Las irregularidades en la vigilancia privada

Las irregularidades en la vigilancia privada
TUCUMAN-ARGENTINA.
Se estima que de los aproximadamente 6.500 hombres que se dedican a la seguridad privada en nuestra provincia casi 4.000 no figuran en registro y muchas veces portan armas. La vigilancia privada está reglamentada por la ley 7.715 y por el decreto 4.193/7. La primera norma establece que las empresas del rubro deben ofrecer prevención, protección, disuasión, cuidado y seguridad de viviendas, oficinas y otras actividades comerciales, así como también a los bienes y personas que se encuentren en el interior; custodias personales: acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas con carácter de exclusivo, custodias de bienes y valores. Otros atributos de sus servicios son: recopilación de datos o información de carácter tanto público como particular que es contratada por un particular a los efectos de defender sus intereses individuales, siempre que no afecten derechos jurídicamente protegidos; dirigirse, encaminarse o ir detrás de una persona o de una cosa en el marco de una investigación y brindar seguridad con medios electrónicos, lo que incluye comercialización, instalación y monitoreo con alarmas.
Las firmas asociadas a la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones (Catesi) son 18, pero alrededor de 40 están habilitadas. Según el titular de esa entidad, es necesario que se ejerza un control más severo. Cualquier persona -se quejó- puede adquirir un pantalón azul y una camisa celeste o un uniforme de combate, y comenzar a trabajar por su cuenta. El titular de la Dirección de Inspección de Empresas de Seguridad y Vigilancia, que depende directamente del Ministerio de Seguridad, informó que se llevó a cabo una gran cantidad de procedimientos para combatir el ejercicio ilegal de esta actividad, pero sostiene que el personal disponible no da abasto.
Las ineficiencia del control se desprende de las diferencia entre los datos que brindan Catesi y la repartición.
De acuerdo con la primera, son 36 las empresas habilitadas, y en ellas trabajan 1.623 vigiladores; en cambio, según el organismo gubernamental, son 40 las agencias y 2.700 los guardias. Esta dirección acota además que las empresas tienen registradas 268 armas de fuego en el Renar, cifra que no guarda relación con la cantidad de vigilantes en ninguno de los dos casos.
Esta situación de ilegalidad, por cierto, no es nueva. En diciembre de 2006, LA GACETA publicó que unos 2.500 guardias trabajaban en firmas que no están habilitadas para cumplir esa función y que muchos de ellos portaban armas de fuego, a pesar de que no habían recibido capacitación para usarlas ni habían sido sometidos a estudios psicológicos para saber cómo reaccionarían en una situación extrema. En ese entonces, el ministro del área dijo que no habían recibido ninguna denuncia y que en un plazo de 180 días las empresas debían inscribirse en el ministerio.
En 2006 los guardianes ilegales eran 2.500, ahora suman 4.000.
En esta situación sumamente irregular y peligrosa, también son responsables los ciudadanos que contratan estos servicios truchos en el afán de abonar menos dinero por la prestación. Pero es el Estado el que tiene la obligación de efectuar controles permanentes. Si no se combate esta anomalía, el problema crecerá hasta hacerse incontrolable, como sucede con otros asuntos que afectan a la sociedad.

En esta situación sumamente irregular y peligrosa, también son responsables los ciudadanos que contratan estos servicios truchos en el afán de abonar menos dinero por la prestación.

Ya sabéis ahora de donde viene lo de truchos.

Truchos = falsos.

Pueden ser pasaportes, cds, placas de matrícula, vigilantes, etc. etc.

Un saludo.