Los Internautas insisten en que Sinde incurre en incompatibilidad

Los Internautas insisten en que Sinde incurre en incompatibilidad

Recurren la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, que rechazó una denuncia contra la ministra de Cultura por tener intereses en el sector del cine.

01-09-2009 - La polémica de las incompatibilidades en el seno del Gobierno no acaba en el conflicto de intereses del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y las ayudas que otorgó a la empresa de su hija. Ni en la participación de la ministra de Defensa, Carme Chacón, en el Consejo de Ministros que aprobó el decreto ley de la TDT de pago, en la que podría tener intereses su marido, Miguel Barroso, alto directivo del grupo empresarial propietario de Mediapro.

Existe otro frente abierto. La Oficina de Conflictos de Intereses trató de cerrarlo el pasado 28 de julio rechazando una denuncia de la Asociación de Internautas contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Pero los usuarios de la Red no tienen intención de tirar la toalla y ayer interpusieron un recurso. Acusan a González-Sinde de incompatibilidad por haber otorgado subvencionessiendo ministra a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, de la que ella fue presidenta antes de asumir la cartera de Cultura. También la acusan de otorgar ayudas a otros receptores relacionados con el sector audiovisual, en los que o ella o alguien de su familia tiene intereses.

La Asociación de Internautas entiende que la resolución de la Oficina denegó la denuncia por entender que se acusaba a la ministra de prevaricación o tráfico de influencias. En su nuevo escrito, los internautas aclaran sus intenciones: “No denunciamos un tráfico de influencias o una malversación, sino un conflicto de intereses”. “Si así fuera, habríamos formulado querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Asimismo, ante la petición de pruebas realizada por la Oficina de Conflictos de Intereses, el denunciante también matiza que no es ese su cometido. “No tenemos obligación de probar los hechos, basta con la denuncia para que surja del órgano correspondiente la obligación de investigarlos”. En el recurso, los Internautas también corrigen a la Oficina, que entendía que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas —presidida por González Sinde entre 2006 y 2009— no es una "empresa o sociedad", que son los términos que utiliza la Ley de Incompatibilidades. “La Academia (…) es una institución de derecho privado; que no tenga ánimo de lucro no quiere decir que carezca de patrimonio, que reciba subvenciones, que mantenga una actividad económica importante a través de los eventos que organiza, las publicaciones que mantiene (…). Realiza una actividad económica importante en gran medida subvencionada con dinero público(…)”. Los internautas añaden que para más inri no es importante si tiene o no afán lucrativo. “Que carezca de ánimo de lucro es absolutamente irrelevante a los efectos de lo que la norma pretende garantizar, que no es más que los miembros del Gobierno respeten unas reglas de conducta y observen unos determinados principios éticos en sus actuaciones”.
La Ley y los precedentes

El artículo 7 de la Ley 5/2006 de incompatibilidades de miembros del Ejecutivo y altos cargos—realizada con el espíritu del Código de Buen Gobierno elaborado un año antes de la publicación de la ley— es claro. "Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

Mientras el caso de González-Sinde se encuentra pendiente de la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses al recurso de los Internautas, la denuncia de Chacón aún está en fase incipiente. La denuncia fue presentada por el sindicato Manos Limpias el pasado 26 de agosto ante la misma Oficina, que está pendiente de responder mediante resolución. El caso de Chaves, por su parte, fue archivado por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 24 de julio, donde se encontraba la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias por prevaricación y tráfico de influencias.

Roberto R. Ballesteros

La Gaceta