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Investigan la venta de alarmas sin homologar en toda España
Un joyero de Arganda del Rey está poniendo en aprietos a una de las mayores compañías de seguridad de España. En el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda se está instruyendo una causa por estafa contra Securitas Direct, cuya historia se resume en que el orfebre contrató una alarma, que le vendieron como homologada y con una serie de características que en realidad no tenía, y al final le robaron dos veces.
Si este caso terminara en una condena podría suponer una debacle para la empresa, porque durante el periodo que ocurrió esto vendió miles de alarmas iguales, y todos los que hayan sufrido robos podrían denunciarla.
Al orfebre Juan Garrido le ofrecieron la alarma Verisure en 2010, después de que un comercial de Securitas le llamara y le contara las bondades del nuevo producto que estaban promocionando. Le recomendaron entonces un kit con «módulo de comunicaciones GPRS», y esto es clave, porque supuestamente con ese sistema de comunicación la alarma está conectada permanentemente con la central, y si se interrumpe el flujo entre ambos polos se actúa. Pero no era así: el sistema no podía funcionar ni tenía utilidad alguna, ya que se chequeaba cada 23 horas y por tanto el GPRS carecía de sentido. De hecho, posiblemente transmitía por un sistema menos sofisticado y útil, como el SMS, común en muchas alarmas.
Se suponía también que ante una avería o un sabotaje -que es lo que suelen hacer los ladrones-, la central lo detecta y también avisa a la Policía o lo que proceda. Pero esto tampoco funcionaba.
Intento de robo en marzo de 2013
La instalación del sistema de seguridad incluía una videocámara y otros detalles. En 2011 el joyero contrató el servicio y todo transcurrió más o menos con normalidad, hasta que en marzo de 2013 ya le intentaron robar, aunque esa vez no se consumó el robo.
Securitas Direct le recomendó entonces reforzar el servicio (con un coste añadido), y él lo hizo, pero en abril de 2013 le robaron. Securitas Direct intentó negociar con él la sustitución del equipo, que había quedado destrozado, a cambio de que él no denunciara, pero el vaso se colmó en mayo, un mes más tarde, cuando volvieron a robarle. En ninguna de las ocasiones la central recibió señales de la alarma, lo que significa que no estaba conectada permanentemente, como aseguraba la empresa.
La nave del orfebre, de 800 m2, guardaba gran cantidad de objetos de plata muy caros, así que estos robos le supusieron la ruina, y de hecho ha tenido que cambiar de actividad profesional y abandonar un negocio que comenzó su padre. Entonces, presentó una querella por estafa, publicidad engañosa y desobediencia que elaboró el abogado Luis Peláez Garmendia.
El meollo de la cuestión es que esta es la primera vez que ante un caso semejante la denuncia no va por vía civil, sino penal. Habitualmente, las víctimas de robos cuyas alarmas han fallado o no cumplían las medidas preceptivas denuncian por lo civil para recuperar su dinero. Sin embargo, en este caso se ha imputado a la empresa por estafa, además de la publicidad engañosa y desobediencia porque ha habido varios requerimientos de la Guardia Civil y del juzgado para que Securitas envíe el histórico de las comunicaciones entre la alarma y la central en las fechas de los robos y no lo ha hecho, según fuentes cercanas al caso.
Pero el principal problema para Securitas es que vendía las alarmas como si estuvieran homologadas, algo que ya era obligatorio en la fecha en que se la ofrecieron al joyero, pero no lo estaban y de hecho no lo empezaron a estar hasta al menos octubre de 2013, cuando ya se habían producido los robos a Garrido, a quien además se le había certificado que las alarmas estaban homologadas y funcionaban con GPRS.
Además, un perito ya ha certificado en el juzgado que la alarma «no estaba homologada cuando la instalaron», y que «sus sistemas eran fácilmente saboteables». Además, desde el sindicato de seguridad Intersindical, que había pasado dos años estudiando con varios ingenieros un posible fraude masivo en la venta de alarmas, y cuya representante también fue a declarar al juzgado, apuntaron que la alarma era de las calificadas como de «grado 2», y éstas son insuficientes para una nave de 800 m2.
Una alarma de ese tipo no se considera fiable porque no garantizan la cobertura en toda la superficie, ya que son dispositivos pensados para viviendas de un tamaño normal, como un piso. El caso sigue en fase de instrucción, a la espera de terminar todas las declaraciones y pruebas para decidir si se juzga. Pero si así fuera, podría haber un aluvión de querellas por lo mismo.
Un joyero de Arganda del Rey está poniendo en aprietos a una de las mayores compañías de seguridad de España. En el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda se está instruyendo una causa por estafa contra Securitas Direct, cuya historia se resume en que el orfebre contrató una alarma, que le vendieron como homologada y con una serie de características que en realidad no tenía, y al final le robaron dos veces.
Si este caso terminara en una condena podría suponer una debacle para la empresa, porque durante el periodo que ocurrió esto vendió miles de alarmas iguales, y todos los que hayan sufrido robos podrían denunciarla.
Al orfebre Juan Garrido le ofrecieron la alarma Verisure en 2010, después de que un comercial de Securitas le llamara y le contara las bondades del nuevo producto que estaban promocionando. Le recomendaron entonces un kit con «módulo de comunicaciones GPRS», y esto es clave, porque supuestamente con ese sistema de comunicación la alarma está conectada permanentemente con la central, y si se interrumpe el flujo entre ambos polos se actúa. Pero no era así: el sistema no podía funcionar ni tenía utilidad alguna, ya que se chequeaba cada 23 horas y por tanto el GPRS carecía de sentido. De hecho, posiblemente transmitía por un sistema menos sofisticado y útil, como el SMS, común en muchas alarmas.
Se suponía también que ante una avería o un sabotaje -que es lo que suelen hacer los ladrones-, la central lo detecta y también avisa a la Policía o lo que proceda. Pero esto tampoco funcionaba.
Intento de robo en marzo de 2013
La instalación del sistema de seguridad incluía una videocámara y otros detalles. En 2011 el joyero contrató el servicio y todo transcurrió más o menos con normalidad, hasta que en marzo de 2013 ya le intentaron robar, aunque esa vez no se consumó el robo.
Securitas Direct le recomendó entonces reforzar el servicio (con un coste añadido), y él lo hizo, pero en abril de 2013 le robaron. Securitas Direct intentó negociar con él la sustitución del equipo, que había quedado destrozado, a cambio de que él no denunciara, pero el vaso se colmó en mayo, un mes más tarde, cuando volvieron a robarle. En ninguna de las ocasiones la central recibió señales de la alarma, lo que significa que no estaba conectada permanentemente, como aseguraba la empresa.
La nave del orfebre, de 800 m2, guardaba gran cantidad de objetos de plata muy caros, así que estos robos le supusieron la ruina, y de hecho ha tenido que cambiar de actividad profesional y abandonar un negocio que comenzó su padre. Entonces, presentó una querella por estafa, publicidad engañosa y desobediencia que elaboró el abogado Luis Peláez Garmendia.
El meollo de la cuestión es que esta es la primera vez que ante un caso semejante la denuncia no va por vía civil, sino penal. Habitualmente, las víctimas de robos cuyas alarmas han fallado o no cumplían las medidas preceptivas denuncian por lo civil para recuperar su dinero. Sin embargo, en este caso se ha imputado a la empresa por estafa, además de la publicidad engañosa y desobediencia porque ha habido varios requerimientos de la Guardia Civil y del juzgado para que Securitas envíe el histórico de las comunicaciones entre la alarma y la central en las fechas de los robos y no lo ha hecho, según fuentes cercanas al caso.
Pero el principal problema para Securitas es que vendía las alarmas como si estuvieran homologadas, algo que ya era obligatorio en la fecha en que se la ofrecieron al joyero, pero no lo estaban y de hecho no lo empezaron a estar hasta al menos octubre de 2013, cuando ya se habían producido los robos a Garrido, a quien además se le había certificado que las alarmas estaban homologadas y funcionaban con GPRS.
Además, un perito ya ha certificado en el juzgado que la alarma «no estaba homologada cuando la instalaron», y que «sus sistemas eran fácilmente saboteables». Además, desde el sindicato de seguridad Intersindical, que había pasado dos años estudiando con varios ingenieros un posible fraude masivo en la venta de alarmas, y cuya representante también fue a declarar al juzgado, apuntaron que la alarma era de las calificadas como de «grado 2», y éstas son insuficientes para una nave de 800 m2.
Una alarma de ese tipo no se considera fiable porque no garantizan la cobertura en toda la superficie, ya que son dispositivos pensados para viviendas de un tamaño normal, como un piso. El caso sigue en fase de instrucción, a la espera de terminar todas las declaraciones y pruebas para decidir si se juzga. Pero si así fuera, podría haber un aluvión de querellas por lo mismo.
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