y ocho de los 33 días en la fórmula de fomento del empleo indefinido.

Por lo tanto, sólo mantendrá la subvención para el empresario de ocho de los veinte días de la compensación que debe pagar al trabajador en el despido procedente.

El Gobierno propuso mantener esta última ayuda hasta el 31 de diciembre de 2013, y aplicar esta reforma de manera inmediata mediante una enmienda a una de las leyes laborales que han iniciado su tramitación en el Parlamento. Por ejemplo, en las reformas de la Seguridad Social, de la negociación colectiva o en las normas de jurisdicción social y de las políticas activas de empleo.

Así se lo comunicó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, a los representantes de la patronal CEOE y de los sindicatos CCOO y UGT. La medida suscitó la protesta de la Confederación Empresarial que, a expensas de un estudio más pausado de la situación, piensa responder públicamente al Gobierno.

La patronal considera que “el Gobierno se ha cargado el abaratamiento del despido para las empresas que ha estado vendiendo en Bruselas”.

En segundo lugar, y en consecuencia que “es sorprendente y llena de perplejidad que, en pocos días, el Ejecutivo rectifique en una de las medidas más destacadas de la reforma laboral”. Primero, porque “entierra” el modelo austriaco de indemnización por despido, plan de pensiones o bolsa para la formación del trabajador y, en segundo lugar, y anula la propia rebaja de costes para las empresas.

El Gobierno considera que no se podía pagar este tipo de prestación, porque costaría unos 7.400 millones de euros y obligaría subir las cotizaciones de las empresas.

Subsidio del despido
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, subrayó que esta propuesta supone “una restitución parcial respecto a la reforma laboral”, ya que los sindicatos “rechazábamos que se subsidiase el despido, y menos el improcedente”.

El dirigente de UGT explicó que “no es de recibo que se dediquen fondos públicos a subvencionar una decisión del empresario que la Administración o el juez ha considerado no ajustada a derecho”.

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