Marbella multiplica sus policías locales ante el aumento de población y de nuevos servicios

Marbella multiplica sus policías locales ante el aumento de población y de nuevos servicios



En los últimos seis años ha incrementado más de un 20% la plantilla, que se verá reforzada con 14.000 horas extras este verano Ayuntamientos y sindicatos exigen dinero a las otras Administraciones públicas por asumir competencias que no les corresponden

El brusco descenso por ingresos urbanísticos y la obligación de someterse a la Ley de Estabilidad empujan a los ayuntamientos a reavivar el Pacto Local y la necesidad de aumentar la financiación que procede de las Administraciones estatal y autonómica. Uno de los caballos de batalla es la seguridad ciudadana. Los municipios se han visto obligados en los últimos años a ampliar las plantillas de la Policía Local para prestar nuevos servicios que, en la mayoría de los casos, corresponderían al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía Autonómica.


Marbella no ha sido una excepción. En los últimos seis años ha aumentado su plantilla en un 20,75%, un gran esfuerzo que aún así no ha sido proporcional a su crecimiento poblacional. En febrero de este año se incorporaron 38 nuevos agentes locales y actualmente están convocadas 30 plazas más. María Francisca Caracuel, concejala de Seguridad de Marbella, asegura que uno de los compromisos «prioritarios» del equipo de Gobierno es aumentar todos los años el número de efectivos, aún insuficiente, e insiste en la necesidad de que la Policía Nacional incremente también los suyos.

El problema es aún mayor en los meses de verano, en los que Marbella multiplica por cinco su población flotante, lo que obliga a reforzar la seguridad. De momento, la junta de gobierno local ha aprobado 14.000 horas extras del 1 de julio al 15 de septiembre para una mayor presencia policial en los principales accesos y arterias de la ciudad ante la saturación del tráfico, y en aquellas zonas donde se produce una mayor aglomeración de visitantes: en los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara, los centros comerciales, Puerto Banús, y la celebración puntual de verbenas, típicas de los meses de estío. 140 agentes, dentro del Plan de Verano en el que se invertirá medio millón de euros, velarán diariamente por la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa municipal, especialmente, en materia de horarios de establecimientos, invasión de la vía pública y venta ambulante.

Un estudio elaborado por el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Málaga sobre la evolución de las plantillas policiales en la provincia revela un aumento significativo en los municipios costeros y en los pueblos que conforman el segundo cinturón, donde en los últimos años se está asentando la población extranjera que reside en la provincia. «Son ciudadanos que exigen servicios», subraya el secretario provincial de la UPLB, Francisco Corpas.

El problema no es exclusivo de la costa. En los últimos seis años hay localidades que han multiplicado por cuatro sus efectivos policiales. Por ejemplo, Benamocarra y Casabermeja han pasado de no tener ningún policía local en el año 2002 -había un auxiliar- a contar con cuatro en este año. Es el caso también de Alcaucín, donde el incremento es del 200%.

Los ayuntamientos han encontrado en los propios agentes unos magníficos aliados para exigir a las demás Administraciones financiación para desempeñar funciones competenciales que son de otros cuerpos policiales.

Competencias de otros

El secretario general de la UPLB de Andalucía, Mario Núñez, se ha dirigido al vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) subrayando las funciones que vienen realizando las plantillas de Policía Local de esta comunidad autónoma y que, algunas de ellas, corresponderían a la propia Junta de Andalucía.

Núñez enumera la venta de bebidas alcohólicas a menores, protección de menores y de mujeres maltratadas, control horario del cierre de establecimientos públicos, venta y consumo de inmaduros, especies protegidas, contaminación acústica, vertidos de escombros, caza ilegal, reparto de notificaciones de máquinas recreativas, de tráfico y de juzgados, y delitos contra el patrimonio histórico-cultural.

«Creemos que es justo y necesario revertir la correspondiente compensación económica en esta Administración Local y más concretamente en la mejora de la calidad de los servicios policiales que demandan los ciudadanos», se pide en el escrito dirigido al vicepresidente de la FAMP.

Rebelión de los alcaldes

Los regidores comienzan a rebelarse y a exigir que se cumpla el Pacto Local. Los primeros han sido los alcaldes de Izquierda Unida quienes, de forma colectiva, amenazan con salirse de la FAMP si no se resuelve la financiación. Uno de los más activos en esta demanda es el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, que preside la FEMP. «Es el momento de la financiación local», afirmó tras una reunión con los alcaldes españoles, donde se exigió afrontar la reforma de la financiación local de forma simultánea y vinculada a la autonómica.

Es un problema consustancial a todos los municipios. Hoy, los ayuntamientos, a través de los cuerpos de Policía Local, realizan un importante cometido en la prevención de delitos en muchas ciudades de España. «Es necesario, junto a la modificación legislativa, asegurar y garantizar las transferencias financieras correspondientes para asumir estas competencias», se señala en la moción aprobada por la corporación malacitana.

Por otro lado, cuando un extranjero llega por primera vez a España y aterriza en un aeropuerto, desde que baja las escalerillas del avión hasta que coge un taxi, puede encontrarse hasta cinco cuerpos de seguridad distintos: guardias civiles, policías nacionales, vigilantes privados, policías locales y policías autonómicos. Los sindicatos abogan por un modelo policial en tres niveles: estatal, autonómico y local, y recuerdan que en los últimos años «han visto florecer en España el negocio de la seguridad privada», apunta Mario Núñez.

En el informe azul de la coordinadora se recoge: «Es claro que las sociedades modernas y democráticas están haciendo dejación paulatinamente de cada vez más parcelas de vigilancia pública de la seguridad a favor de las empresas privadas».