El Ministerio de Interior asegura que los «gorrillas» no interfieren en la labor policial

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El Ministerio de Interior asegura que los «gorrillas» no interfieren en la labor policial

Autor: L.P.
Fecha de publicación: 6/9/2009

La problemática generada por los «gorrillas» en distintos puntos de España motivó, meses atrás, la intervención de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior. En su informe, esta Administración sostiene que la labor de los aparcacoches «no interfiere con las funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni con las atribuidas al personal de seguridad privada». En el documento se especifica que la actuación de estas personas se limita a indicar los lugares que se encuentran libres para estacionar y, «en ocasiones, también en el compromiso de vigilarlo -el coche- mientras se encuentre aparcado». Asimismo, manifiesta que son actividades que se realizan sin sujeción a contraprestación, sin bien, «en la práctica y como norma general», se suele pedir una propina, la voluntad. Ante este hecho, desde el ministerio se recuerda que no existe obligación de abonar cantidad económica alguna, aunque se asume que «la inquietud o el temor de que se puedan tomar ''represalias'' contra el vehículo o contra la propia persona induce, de alguna manera, a acceder a lo solicitado».

Posibles represalias

En este punto, Interior advierte de que «la mera expectativa de que tales ''represalias'' vayan a tener lugar no justifica, en principio, intervención alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Otra cosa sería que los «gorrillas», como se ha dado en el pasado en Pontevedra en alguna ocasión, profieran amenazas o coacciones, ante las que «lógicamente, el afectado puede requerir la intervención policial».

La tesis que se maneja desde esta Administración es que la figura del «gorrilla» es homologable a la de aquellas «personas que se sitúan en las entradas y salidas de determinados establecimientos comerciales, sobre todo supermercados, y abren la puerta a los clientes que entran y salen de los mismos». A pesar de estas consideraciones, emitidas «desde una perspectiva jurídica», se deja la puerta abierta a que si la problemática generada por estos aparcacoches alcanza una cierta repercusión social, con aumento de quejas de usuarios o daños en vehículos, se adopten medidas para erradicar el problema.