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“¿Por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la Infanta?” Ésa es la pregunta clave sobre la elaboración de los dictámenes de la Agencia Tributaria de la infanta Cristina ya que el procedimiento ordinario en Hacienda es que la delegación de Barcelona hubiera inspeccionado a los Duques de Palma que tenían residencia en la ciudad condal. Sin embargo, Hacienda envió esos informes a Madrid antes de entregarlos al juez y José Castro ha querido saber por qué se siguió ese procedimiento.
El enfrentamiento en la sala de los juzgados de Palma demuestra el grado de tensión que se está viviendo en el interrogatorio a los peritos de la Agencia Tributaria y la agresividad de una fiscalía ante la que han protestado también las acusaciones particulares que han protestado ante algunas de las actuaciones del Ministerio Público.
Horrach es quien ha abierto el turno de interrogatorios a lo largo de la mañana, seguido por la Abogacía del Estado, la acusación popular que ejerce Manos Limpias y los abogados de Diego Torres, Manuel González Peeters, y de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives. Los abogados presentes en el interrogatorio aseguran que el grado de tensión en la sala no tiene precedentes desde que comenzó el proceso.
Hacienda elabora una nueva doctrina sobre facturas falsas
La perito de Hacienda que ha comparecido esta mañana y que ha declarado durante más de tres horas ha elaborado una nueva doctrina sobre por qué la Agencia Tributaria consintió a la hija del Rey desgravarse facturas falsas en sus declaraciones de Hacienda. Según la perito existen dos tipos de facturas falsas:
Hacienda entiende que al tratarse en este caso de facturas simuladas relativas en las que sí hay trabajos tras ellas, el fisco puede consentir que los Duques de Palma se desgraven por ellas y, por tanto, no alcancen los 120.000 euros de fraude que constituyen el delito fiscal.
La perito, que ha contestado las preguntas de todas las acusaciones, no ha llegado a decir que era legítima esa desgravación pero sí ha considerado que no había delito fiscal al hablar únicamente de una “falta administrativa”.
La pregunta ha llevado al Fiscal Pedro Horrach a sostener que el juez estaba insinuando que se habían “cocinado” los informes de Hacienda. La acusación del fiscal al juez ha sido contestada con contundencia por el magistrado: “No le consiento que reinterprete mis preguntas. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho”.“¿Por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la Infanta?” ha preguntado el juez
El enfrentamiento en la sala de los juzgados de Palma demuestra el grado de tensión que se está viviendo en el interrogatorio a los peritos de la Agencia Tributaria y la agresividad de una fiscalía ante la que han protestado también las acusaciones particulares que han protestado ante algunas de las actuaciones del Ministerio Público.
Horrach es quien ha abierto el turno de interrogatorios a lo largo de la mañana, seguido por la Abogacía del Estado, la acusación popular que ejerce Manos Limpias y los abogados de Diego Torres, Manuel González Peeters, y de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives. Los abogados presentes en el interrogatorio aseguran que el grado de tensión en la sala no tiene precedentes desde que comenzó el proceso.
Hacienda elabora una nueva doctrina sobre facturas falsas
La perito de Hacienda que ha comparecido esta mañana y que ha declarado durante más de tres horas ha elaborado una nueva doctrina sobre por qué la Agencia Tributaria consintió a la hija del Rey desgravarse facturas falsas en sus declaraciones de Hacienda. Según la perito existen dos tipos de facturas falsas:
- Facturas simuladas absolutas: Falsificadas porque no existe ningún trabajo tras ellas
- Y facturas simuladas relativas: Falsificadas pero sólo en el concepto del trabajo, es decir, que sí hay labores tras ellas pero en las que se miente sobre el tipo de trabajo que se ha hecho
Hacienda entiende que al tratarse en este caso de facturas simuladas relativas en las que sí hay trabajos tras ellas, el fisco puede consentir que los Duques de Palma se desgraven por ellas y, por tanto, no alcancen los 120.000 euros de fraude que constituyen el delito fiscal.
La perito, que ha contestado las preguntas de todas las acusaciones, no ha llegado a decir que era legítima esa desgravación pero sí ha considerado que no había delito fiscal al hablar únicamente de una “falta administrativa”.
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