La UE aprueba el pacto que impide las regularizaciones masivas de inmigrantes

La UE aprueba el pacto que impide las regularizaciones masivas de inmigrantes

• Quiere cerrar un acuerdo sobre la 'tarjeta azul' para traer a extranjeros cualificados
  
• La República Checa quiere que se dé prioridad a los trabajadores de los países del Este
  

Los ministros del Interior de los Veintisiete acaban de aprobar el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la Presidencia francesa, en el que se impide las regularizaciones masivas de inmigrantes.


El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos". Esta iniciativa se tomó después de la regularización masiva que emprendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que provocó fuertes críticas de sus socios europeos.

El objetivo del texto es limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral. El Pacto, que será aprobado formalmente por la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, y por una firmeza total contra los indocumentados.
El texto ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio. Desde entonces, se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
Vigilar a los matrimonios de conveniencia


En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.

Los ministros del Interior de la Unión Europea tratarán además de alcanzar hoy un acuerdo para crear una 'tarjeta azul' -equivalente a la 'green card' estadounidense- que sirva para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados y hacer frente a la escasez de mano de obra, ante el envejecimiento de la población europea.
Tras casi un año de negociaciones, el único país que todavía mantiene una reserva al texto de compromiso presentado por la Presidencia francesa es República Checa.

El Gobierno de Praga reclama más garantías de que se dará preferencia a los trabajadores de los países del Este, que todavía tienen restricciones en los mercados laborales de la mayoría de Estados miembros, sobre los extranjeros. Y tampoco está de acuerdo con los criterios salariales utilizados para determinar si un inmigrante está o no cualificado.
Las fuentes consultadas explicaron que la delegación checa ha quedado "aislada", por lo que se espera que acabe levantando sus reservas, tras recibir nuevas garantías de la Presidencia.
El resto de países que no veían con buenos ojos esta iniciativa, como Alemania o Austria, han cambiado de idea después de que se acordara que la 'tarjeta azul' convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes muy cualificados y no los sustituirá, como quería la Comisión.

Además, se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de inmigrante altamente cualificado. Se considerará así al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
Igualdad de trato con el resto de trabajadores


La posesión de la 'tarjeta azul', que tendrá un periodo de validez de entre uno y cuatro años, conllevará una serie de ventajas para los inmigrantes, de los cuales el más importante es que podrán circular libremente por todo el territorio de la Unión, 18 meses después de establecerse en un Estado miembro. También se garantiza su igualdad de trato respecto a los trabajadores nacionales y se facilitará la reagrupación de sus familiares.

El acuerdo sobre inmigración comporta también medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.

El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
La UE quiere además que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares. También contempla el uso de visados biométricos a partir del 1 de enero de 2012, como una medida para reforzar las fronteras, y que se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. También se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas a partir de 2012.