Trabajadores de las oficinas de empleo asturianas reclaman más seguridad ante el aumento de agresiones

Trabajadores de las oficinas de empleo asturianas reclaman más seguridad ante el aumento de agresiones
A finales de octubre un mierense fue detenido cuando se dirigía al Inem con un hacha «a matar funcionarios», según admitió ante la Policía. El suceso no sorprendió del todo a quienes se emplean procurando empleo a los demás porque «con la crisis cada vez estamos recibiendo más gente, hay más colas, con la presión se pierden los nervios y empiezan las bofetadas». Así lo explicaba ayer el delegado del CSI-CSIF Juan Gavira, con un documento que lo evidencia: de los 350 trabajadores de los servicios públicos de empleo, 200 han firmado una súplica para tener un vigilante de seguridad en la oficina.
«Es verdad que nunca tuvimos vigilantes de seguridad, pero tampoco asistimos a esta conflictividad, y encima los políticos dicen que la situación irá a peor en este año», defiende Gavira. Los funcionarios no culpan a los agresores porque entre ellos «hay quien llega a las siete de la mañana, se pone a hacer cola, y a veces les tienes que decir que no puedes atenderles: es normal que se vuelvan violentos», concede desde el mismo sindicato Ricardo Aguirre.
La destrucción de empleo ha empujado a más de 10.000 asturianos a las listas del paro en los últimos cinco meses. Todos tienen derecho a pasar por alguna de las 25 oficinas con las que cuentan el Servicio Público de Empleo del Principado y el Inem estatal, organismos que en los últimos meses se han visto obligados a apuntalar sus plantillas con 35 nuevos refuerzos.
Un rigor que desespera
En las oficinas se concede el subsidio por desempleo y se buscan nuevos contratos. El problema es que para ello hay que sortear las aglomeraciones que sufren estas oficinas y una normativa «muy rigurosa: si te retrasas un día en sellar el paro, te quedas ese mes sin recibirlo; y si vuelves a tropezar en ese problema, te quedas sin prestación», relata Juan Gavira.
Para los representantes laborales para atajar el problema basta con que la Administración «sea más lógica: no puede gastarse dinero en publicidades que le dicen al empresario que 'lo natural es prevenir' y luego a nosotros nos dejarnos así, a la espera de alguna desgracia».
«No queremos que por saturación nos empiecen a pasar los problemas del centro Materno-Infantil», augura Gavira. La referencia señala al centro de acogida de menores inmigrantes, dependencia del Principado donde la sobreocupación ha ido ligada a las agresiones a las cuidadoras.
Comunidades como Madrid o Canarias ya cuentan con vigilantes de seguridad en sus oficinas, una prevención que «aquí sí tienen el presidente del Principado y todos los políticos, cuando la indignación la gente la paga con el funcionario que tienen al otro lado del mostrador», indica Ricardo Aguirre.