El ‘caso Alakrana’ o la privatización de la Defensa

La participación de vigilantes con armamento bélico en atuneros españoles es el más claro precendente en españa de la actividad de compañías militares privadas. sin embargo, este esquema de seguridad siembra numerosas dudas.

La extensión de la piratería en aguas internacionales ha obligado al Gobierno español a abrir un claro precedente en la creación de compañías militares privadas. A fines de 2009, el Ejecutivo modificó la normativa para que las empresas de seguridad puedan “portar y usar armas de guerra y garantizar así la protección de personas y bienes” en buques de bandera española en aguas internacionales. Los armadores, siguiendo la indicación del Ministerio de Defensa, eligieron a Segur Ibérica para prestar este servicio (también asesora a Pescanova en Mozambique).

Este modelo de seguridad, adoptado de forma acelerada para solventar la crisis política que generó el secuestro del Alakrana, se ha complementado con otras medidas, en las que se muestra una clara cooperación entre el Departamento que dirige Carme Chacón y la actividad de Segur Ibérica. Por ejemplo, el Gobierno es “quien se encarga del transporte de armas, munición, piezas de repuesto y demás material empleado en estos servicios”, según una disposición de marzo de 2011.

En paralelo, Defensa dirige unos cursillos de formación para que Segur Ibérica pueda habilitar a los vigilantes que no cumplen los requisitos necesarios para portar y usar armas de guerra en atuneros.

Además de estas dos facilidades, el contrato con los atuneros que faenan en el Índico está fuertemente subvencionado. El 50% del coste que la seguridad privada tiene para los armadores se financia con incentivos del Gobierno vasco y del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino.

Dos años después del secuestro del Alakrana, lo que comenzó como una solución de urgencia se ha consolidado como un modelo definitivo. Ahora bien, este esquema deja en el aire algunas dudas. En primer lugar, si tanto la gestión del armamento, como la formación y habilitación del personal, además del 50% del importe del contrato, salen de las arcas del Estado, ¿por qué no hay un concurso para adjudicarlo a la compañía que ofrezca las mejores condiciones económicas?

Hay una segunda duda. Estos atuneros pertenecen a armadores que realizan una actividad económica privada. ¿Por qué reciben un trato de privilegio con respecto a otras multinacionales españolas que trabajan en zonas de riesgo y se hacen cargo de su seguridad sin recibir ningún tipo de respaldo estatal, ni económico, ni normativo?

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