Interior hará una ley más generosa para las víctimas del terrorismo

Interior hará una ley más generosa para las víctimas del terrorismo
La nueva norma prevé el pago de indemnizaciones para quienes sean objeto de 'secuestros exprés' y para españoles que sufran atentados en el extranjero
Las personas que son secuestradas durante horas por los asesinos de ETA para robarles sus coches y utilizarlos en un atentado no son, a efectos legales, víctimas del terrorismo. Hasta ahora, porque el Ministerio del Interior prepara una ley que extenderá los beneficios de la condición de víctimas a quienes sufran ese tipo de secuestros exprés. La nueva norma también incluirá a los españoles que sufran ataques terroristas en el extranjero, aunque el objetivo de éstos no sean intereses nacionales, y a quienes, sin haber sido objeto de atentado, sufren el acoso de los terroristas o de sus afines.
Hasta un total de 26 propuestas como las mencionadas, destinadas todas ellas a beneficiar a las víctimas, han sido recogidas por Interior en un texto que el ministerio intentará consensuar con todas las asociaciones de afectados el próximo día 14. En este sentido, fuentes del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba insisten en que no se trata de un texto cerrado y que esperan recoger nuevas sugerencias en la reunión conjunta que se celebrará ese día y a la que están invitadas, entre otras, La Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, Gesto por la Paz y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

La ley tendrá carácter integral, en el sentido de que refundirá la legislación existente sobre la materia -dos leyes, varios reglamentos, decretos...-, y será aplicada de forma retroactiva. Por ejemplo, las familias de los ocho turistas españoles asesinados en Yemen por Al Qaeda, el 2 de julio de 2007, tendrán derecho a beneficiarse de ella y a recibir las correspondientes indemnizaciones.

Otra novedad del texto es el reconocimiento político como víctimas de personas que, sin sufrir atentados, sufren el acoso de ETA o sus grupos afines en el País Vasco y Navarra. El compromiso de recoger este reconocimiento en la ley fue incluido en una moción aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 3 de junio, a propuesta de la parlamentaria de UPyD, Rosa Díez. Aunque dicho reconocimiento tendrá carácter simbólico, también establecerá fórmulas de apoyo en casos concretos de fuerte acoso. Por ejemplo, ayuda económica para dar la entrada de una vivienda en otra ciudad.

La ley pretende, también, definir con claridad la condición de víctima del terrorismo. Ahora mismo, esa condición se presupone a los fallecidos -que reciben a título póstumo la Gran Cruz de Víctimas del Terrorismo-, a sus herederos y a los heridos, que son condecorados con la Encomienda. La nueva norma busca ampliarla a quienes fueron objeto de atentado y resultaron ilesos (sería el caso del ex presidente del Gobierno José María Aznar), y a los padres de víctimas cuyas parejas lograron rehacer su vida. Este reconocimiento tendría un carácter simbólico.

Otro de los objetivos de la ley es cubrir las lagunas legales que existen sobre la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por terrorismo y de los grupos que les apoyan. En este sentido, Interior no quiere limitarse a resolver el problema de las calles con nombres de terroristas o el debate sobre el alejamiento de los asesinos de los familiares de sus víctimas. La casuística de la ley será más amplia y se extenderá a la protección de la dignidad de las víctimas o de sus familiares en los juicios de etarras -para que no se repitan casos como el del juicio del etarra Iñaki Bilbao, que amenazó al juez con pegarle dos tiros- y garantizará que los asesinos paguen las indemnizaciones a las que son condenados.

La ley pretende, también, que la concesión de las condecoraciones a las víctimas del terrorismo se haga de oficio y que los heridos o los familiares de los fallecidos no tengan que solicitarlas, como ocurre con la legislación actual.

Evitar discriminaciones entre las indemnizaciones a las víctimas por casos similares es otro objetivo de la ley. Existen diferencias cuantitativas muy importantes -hasta de un millón de euros-, dependiendo de que se haya celebrado el juicio y los asesinos hayan sido condenados penalmente, o de que no haya tal sentencia porque los etarras no han sido detenidos. La nueva norma pretende fijar unos criterios de máximos y mínimos que sirvan para orientar a los jueces.

En la misma línea, Interior pretende hacer retroactivo el régimen actual de ayudas extraordinarias para situaciones de urgencia social (víctimas del terrorismo cuya salud ha empeorado, por ejemplo), que ahora mismo sólo beneficia a los que han sufrido atentados después de que fuera promulgada la ley de 1996.

La norma también pretende reducir los trámites burocráticos y establecer una ventanilla única para atender a todas las víctimas, cuyos pagos son tramitados ahora mismo a través de cuatro ministerios: Interior, Economía, Defensa y Trabajo.
Una norma recuperada a los dos años

El 1 de marzo de 2006, pocos días antes de que ETA declarara el alto el fuego, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso una nueva ley de víctimas del terrorismo. Algunas de las propuestas que adelantó Zapatero aquel día, como la ampliación del reconocimiento a los amenazados por ETA en el País Vasco y Navarra, están recogidas en el texto que el 14 de octubre debatirán el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y sus colaboradores con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Están invitadas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT); las asociaciones autonómicas; la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que preside Pilar Manjón; la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que preside Maite Pagazaurtundua; la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y movimientos sociales como Gesto por la Paz y Foro Ermua.

El objetivo de Interior es hacer posible en esta legislatura una nueva ley de víctimas del terrorismo con el consenso de las asociaciones, algo que durante el primer Gobierno de Zapatero impidió el clima político de enfrentamiento existente, que ahora se ha transformado en un contexto de mayor entendimiento en política antiterrorista entre el Ejecutivo y PP.

En la anterior legislatura, la propuesta de Zapatero quedó en agua de borrajas porque la AVT rompió las relaciones con el Gobierno en cuanto éste aceptó abrir el diálogo con ETA. Lo que sucedió al mes de la declaración de Zapatero en el Congreso. La AVT decidió, en ese momento, manifestar su rechazo a la política del Gobierno desde la calle.