El control en las sedes judiciales afectará también a jueces, fiscales y profesionales

El control en las sedes judiciales afectará también a jueces, fiscales y profesionales
La Consejería de Presidencia y Justicia incrementa la seguridad en los edificios y obliga a identificarse a todas las personas para acceder a las instalaciones
17.05.08 - C. DE LA PEÑA

Los magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales que no sean conocidos por el personal de seguridad de las sedes judiciales de Cantabria tendrán que identificarse mediante su carnet profesional o documento nacional de identidad para acceder a estos edificios.

Además, los profesionales de la Administración de Justicia -abogados y procuradores- habrán de identificarse y pasar por los controles de seguridad establecidos en estas instalaciones, tal y como vienen haciéndolo en resto de las personas.

Ambas medidas serán implantadas de inmediato por orden de la Consejería de Presidencia y Justicia, dentro del plan elaborado tras asumir las competencias el pasado mes de enero para incrementar la seguridad en las sedes judiciales de la región.

Estas disposiciones complementan la adoptada recientemente por los responsables de Justicia respecto a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, quienes únicamente podrán acceder a la sede identificándose mediante el fichaje en el dispositivo de lectura de su huella digital instalado al efecto.

Esta instrucción en materia de seguridad, dirigida el pasado día 13 por el director general de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, a todas las personas encargadas de la custodia y vigilancia de los juzgados de la región, está basada en las indicaciones realizadas en los distintos planes de seguridad elaborados por el capitán coordinador de seguridad para las sedes judiciales de Cantabria.

Controles estrictos

Hasta ahora, en los juzgados de Santander únicamente se requería la identificación y control a aquellas personas ajenas a la Administración de Justicia, práctica desaconsejada en los planes de seguridad que la Consejería de Justicia encomendó tras asumir las competencia en esta materia. Por eso, el director general de Justicia ha instado a los vigilantes jurados que custodian las sedes judiciales a que los controles sean más estrictos.

En los edificios públicos es práctica habitual y asumida por todos desde hace ya tiempo que cualquier persona que acceda a la instalación pase los controles de seguridad establecidos al efecto. En las sedes judicial este registro afectaba únicamente al ciudadano, pero no a los profesionales.

Varios abogados de Torrelavega se concentraron a la puerta del Juzgado y protestaron por la medida que les obliga a pasar los controles de seguridad. L. PALOMEQUE

Protesta en Torrelavega

Abogados y procuradores de Torrelavega se concentraron ayer ante los juzgados para testimoniar su «enérgica protesta» por los controles establecidos para el acceso a las dependencias judiciales. Se quejan de que se les exija pasar por el arco de seguridad, cuantas vences tengan que entrar al Juzgado, cuando de esta medida estaban exentos los los jueces, fiscales y funcionarios.

Afirman que no tienen inconveniente en mostrar el carnet profesional, pero sí tener que pasar por el arco de seguridad, como cualquier ciudadano que acude de forma circunstancial al Juzgado. Exigen la «inmediata retirada» de la medida de la Consejería de Justicia, y contra la que piensan presentar un recurso, porque consideran que el trato que se les dispensa supone una «discriminación» respecto a los jueces, fiscales y funcionarios. Este grupo de profesionales ha presentado una queja en el Colegio de Abogados, y no descarta medidas de presión.

En Santander y en otros puntos de la región ayer no se produjo ningún tipo de movilización en los distintos juzgados, según informaron a EL DIARIO MONTAÑÉS fuentes sindicales.

esto es españa , sin comentarios que si no sube la tension. JUSTICIA Y HONOR

Yo también me voy a quejar del salario bajo, haber si me lo suben, jejeje.

A pasar por el aro todo quisqui. jijiji.

Un saludo.

PD.: Todos los españoles somos iguales ante la ley.