Multan con 6.000 euros al Ayuntamiento por una contrata de seguridad privada

El sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Comunidad Valenciana asegura que, a raíz de una denuncia suya, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha impuesto una sanción de 6.000? al Ayuntamiento de Alicante por la contrata de una empresa para realizar labores de seguridad privada en dependencias municipales. Según explican desde el sindicato, la mercantil carecía "de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada" y afirman que el Consistorio la contrató "a sabiendas de que no reunía los requisitos legales".
Desde el sindicato explican que se realizó un contrato inicial en 2009, sin embargo apuntan que meses después el actual jefe del Cuerpo de la Policía Local, José María Conesa, rubricó "una memoria plagada de errores técnicos para justificar la ampliación de la contrata y dar cobertura dentro del contrato a la figura del auxiliar de servicios como nuevo tipo de vigilante de seguridad". Sobre esto último, desde el SPPLB sostienen que se hizo "a sabiendas de que un auxiliar de servicios no podía ni debía realizar funciones de seguridad en dependencias del Ayuntamiento de Alicante" porque, indican, las funciones están reguladas por la ley de Seguridad Privada "en la cual no caben figuras que a través del intrusismo laboral suplanten el ejercicio profesional de los cometidos de un vigilante de seguridad privada".
El sindicato critica que durante más de un año y hasta que se denunciaron los hechos, el jefe de la Policía "no se diera cuenta" de que la empresa "estaba incumpliendo una obligación esencial, dado que la delegación y centro de operaciones se encontraba fuera del término municipal de Alicante". El SPPLB afirma que ese podría haber sido motivo para resolver el contrato, puesto que "por obligación contractual debía estar, por razones de operatividad, dentro de la ciudad, y abierta las 24 horas".
Desde el sindicato señalan que también se ha impuesto una sanción a la empresa de 60.000 euros. Tanto el Ayuntamiento como la mercantil han recurrido las multas y todavía está pendiente de que se resuelvan sus recursos.

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