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El juez dejó ayer en libertad con cargos al concejal del PSE Fernando Borja Ulibarri, detenido la víspera por intentar agredir sexualmente a una agente de su escolta privada.
Tras recuperar la libertad, el concejal, que negó las acusaciones ante el juez, denunció ayer ser víctima de un "montaje" y de una "venganza" de sus escoltas. Según él, se trata de una represalia de los escoltas por denunciar a sus anteriores compañeros por dejación de funciones.
El hermano de uno de los anteriores guardaespaldas negó veracidad a ese relato. "La verdad es que un día sí y otro también ponía en serios compromisos de seguridad a los escoltas, al acudir a lugares no aconsejados, como concentraciones de la gente de Batasuna o de presos".
Los anteriores escoltas de Ulibarri pidieron a su empresa, Castellana de Seguridad (Casesa), que les cambiaran de protegido. Adujeron que el edil de Iurreta (Vizcaya) no seguía las medidas de seguridad que deben tomar los amenazados por ETA. El pasado julio, fueron relevados.
El concejal del PSE -que, según testigos presenciales de la supuesta agresión, tenía síntomas de estar bebido-, negó ayer que estuviera borracho cuando se produjo el incidente.
En declaraciones a Efe, reconoció que el domingo, fiesta en Durango y Día de la Fiesta Nacional, se había tomado "dos vasos pequeños de vino", un café y "un pacharán".
Tras recuperar la libertad, el concejal, que negó las acusaciones ante el juez, denunció ayer ser víctima de un "montaje" y de una "venganza" de sus escoltas. Según él, se trata de una represalia de los escoltas por denunciar a sus anteriores compañeros por dejación de funciones.
El hermano de uno de los anteriores guardaespaldas negó veracidad a ese relato. "La verdad es que un día sí y otro también ponía en serios compromisos de seguridad a los escoltas, al acudir a lugares no aconsejados, como concentraciones de la gente de Batasuna o de presos".
Los anteriores escoltas de Ulibarri pidieron a su empresa, Castellana de Seguridad (Casesa), que les cambiaran de protegido. Adujeron que el edil de Iurreta (Vizcaya) no seguía las medidas de seguridad que deben tomar los amenazados por ETA. El pasado julio, fueron relevados.
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