Un estudio dice que los ciudadanos quieren seguridad privada en la calle

PEDRO CERRADA
La seguridad es fundamental para los ciudadanos y si la protección pública no es suficiente la mayoría tiene claro que no le importaría estar más seguros con el apoyo de las empresas de seguridad privada. La ley limita las competencias a este sector pero también se le reconoce como un complemento a la seguridad pública y un estudio de opinión encargado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) -que agrupa a trece empresas que acaparan casi un 80 por ciento de la facturación total del sector- pone en evidencia que los ciudadanos respaldan las demandas de la patronal.
Así, el estudio, de ámbito nacional y por comunidades autónomas, señala que el 98,6% de los encuestados considera positivo que los vigilantes de seguridad estén en las calles para disuadir a posibles delincuentes y tengan competencias para retenerlos hasta la llegada de la Policía.
Igualmente es mayoritaria -un 96,5%- la opinión ciudadana de que en caso de agresiones puedan intervenir inmovilizando al agresor. Donde hay un poco de discrepancia de los encuestados -un 79,5% a favor frente a un 17% en contra- es con la posibilidad de que los vigilantes puedan pedir documentación a sospechosos.
Los resultados de este estudio han sido presentados en Alicante por el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, quien estuvo acompañado de dos dirigentes de la patronal en la Comunidad Valenciana, Fernando Lucas y Vicente Lara, directores de Securitas y Segur en Levante, respectivamente. Según Cobas, los resultados de este informe "nos valen como argumentos de legitimidad" a la hora de negociar con el Ministerio de Interior una flexibilización de la normativa para ampliar sus competencias y modificar algunas cuestiones, como la imposibilidad de que no puedan ser vigilantes los ciudadanos no comunitarios.

Nuevo modelo
El modelo de vigilancia en las calles que reclama la patronal se refiere especialmente al entorno de centros comerciales. "En Europa ya funciona ese modelo de vigilancia y no pasa nada", indicó Cobas. Un dato significativo al respecto que se recoge en el estudio es que al preguntar a los ciudadanos por dónde les gustaría que hubiese vigilantes el primer lugar con diferencia es en las calles y a continuación en centros escolares y parques.
El 80,5% de los ciudadanos de la Comunidad encuestados confesaron que se sienten más seguros cuando acuden a un sitio donde hay vigilante, una sensación ocho puntos mayor que la registrada en la encuesta nacional. Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tienen una opinión buena sobre las empresas de seguridad -un 66,5%- y sobre los vigilantes -un 74%-.
El papel de los vigilantes de seguridad fue otra de las cuestiones abordadas en la encuesta y la mayoría de las personas coinciden en que son necesarios (75,%), se les puede pedir ayuda (70,5%), contribuyen a aumentar la seguridad ciudadana (64,7%), suponen una ayuda para la sociedad (64,7) y una garantía para la seguridad de los ciudadanos (59,8%). También comparten los ciudadanos que complementan la labor de la Policía y algo más de la mitad de los encuestados considera que la gente ve en ellos una figura de autoridad.
La valoración global sobre los vigilantes en cuanto a profesionalidad, amabilidad, formación y cercanía al ciudadano es de un 6,38 en una escala de 0 a 10. El secretario general de Aproser asegura que hay muchos tópicos sobre los vigilantes que son inciertos, como el referido a la formación del personal. "Son los más formados de la Unión Europea porque tienen el mayor número de horas formativas -180-, la Policía les examina y España es el único país donde hay una formación permanente de veinte horas anuales".
Otra demanda de la patronal del sector es mejorar la protección jurídica del vigilante. Hasta 1992 una agresión a un vigilante se consideraba atentado a la autoridad y luego se suprimió esta consideración, algo sorprendente para Aproser cuando ahora se aplica esta medida a los ataques a médicos y profesores. El informe indica que el 52,5% de los ciudadanos no cree que la ley proteja lo suficiente a los vigilantes ante posibles agresiones.
En la Comunidad Valenciana hay 149 empresas con 7.100 vigilantes -86.000 en activo en todo el país- y la facturación del año pasado fue de unos 310 millones de euros.


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