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La Xunta gastará mil euros por hora en la vigilancia de parte de sus sedes
El servicio de seguridad de los edificios administrativos empleará a más de cien profesionales durante dos años
Autor: M. Cheda
Fecha de publicación: 10/12/2008
En creciente expansión, la Xunta ha consignado 19,82 millones para financiar durante el bienio 2009-2010 «a prestación da vixilancia e seguridade dos edificios administrativos», un despliegue que, efectivamente, abarca la mayoría de sus grandes sedes, pero también excluye decenas de las menores. Significa que, como media, el bipartito va a gastar en este concepto en torno a mil euros por hora: 1.131 en el caso improbable de que ninguna empresa se brindase a operar por menos dinero del presupuestado y 905 si, por ejemplo, alguna ofertara una rebaja del 20%. Prueba de cómo ha ido aumentando esta factura con el paso del tiempo, en el 2006 la Consellería de Presidencia había licitado el servicio con un coste tope mensual admisible de 309.997 euros, frente al de 826.019 ahora estimado.
En la lista de dependencias objeto de custodia figuran el complejo de San Caetano y otras 16 ubicadas en Santiago, así como 11 a mayores repartidas por O Barco de Valdeorras, A Coruña, Ferrol, Lugo, Madrid, Ourense, Pontevedra, Verín y Vigo. Reparando en la distribución geográfica de la carga de trabajo prevista -ver tabla a la derecha de estas líneas-, se deduce que los centros de Compostela absorberán un 51,4% del desembolso, mientras que los emplazados en las seis restantes ciudades gallegas concentrarán un 40.
En el global de los inmuebles, el departamento de José Luis Méndez Romeu estima preciso cubrir 60 puestos de control, si bien no aclara cuántos vigilantes necesitará para ello la compañía que vaya a asumir el dispositivo. «A título informativo», sí aclara que de esas tareas en cuestión se ocupan actualmente 118 profesionales cuyos contratos les reconocen antigüedades de entre 6 meses y 19 años.
Así aparece en el expediente abierto por Presidencia para adjudicar el contrato de seguridad a una firma del sector. La elegirá a través de un concurso público que, tras convocarlo ayer, pretende resolver ya en enero.
El servicio de seguridad de los edificios administrativos empleará a más de cien profesionales durante dos años
Autor: M. Cheda
Fecha de publicación: 10/12/2008
En creciente expansión, la Xunta ha consignado 19,82 millones para financiar durante el bienio 2009-2010 «a prestación da vixilancia e seguridade dos edificios administrativos», un despliegue que, efectivamente, abarca la mayoría de sus grandes sedes, pero también excluye decenas de las menores. Significa que, como media, el bipartito va a gastar en este concepto en torno a mil euros por hora: 1.131 en el caso improbable de que ninguna empresa se brindase a operar por menos dinero del presupuestado y 905 si, por ejemplo, alguna ofertara una rebaja del 20%. Prueba de cómo ha ido aumentando esta factura con el paso del tiempo, en el 2006 la Consellería de Presidencia había licitado el servicio con un coste tope mensual admisible de 309.997 euros, frente al de 826.019 ahora estimado.
En la lista de dependencias objeto de custodia figuran el complejo de San Caetano y otras 16 ubicadas en Santiago, así como 11 a mayores repartidas por O Barco de Valdeorras, A Coruña, Ferrol, Lugo, Madrid, Ourense, Pontevedra, Verín y Vigo. Reparando en la distribución geográfica de la carga de trabajo prevista -ver tabla a la derecha de estas líneas-, se deduce que los centros de Compostela absorberán un 51,4% del desembolso, mientras que los emplazados en las seis restantes ciudades gallegas concentrarán un 40.
En el global de los inmuebles, el departamento de José Luis Méndez Romeu estima preciso cubrir 60 puestos de control, si bien no aclara cuántos vigilantes necesitará para ello la compañía que vaya a asumir el dispositivo. «A título informativo», sí aclara que de esas tareas en cuestión se ocupan actualmente 118 profesionales cuyos contratos les reconocen antigüedades de entre 6 meses y 19 años.
Así aparece en el expediente abierto por Presidencia para adjudicar el contrato de seguridad a una firma del sector. La elegirá a través de un concurso público que, tras convocarlo ayer, pretende resolver ya en enero.
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