Los tribunales solo podrán juzgar crímenes fuera del país si afectan a españoles

Reforma de la judicatura
Los tribunales solo podrán juzgar crímenes fuera del país si afectan a españoles
El Congreso aprueba las reivindicaciones laborales que exigían los magistrados para poner fin a sus amenazas de huelga tras el verano

Agencias/Madrid

Con la excusa de modernizar la Justicia y, de paso, aprobar las muchas reivindicaciones exigidas por los jueces como condición para sellar la paz con el Gobierno y desactivar las huelgas anunciadas para después del período veraniego, el Congreso dio ayer luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en el que, además de las mencionadas concesiones a los togados, destaca la inclusión de la prevista limitación de las competencias de la Justicia española para perseguir delitos cometidos en el extranjero.

A raíz del auge de procesos exóticos, que involucraban a los tribunales patrios en las más variopintas denuncias, ya por los crímenes en Palestina, ya en el Tíbet, la clase política ha decidido cortar de raíz unas iniciativas tan bien intencionadas como estériles y costosas.

A partir de ahora, sin que afecte a los procesos ya en marcha, los tribunales nacionales tan solo podrán hacerse cargo de las causas de genocidio y delitos de lesa humanidad «cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España, o los presuntos responsables se encuentren en territorio español».

Tales restricciones fueron aprobadas con los votos de PSOE, CiU, PNV y PP. Fue precisamente la diputada popular Dolors Montserrat la encargada de argumentar unos cambios que justificó porque «la evolución seguida por los tribunales, y principalmente por la Audiencia Nacional, requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la Jurisdicción Universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Supremo y el Constitucional». Más en concreto, se refirió a «los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables».

«En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno», defendió también el diputado socialista Julio Villarrubia.

En el bando de los críticos, el diputado de IU, Gaspar Llamazares proclamó que ayer fue «un día triste para la Justicia Universal y para la defensa de los Derechos Humanos y para las víctimas; solo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza». A juicio del izquierdista, la reforma aprobada certifica «la conclusión del doble rasero: hay una Justicia para el tercer mundo y una injusticia internacional para los blancos del primer mundo. Cuando esto ha llegado a Israel y a EEUU han mandado parar».

Respecto a las concesiones a los magistrados, la Cámara Baja dio carta de naturaleza a la supresión de los traslados forzosos por ascenso y a la creación de la figura del juez de adscripción territorial o juez volante para reducir la interinidad. Además, se equipara el régimen de vacaciones de los togados al del resto de los funcionarios públicos y se regula el permiso de excedencia por cuidado de hijos o familiares a cargo.

Se trata, en definitiva, de medidas destinadas a hacer más cómoda la vida laboral de los juzgadores y, de paso, la del Gobierno, que desactiva, a costa del aumento del gasto, las amenazas de huelga.