Vigilantes V.S.
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Su gozo en un pozo. Las dos horas que permanecieron aguardando el feliz término de unas tensas negociaciones, que incluyeron llamadas a la Guardia Civil, a la Subdelegación del Gobierno, y a los ayuntamientos de Grazalema y Benamahoma, fueron en vano.
No les quedó más remedio que darse la vuelta y proseguir la manifestación, debidamente anunciada en tiempo y forma, protestando ante el Ayuntamiento de Benamahoma y redactando una denuncia, que formalizarán hoy en el Juzgado Único de Ubrique.
Y es que, lamentablemente, la V marcha reivindicativa por la apertura del camino público entre Benamahoma y Zahara de la Sierra, organizada por Ecologistas en Acción, Federación Andaluza de Montaña y Grupo Senderista Tritón, no tuvo el final deseado.
Más de 250 personas, según los organizadores, habían salido temprano, iniciando la marcha para exigir la apertura del camino que, a través de uno de los parajes más bellos del Parque Natural Sierra de Grazalema, la Sierra del Labradillo y Sierra Margarita, une la pedanía grazalemeña y Zahara de la Sierra.
Un camino que fue cerrado en 2004, tras la adquisición de las fincas El Navazo y Breña del Agua por un constructor del Campo de Gibraltar, José Herrera, critican desde Ecologistas, "al renunciar incomprensiblemente la Consejería de Medio Ambiente (CMA) a adquirirlas, a pesar de su alto valor ecológico, ya que son colindantes con la zona de reserva del Parque Natural".
Aunque la solución que reclama Ecologistas podría estar cerca: hace poco que el Pleno del Ayuntamiento de Grazalema acordó la clasificación y catalogación provisional del camino como bien de "dominio público adscrito al uso público".
Los manifestantes llegaron a la primera valla puesta por el constructor, y cortaron la alambrada para proseguir.
En la segunda valla, donde hay además colocada una cancela, se toparon con la sorpresa: les aguardaban vigilantes de seguridad privados, "con porras y perros adiestrados", según denunció el ecologista Juan Clavero a este diario. Así las cosas, Ecologistas decidió llamar a la Guardia Civil, personándose nueve agentes, que intentaron convencer a los vigilantes para que les dejaran pasar.
Fue entonces cuando se iniciaron las tensas negociaciones al final de las cuales la Guardia Civil, según Clavero, después de recibir una llamada de la Subdelegación del Gobierno, avisó de que "no podía hacer nada, porque la situación sería conflictiva".
Así que se fueron, para seguir hoy su batalla en el Juzgado, denunciando al dueño de la finca, por "usurpación de camino público", además de a los agentes del Instituto Armado por "violar los derechos constitucionales de una marcha autorizada".
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