50 vigilantes de la Diputación denuncian el «enchufismo» y las amenazas de su coordinador

50 vigilantes de la Diputación denuncian el «enchufismo» y las
amenazas de su coordinador



Un grupo bastante representativo de los vigilantes de seguridad que prestan
servicio en los centros de la Diputación ha denunciado por escrito en el
registro de la institución las «amenazas, las coacciones, los engaños y las
mentiras» que están sufriendo por parte del cargo de confianza que lleva la
coordinación.

Un tema que, a tenor de las versiones recabadas, viene de
lejos y que ha estallado en los últimos dos meses. La tensión se ha disparado a
raíz de que el 24 de junio, mientras se celebraba el pleno ordinario, una de las
trabajadoras -que ocupaba un mando en el cuadro directivo- recibiera un burofax
con su despido por motivos -argumentó la empresa- disciplinarios. Sobre la
marcha, la diputada de IU -socio de gobierno del PSOE- mostró su disconformidad
y pidió en el turno de ruegos y preguntas que se abriera expediente a la empresa
de seguridad que ganó el concurso el año pasado por una cantidad millonaria. La
diputada denunció que la empresa no ha presentado todavía el plan de seguridad
pese a estar obligada por contrato, según la transcripción del pleno.


Era un órdago que colocaba en un brete al PSOE: su aliado le reclamaba
que investigara a la subcontrata.

Amago de crisis
Según las fuentes consultadas, en las últimas semanas se
han mantenido reuniones y contactos telefónicos para intentar solucionar la
situación. Encuentros en los que han participado líderes políticos de IU y PSOE
además de representantes sindicales.

Por el momento hay básicamente
cuatro incómodos documentos sobre la mesa donde sólo aparecen testimonios. El
primero está fechado el 8 de mayo. Ese día un grupo de vigilantes de seguridad
metió un escrito por el registro de la Diputación dirigido al presidente con el
que se solidarizaban con una compañera que -aseguran- «ha sido amenazada,
perseguida y coaccionada con su cese por enfrentarse al autoritarismo, al abuso
de poder, al tráfico de influencias y enchufismo» que el coordinador «ha
implantado en el servicio de seguridad». El documento va acompañado de 43
firmas, cuando en la Diputación hay alrededor de 60 vigilantes.


Un día después, esta trabajadora acudió a la comisaría de la Policía Nacional para
denunciar que había recibido esa mañana una llamada en su puesto de trabajo en
la que le insultaban y amenazaban de muerte. Regresó el 9 de junio -dos semanas
antes de ser despedida- y presentó otra denuncia en un sentido parecido.


El 20 de mayo los vigilantes de seguridad dirigieron otro escrito a
Antonio Martínez Caler para trasladarle que -en esta ocasión ellos- estaban
siendo sometidos por el coordinador a «amenazas, abusos, coacciones, engaños y
mentiras». En los documentos se identifican 50 firmas.

Este periódico intentó ayer recabar la versión del presidente de la Diputación, que prefirió no pronunciarse.

50 vigilantes de la Diputación denuncian el «enchufismo» y las amenazas de su coordinador

Dicen que sufren «coacciones y abusos» por parte de este cargo de confianza y hablan de tráfico de influencias Una trabajadora, que está despedida, acudió dos veces a la Policía Nacional para que investigara el supuesto acoso

Un grupo bastante representativo de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los centros de la Diputación ha denunciado por escrito en el registro de la institución las «amenazas, las coacciones, los engaños y las mentiras» que están sufriendo por parte del cargo de confianza que lleva la coordinación.

Un tema que, a tenor de las versiones recabadas, viene de lejos y que ha estallado en los últimos dos meses. La tensión se ha disparado a raíz de que el 24 de junio, mientras se celebraba el pleno ordinario, una de las trabajadoras -que ocupaba un mando en el cuadro directivo- recibiera un burofax con su despido por motivos -argumentó la empresa- disciplinarios. Sobre la marcha, la diputada de IU -socio de gobierno del PSOE- mostró su disconformidad y pidió en el turno de ruegos y preguntas que se abriera expediente a la empresa de seguridad que ganó el concurso el año pasado por una cantidad millonaria. La diputada denunció que la empresa no ha presentado todavía el plan de seguridad pese a estar obligada por contrato, según la transcripción del pleno.

Era un órdago que colocaba en un brete al PSOE: su aliado le reclamaba que investigara a la subcontrata.

Amago de crisis

Según las fuentes consultadas, en las últimas semanas se han mantenido reuniones y contactos telefónicos para intentar solucionar la situación. Encuentros en los que han participado líderes políticos de IU y PSOE además de representantes sindicales.

Por el momento hay básicamente cuatro incómodos documentos sobre la mesa donde sólo aparecen testimonios. El primero está fechado el 8 de mayo. Ese día un grupo de vigilantes de seguridad metió un escrito por el registro de la Diputación dirigido al presidente con el que se solidarizaban con una compañera que -aseguran- «ha sido amenazada, perseguida y coaccionada con su cese por enfrentarse al autoritarismo, al abuso de poder, al tráfico de influencias y enchufismo» que el coordinador «ha implantado en el servicio de seguridad». El documento va acompañado de 43 firmas, cuando en la Diputación hay alrededor de 60 vigilantes.

Un día después, esta trabajadora acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar que había recibido esa mañana una llamada en su puesto de trabajo en la que le insultaban y amenazaban de muerte. Regresó el 9 de junio -dos semanas antes de ser despedida- y presentó otra denuncia en un sentido parecido.

El 20 de mayo los vigilantes de seguridad dirigieron otro escrito a Antonio Martínez Caler para trasladarle que -en esta ocasión ellos- estaban siendo sometidos por el coordinador a «amenazas, abusos, coacciones, engaños y mentiras». En los documentos se identifican 50 firmas.

Este periódico intentó ayer recabar la versión del presidente de la Diputación, que prefirió no pronunciarse.

PP e IU presionan a Caler para que investigue las amenazas a los vigilantes de Diputación
Los populares solicitan una comisión que aclare el contrato millonario de la empresa de seguridad y los supuestos abusos que ha denunciado un grupo de trabajadores La formación de izquierda apoya la iniciativa, por lo que el PSOE perdería la votación
Los populares solicitan una comisión que aclare el contrato millonario de la empresa de seguridad y los supuestos abusos que ha denunciado un grupo de trabajadores La formación de izquierda apoya la iniciativa, por lo que el PSOE perdería la votación
Qué va a hacer ahora el PSOE. El PP presentó ayer a las nueve de la mañana un moción en la Diputación para que se abra una comisión de investigación que aclare lo que está sucediendo con los vigilantes de seguridad y el millonario contrato que se firmó con la empresa de vigilancia hace medio año.

Como informó ayer IDEAL, un grupo de trabajadores ha registrado en los últimos dos meses dos escritos dirigidos al presidente de la Diputación en los que denuncian coacciones y amenazas por parte del coordinador de servicio, un cargo de confianza de Antonio Martínez Caler que estaría utilizando supuestamente la empresa de seguridad para «enchufismo» y «tráfico de influencias».

Todo se destapa tras el despido el 24 de junio de la jefa de servicio, una trabajadora que semanas antes había acudido en dos ocasiones a la Policía Nacional para pedirle que investigara el supuesto acoso del que -asegura- ha sido víctima.

Lo que en principio no era más que un hecho puntual ha desencadenado un conflicto mayor y ya supera la esfera laboral para meterse en el contexto político.

Incumplimientos

El PP sostiene que la empresa de seguridad -que se llevó el concurso por 4,3 millones de euros- incumple reiteradamente el pliego del contrato. Entre una retahíla de supuestas irregularidades, el diputado popular José Antonio Robles señaló que no se hacen reconocimientos médicos a los vigilantes, que no se ha contratado un coordinador o que hay edificios sin vigilar. A todo esto hay que sumar otra situación denunciada por IU -socio de gobierno del PSOE en la Diputación-, como es la presunta ausencia de plan de seguridad. Fue precisamente la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo la que solicitó que se abriera expediente a la empresa y se readmitiera a la trabajadora despedida.

El portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Granados, añadió al serial que la empresa de vigilancia se ha convertido en una «oficina de empleo» del PSOE. Desveló que en los últimos meses se han contratado, entre otros, a un ex concejal de Alhama, otro del Valle de Lecrín y a un simpatizante de Chauchina como «pago de un favor» al 'número dos' del PSOE en la provincia, Juan Manuel Fernández.

Los populares culpan de todo a Martínez Caler y al coordinador de Seguridad para concluir que la empresa se ha convertido en «el brazo armado» del presidente. Granados alertó de que el sistema de vigilancia pueda haberse convertido presuntamente en una «banda organizada» de Caler y advirtió de que la Diputación es un «búnker» donde -sospecha- supuestamente se hace seguimiento a los trabajadores.

La situación arde y Martínez Caler lo sabe. En los últimos días los teléfonos echaban chispas. Se han reunido dirigentes del PSOE, de IU y líderes sindicales para solucionar un problema enquistado antes de que saliera a la luz. Para evitar precisamente que el PP lo destapara y pidiera una comisión de investigación que coloca al resto en un brete. Los populares cargaron sobre la conciencia de IU, conocedores de que los votos de los dos diputados de la formación de izquierda bastarían para sacar adelante la moción. «Esperamos que apoyen la investigación y a los trabajadores y que no estén en el gobierno por los colocados y porque les gustan que los recojan en el Audi A-6», lanzó Granados.

Pero IU lo tiene claro. Ya se comprometió cuando su diputada denunció la situación en el pleno, aunque fuera de pasada en el turno de ruegos y preguntas. Julio Bernardo defiende que tiene que haber transparencia y que su grupo «apoya las reivindicaciones de los trabajadores». Bernardo asegura que no habrá ningún problema en aprobar la comisión de investigación, aunque habrá que definir qué se investiga. IU está dispuesta a revisar el expediente de la contratación de la empresa -el de los 4,3 millones- y las supuestas amenazas que denuncian los vigilantes.

Todo queda emplazado al día 15. El día en el que se celebrará el pleno y posiblemente se apruebe la comisión de investigación. El grupo socialista en la Diputación y su presidente -a los que se ha dirigido este periódico- han evitado pronunciarse sobre el asunto. Se han limitado a decir que la moción se debatirá en el pleno.

El PP pide una comisión de investigación para aclarar las amenazas a los vigilantes de Diputación
El PP de Granada ha presentado esta misma mañana una moción, que se debatirá en el próximo Pleno, en la que solicita que se constituya una comisión de investigación que aclare las supuestas amenazas que han denunciado 50 vigilanes de seguridad de la Diputación Provincial, presiones y abusos que presuntamente estarían sufriendo por parte del coordinador, un cargo de confianza del presidente de la institución, Antonio Martinez Caler.


La misma comisión de investigación, de salir adelante, también indagaría en las posibles irregularidades en la contratación de la empresa por valor de 4,4 millones de euros.
El portavoz popular en la Diputación, Antonio Granados, asegura que la empresa de seguridad se ha convertido "en el brazo armado de Caler" y ha denunciado la contratación de varios militantes y ex concejales socialistas en la citada empresa.
Para que salga adelante la investigación, será decisivo el voto de IU, que ya ha mostrado su disconformidad con el despido de una trabajadora.

PP e IU presionan a Caler para que investigue las amenazas a los vigilantes de Diputación



[b]Los populares solicitan una comisión que aclare el contrato millonario de la empresa de seguridad y los supuestos abusos que ha denunciado un grupo de trabajadores La formación de izquierda apoya la iniciativa, por lo que el PSOE perdería la votación


Qué va a hacer ahora el PSOE. El PP presentó ayer a las nueve de la mañana un moción en la Diputación para que se abra una comisión de investigación que aclare lo que está sucediendo con los vigilantes de seguridad y el millonario contrato que se firmó con la empresa de vigilancia hace medio año.

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Como informó ayer IDEAL, un grupo de trabajadores ha registrado en los últimos dos meses dos escritos dirigidos al presidente de la Diputación en los que denuncian coacciones y amenazas por parte del coordinador de servicio, un cargo de confianza de Antonio Martínez Caler que estaría utilizando supuestamente la empresa de seguridad para «enchufismo» y «tráfico de influencias».

Todo se destapa tras el despido el 24 de junio de la jefa de servicio, una trabajadora que semanas antes había acudido en dos ocasiones a la Policía Nacional para pedirle que investigara el supuesto acoso del que -asegura- ha sido víctima.

Lo que en principio no era más que un hecho puntual ha desencadenado un conflicto mayor y ya supera la esfera laboral para meterse en el contexto político.

Incumplimientos

El PP sostiene que la empresa de seguridad -que se llevó el concurso por 4,3 millones de euros- incumple reiteradamente el pliego del contrato. Entre una retahíla de supuestas irregularidades, el diputado popular José Antonio Robles señaló que no se hacen reconocimientos médicos a los vigilantes, que no se ha contratado un coordinador o que hay edificios sin vigilar. A todo esto hay que sumar otra situación denunciada por IU -socio de gobierno del PSOE en la Diputación-, como es la presunta ausencia de plan de seguridad. Fue precisamente la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo la que solicitó que se abriera expediente a la empresa y se readmitiera a la trabajadora despedida.

El portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Granados, añadió al serial que la empresa de vigilancia se ha convertido en una «oficina de empleo» del PSOE. Desveló que en los últimos meses se han contratado, entre otros, a un ex concejal de Alhama, otro del Valle de Lecrín y a un simpatizante de Chauchina como «pago de un favor» al 'número dos' del PSOE en la provincia, Juan Manuel Fernández.

Los populares culpan de todo a Martínez Caler y al coordinador de Seguridad para concluir que la empresa se ha convertido en «el brazo armado» del presidente. Granados alertó de que el sistema de vigilancia pueda haberse convertido presuntamente en una «banda organizada» de Caler y advirtió de que la Diputación es un «búnker» donde -sospecha- supuestamente se hace seguimiento a los trabajadores.

La situación arde y Martínez Caler lo sabe. En los últimos días los teléfonos echaban chispas. Se han reunido dirigentes del PSOE, de IU y líderes sindicales para solucionar un problema enquistado antes de que saliera a la luz. Para evitar precisamente que el PP lo destapara y pidiera una comisión de investigación que coloca al resto en un brete. Los populares cargaron sobre la conciencia de IU, conocedores de que los votos de los dos diputados de la formación de izquierda bastarían para sacar adelante la moción. «Esperamos que apoyen la investigación y a los trabajadores y que no estén en el gobierno por los colocados y porque les gustan que los recojan en el Audi A-6», lanzó Granados.

Pero IU lo tiene claro. Ya se comprometió cuando su diputada denunció la situación en el pleno, aunque fuera de pasada en el turno de ruegos y preguntas. Julio Bernardo defiende que tiene que haber transparencia y que su grupo «apoya las reivindicaciones de los trabajadores». Bernardo asegura que no habrá ningún problema en aprobar la comisión de investigación, aunque habrá que definir qué se investiga. IU está dispuesta a revisar el expediente de la contratación de la empresa -el de los 4,3 millones- y las supuestas amenazas que denuncian los vigilantes.

Todo queda emplazado al día 15. El día en el que se celebrará el pleno y posiblemente se apruebe la comisión de investigación. El grupo socialista en la Diputación y su presidente -a los que se ha dirigido este periódico- han evitado pronunciarse sobre el asunto. Se han limitado a decir que la moción se debatirá en el pleno

Entre otros supuestos incumplimientos señala la ausencia de plan de seguridad PSOE e IU rechazan en cambio la comisión de investigación planteada por el PP

Las instrucciones de la historia. Por una parte un conflicto laboral originado tras el despido -improcedente- de la antigua jefa del servicio de seguridad de la Diputación. Después la petición de una comisión de investigación por parte del PP para aclarar la adjudicación del millonario contrato, los supuestos incumplimientos por parte de la empresa y las amenazas denunciadas por un grupo de vigilantes. Y por último el trasfondo político.


El primer capítulo ha acabado en los juzgados. Los otros dos están relacionados.

Los populares solicitaron la comisión de investigación nada más conocer lo que se estaba cociendo. Es evidente que había mucho de oportunismo en la maniobra, salta a la vista. La jugada colocó a IU en un brete. Había sido su diputada Asunción Pérez Cotarelo la que solicitó que se abriera expediente a la empresa de seguridad. Pero darle el voto al PP supondría dejar al PSOE -su socio de gobierno- en minoría.

El portavoz de IU en la Diputación, Julio Bernardo, anunció hace una semana que, en principio, su grupo apoyaría la investigación en aras de la trasparencia. Pero la determinación duró días. Ayer, en el debate del pleno, Bernardo no intervino.

La palabra la tomó Pérez Cotarelo, muy indignada por que el PP quisiera arrogarse la defensa de los trabajadores. Tanto la diputada de IU como el portavoz del PSOE admitieron -con más mesura el socialista- que la empresa de seguridad no está cumpliendo supuestamente el contrato. Una adjudicación que se produjo el pasado 19 de diciembre -hace apenas medio año- por un importe de 4.316.000 euros.

Algo anómalo hay. Debe de haberlo porque Pérez Cotarelo -que forma parte del gobierno de la Diputación- aseguró que se le ha abierto expediente a la empresa. El portavoz del PSOE, José María Aponte, habló de dos requerimientos para saber en qué situación están distintos apartados relacionados con el contrato, entre ellos la elaboración del plan de seguridad. «No vamos a parar hasta que se llegue al final. No daremos el tema por cerrado hasta que el expediente informativo se resuelva», enfatizó Pérez Cotarelo.

Sin embargo, IU decidió votar en contra de la comisión de investigación. Una postura que ha generado críticas dentro de la propia formación, entre ellas la de la portavoz en la capital, Lola Ruiz Domenech. El motivo que esgrimió Pérez Cotarelo es que ella -diputada de Juventud- ya ha hecho la investigación por su cuenta. La diputada recriminó al PP que haya hecho una «utilización sucia» de la situación.

No habrá comisión, aunque el presidente de la Diputación ha puesto a disposición del PP un funcionario para que investiguen cuánto quieran. «Fíjense qué miedo tenemos. Escarben y saquen todo lo que puedan», exhortó Antonio Martínez Caler.

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Granados, insistió en la necesidad de investigar. Aclarar si alguien ha entrado en las dependencias de los grupos a revolver papeles, explicar por qué la empresa que se llevó el concurso conocía tan a fondo las instalaciones y presentó un documento tan completo, o si la empresa de vigilancia se ha convertido en una «oficina de empleo» del PSOE.

«No se han mojado», recriminó Granados a los diputados de IU. El portavoz del PP advirtió a PSOE e IU que con el voto en contra de ayer se convierten en «encubridores del caciquismo laboral» y se quedaron «hipotecados por sus vergüenzas». Y aquí acaba todo.