Vigilantes V.S.
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Luis L. G., el preso preventivo de 31 años que vivía en una calle del Pinar de Jalón cuando este año fue detenido por la Policía acusado de un delito de narcotráfico, explicó ayer al tribunal que le juzgó que la pequeña cantidad de cocaína encontrada en su piso era para su consumo particular, ya que desde hace unos dos años es drogodependiente.
Luis, casado y con una niña de 6 años, argumentó además que utilizaba la sustancia para no dormirse cuando trabajaba temporalmente como vigilante de obras de construcción, un hecho que durante el 'boom' inmobiliario se encargaba a cuadrillas ilegales que no tenían permiso del Ministerio del Interior.
El acusado llegó a la sala de vistas sin esposar ya que su estatura, de 1.10 metros, impidió a los agentes de la Guardia Civil inmovilizarle las manos y dirigir sus movimientos, como manda el protocolo de seguridad.
La Fiscalía sostiene que Luis, con antecedentes no computables para esta causa, vendía en su domicilio de la calle Kilimanjaro sustancias estupefacientes, y distribuía con sus coches BMW y Mercedes a toxicómanos del barrio Villa de Prado.
En este sentido, los agentes que testificaron ayer aseguraron que habían comprobado cómo los clientes subían a su piso y minutos después salían con papelinas que, presuntamente, habrían comprado allí. A varios de los drogodependientes les fueron levantadas durante la operación actas con las dosis ocultas en su ropa o en los coches en los que viajaban.
El acusado negó que se dedicara a la venta de drogas, y alegó que la cocaína que se halló en el registro por orden del Juzgado de Instrucción número 2 era para su consumo «en fines de semana y durante las veces que trabajaba de vigilante en las obras». «La utilizaba para no dormirme», añadió.
Cifró el coste de su adicción en 50 euros semanales. El procesado alegó que solía ir a comprar la cocaína con dos hermanos, que también son toxicómanos, y que compraban más cantidad juntos para luego repartírsela en su casa. Ambos testigos negaron en el juicio haberle comprado la droga a Luis.
Pese a estas explicaciones, el fiscal mantuvo ayer su petición de 4 años de cárcel para el procesado, basándose en que «los agentes habían presenciado cómo intercambiaba papelinas por dinero», y además la báscula y otros objetos que se encontraron en su piso eran los propios para su utilización en la venta de estupefacientes.
Denuncia de los vecinos
Pese ello, la abogada defensora de Luis solicitó la absolución, ya que dijo que no estaba acreditado que la sustancia ocupada a los toxicómanos hubiera sido vendida por el acusado, «como tampoco se puede afirmar que las personas que iban a su casa fueran clientes, ya que Luis es gitano, tiene una familia numerosa y vive en una urbanización de payos con piscina. Y a lo mejor son unos vecinos molestos, y por una animadversión hacia ellos le denunciaron», dijo la letrada.
La abodaga defensora justificó la «pequeña cantidad de cocaína, menos de un gramo, y con una pureza media de entre el 21% y el 28%», como propia para el autoconsumo. Frente a la petición de 18 meses más de cárcel del fiscal por tenencia de un revólver intervenido en la casa del Pinar de Jalón, que, según los agentes de Policía Científica, estaba en perfecto uso para disparar, la abogada del acusado solicitó la absolución al considerar que debería tratarse como una falta administrativa.
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Luis, casado y con una niña de 6 años, argumentó además que utilizaba la sustancia para no dormirse cuando trabajaba temporalmente como vigilante de obras de construcción, un hecho que durante el 'boom' inmobiliario se encargaba a cuadrillas ilegales que no tenían permiso del Ministerio del Interior.
El acusado llegó a la sala de vistas sin esposar ya que su estatura, de 1.10 metros, impidió a los agentes de la Guardia Civil inmovilizarle las manos y dirigir sus movimientos, como manda el protocolo de seguridad.
La Fiscalía sostiene que Luis, con antecedentes no computables para esta causa, vendía en su domicilio de la calle Kilimanjaro sustancias estupefacientes, y distribuía con sus coches BMW y Mercedes a toxicómanos del barrio Villa de Prado.
En este sentido, los agentes que testificaron ayer aseguraron que habían comprobado cómo los clientes subían a su piso y minutos después salían con papelinas que, presuntamente, habrían comprado allí. A varios de los drogodependientes les fueron levantadas durante la operación actas con las dosis ocultas en su ropa o en los coches en los que viajaban.
El acusado negó que se dedicara a la venta de drogas, y alegó que la cocaína que se halló en el registro por orden del Juzgado de Instrucción número 2 era para su consumo «en fines de semana y durante las veces que trabajaba de vigilante en las obras». «La utilizaba para no dormirme», añadió.
Cifró el coste de su adicción en 50 euros semanales. El procesado alegó que solía ir a comprar la cocaína con dos hermanos, que también son toxicómanos, y que compraban más cantidad juntos para luego repartírsela en su casa. Ambos testigos negaron en el juicio haberle comprado la droga a Luis.
Pese a estas explicaciones, el fiscal mantuvo ayer su petición de 4 años de cárcel para el procesado, basándose en que «los agentes habían presenciado cómo intercambiaba papelinas por dinero», y además la báscula y otros objetos que se encontraron en su piso eran los propios para su utilización en la venta de estupefacientes.
Denuncia de los vecinos
Pese ello, la abogada defensora de Luis solicitó la absolución, ya que dijo que no estaba acreditado que la sustancia ocupada a los toxicómanos hubiera sido vendida por el acusado, «como tampoco se puede afirmar que las personas que iban a su casa fueran clientes, ya que Luis es gitano, tiene una familia numerosa y vive en una urbanización de payos con piscina. Y a lo mejor son unos vecinos molestos, y por una animadversión hacia ellos le denunciaron», dijo la letrada.
La abodaga defensora justificó la «pequeña cantidad de cocaína, menos de un gramo, y con una pureza media de entre el 21% y el 28%», como propia para el autoconsumo. Frente a la petición de 18 meses más de cárcel del fiscal por tenencia de un revólver intervenido en la casa del Pinar de Jalón, que, según los agentes de Policía Científica, estaba en perfecto uso para disparar, la abogada del acusado solicitó la absolución al considerar que debería tratarse como una falta administrativa.
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