La mayoría de los vigilantes de Nivaria no tenía autorización de Interior en 2004.

La mayoría de los vigilantes de Nivaria no tenía autorización de Interior en 2004
El Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional descubrió que 18 trabajadores, de un total de 25, carecían de la autorización obligatoria del Ministerio del Interior en el centro de medidas judiciales cuando falleció el menor de 16 años. Los expedientes fueron remitidos por los agentes a la Delegación del Gobierno.


Más del 70 por ciento de los vigilantes que trabajaban en la empresa de seguridad en el centro de medidas judiciales Nivaria durante los días en que falleció el menor de 16 años Philipp García Zoch carecían de la preceptiva autorización del Ministerio del Interior para ejercer tal actividad. Así lo afirmó ayer una testigo, la entonces inspectora jefa del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que realizó la inspección a los empleados. Dicha funcionaria comentó que, de 25 empleados de Seguridad Integral Canaria, 18 carecían de diploma de una academia privada o bien no habían superado las pruebas establecidas al efecto por el Gobierno. A preguntas del abogado de la empresa, la inspectora afirmó que, ante tal irregularidad, los agentes de su grupo elaboraron los informes oportunos y los remitieron a la Delegación del Gobierno, aunque a la agente no le consta si dicha sociedad finalmente fue sancionada o no.

Antecedentes .- Otro de los testigos que prestaron declaración ayer, y que en el momento de los hechos trabajaba como educador, manifestó que "quizás" uno de los principales acusados en este proceso, M.D.A., carecía de la formación o la capacitación oportuna para ejercer la labor de vigilante. Ese procesado aseguró en la primera sesión del juicio que, cuando mantuvo una entrevista para ser contratado, recordó que tenía antecedentes policiales, aunque, supuestamente, eso no fue obstáculo para que le dieran trabajo. Respecto a dicho acusado, también reconoció que estuvo tres años en prisión en una cárcel de Ecuador por un delito de tráfico de drogas, pues lo acusaron de transportar estupefaciente, lo que se conoce como "mula".

Grilletes .- Uno de los testigos también aseguró que el uso de grilletes era habitual para frenar los comportamientos agresivos de los internos. Y si la media de tiempo en que los menores estaban con las esposas era de 15 o 20 minutos para calmarlos, en un parte consta que Philipp llegó a estar más de dos horas con los grilletes puestos. Una médico del centro aseguró por videoconferencia que llegó a realizar siete partes por lesiones a Philipp y, según sus anotaciones, una vez el testimonio del menor sobre el origen de las mismas no coincidió con su apreciación.

Punzón .- Un miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil que hizo la inspección ocular del cadáver comentó que uno de los detalles que más llamaron su atención fue que, bajo el muslo izquierdo del chico, estaba el mango de un cepillo de dientes cortado y dicho objeto podía ser usado como un punzón.

Psiquiatra infantil .- Ayer también declaró el psiquiatra infantil que atendió a Philipp desde que tuvo ocho años y comentó que el adolescente podía haber tenido un buen futuro, aunque no accedió a los recursos adecuados, pues requería el trabajo de un equipo multidisciplinar, con especialistas en atención social, terapéutica, farmacológica, de orientación familiar e institucional. Pero, advirtió de que esa iniciativa hubiese sido muy cara. Este profesional reconoció que el chico pasaba por "periodos destructivos", pero que, desde su punto de vista, "no sufría ningún riesgo de suicidio" y matizó que lo vio pocos días antes del trágico suceso. Respecto a los antecedentes de intentar acabar con su vida, relató que lo hacía para llamar la atención. El psiquiatra indicó que, una vez, cuando le preguntó por el origen de unos hematomas, el chico le respondió que eran consecuencia de la "dinámica del centro".

Los siete acusados niegan vejaciones al fallecido y señalan a otros internos
Seis empleados de la empresa de seguridad y una responsable de educadores del centro Nivaria niegan que vieran a sus compañeros dar palizas, insultar o amenazar al menor. Tan solo la única procesada dijo que la noche antes del hallazgo del cadáver, un vigilante discutió con Philipp, pero después le pidió disculpas.
25/sep/12 01:41

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P.FUMERO, S/C de Tenerife

Los siete acusados de sendos delitos contra la integridad moral en el juicio que se sigue por la muerte del menor de 16 años Philipp García Zoch en el centro de medidas judiciales de Nivaria negaron ayer que tanto ellos como sus compañeros agredieran física o psicológicamente al adolescente. Los seis empleados como jefes o vigilantes de la empresa de seguridad afirmaron ante la Sección V de la Audiencia Provincial que no protagonizaron vejaciones contra el mencionado chico, así como que nunca oyeron ni vieron nada al respecto. E implicaron directamente en los insultos, amenazas y agresiones que sufrió Philipp a otros internos, en lo que definieron como una conducta rutinaria, por la que ni siquiera abrían partes de incidencia.

Tan solo la única mujer procesada, una responsable de educadores, aseguró que la noche antes de que apareciera muerto Philipp, a las 20:30 horas, un vigilante le gritó insultos y amenazas durante un enfrentamiento que calificó de puntual. Además, matizó que, posteriormente, ella misma le llamó la atención al vigilante y puso los hechos en conocimiento de uno de los jefes de equipo, que también está acusado en el proceso. La responsable de educadores comentó que, tras su intercesión, el citado vigilante le pidió disculpas al menor y todo volvió a la normalidad.

Respecto a dicho trabajador de la empresa de seguridad, uno de los denunciados para los que se piden más años de prisión por la Fiscalía y la acusación particular, aseguró que se llevaba bien con el fallecido e insistió en que nunca agredió al menor ni le puso el pie sobre la cabeza ni facilitó el acceso de otros menores a la celda para que golpearan a Philipp.

Dos procesados, un vigilante y la educadora dijeron que el adolescente llegó a manifestarles que se sentía solo e, incluso, desatendido por su familia días antes de que supuestamente se suicidara.

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La familia de Philipp reclama 300.000 euros de indemnización por su muerte
Mañana comienza el juicio por el fallecimiento del menor de 16 años en noviembre de 2004 en el centro de medidas judiciales de Nivaria, en el monte de La Esperanza. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden penas de prisión para varios vigilantes de seguridad y una coordinadora de educadores.
23/sep/12 24:52

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EL DÍA, S/C de Tenerife

El juicio por el caso de la muerte de Philipp García Zoch, el menor de 16 años que apareció muerto en su habitación del centro de medidas judiciales de Nivaria hace casi ocho años, está previsto que empiece mañana lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El chico fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza y la autopsia determinó que se había suicidado, así como que la muerte había sido por sofocación.

El Ministerio Fiscal plantea que los acusados deben indemnizar a la familia del adolescente con 120.000 euros por los perjuicios que con su conducta causaron al fallecido. El responsable civil directo es una compañía de seguros y como responsables civiles subsidiarios figuran la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, la Fundación Ideo (que gestionaba el centro donde ocurrieron los hechos), así como la empresa de seguridad.

Mientras, la acusación particular ejercida por los padres del fallecido, Manuel García y Petra Zoch, reclama una indemnización que asciende a unos 300.000 euros.

En el texto realizado por el fiscal se recuerda que un auto del 19 de julio de 2004, dictado por el Juzgado de Menores Número Uno de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, determinó el ingreso del adolescente en el centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares. A raíz de un intento de fuga de Philipp de este recinto, el 28 de septiembre se acordó su traslado a las instalaciones situadas en Nivaria, en el monte de La Esperanza.

Según el escrito de la Fiscalía, "desde que se hizo efectivo el traslado" del chico "al centro de menores Nivaria, (...) fue objeto de comportamientos degradantes, abusivos, vejatorios, llegando, incluso, a ser objeto de agresiones por parte de empleados" del recinto y de otros internos, los cuales con el conocimiento, connivencia y, en algunas ocasiones, auxilio de aquellos, procedían a someter de manera permanente al menor a una situación de angustia, miedo y de agresión tanto verbal como física, que provocaron en Philipp un estado de deterioro psíquico profundo, agravando una enfermedad que ya padecía, consistente en trastornos de la personalidad por la que llevaba un tratamiento psiquiátrico".

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión para uno de los vigilantes implicados, así como tres años de prisión para tres vigilantes más y una coordinadora de educadores.

Por su parte, la acusación particular ejercida por los padres del adolescente fallecido solicita seis años de cárcel para dos de los vigilantes por un delito contra la integridad moral.

Además, la representación legal de la familia reclama cinco años de prisión para cuatro empleados más de la empresa de seguridad, así como para la coordinadora de educadores.

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