El Gobierno castigará a las regiones que bajen o hayan bajado impuestos

El Gobierno castigará a las regiones que bajen o hayan bajado impuestos

Dos de los principales fondos que el Estado pone a disposición de las CCAA “desincentivarán en lo posible la competencia fiscal a la baja”, es decir, las rebajas de los impuestos.

14-07-2009 - El Ejecutivo no ha decidido premiar a Cataluña, en primer lugar, y a Andalucía, en segundo término, a través de los nuevos 11.000 millones de euros que ha puesto en la mesa para aumentar los recursos autonómicos. Además, ha decidido penalizar a aquellos territorios que hayan bajado sus impuestos o que pretenden hacerlo en el futuro, grupo en el que se encuentran la totalidad de territorios gobernados por el PP, que han eliminado o reducido a la mínima expresión el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Así de claro se muestra el texto remitido a las autonomías por el Gobierno en el que se incluyen las bases del futuro modelo de financiación autonómica. El mecanismo para llevar a cabo este castigo sería el Fondo de Competitividad, que “pretende garantizar que aquellas CCAA cuyos recursos por habitante ajustado proporcionados por el nuevo modelo [...] sean inferiores a la media” situación que podría afectar a un gran número de autonomías, puesto que no depende de la riqueza per capita sino de los fondos asignados por el nuevo mecanismo a través de los organismos públicos.

Y en la descripción de este fondo se aclara expresamente que “se desincentiva la competencia fiscal a la baja”. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta, como destaca el propio documento unas páginas antes, la “capacidad fiscal” de recaudación real de las autonomías, es decir, su potencial de obtención de ingresos fiscales al margen de las decisiones de rebaja de impuestos que hayan adoptado autónomamente.

La explicación se hace más expresa en el mecanismo de funcionamiento de otro de los fondos, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Aquí se aclara expresamente que este fondo “se nutre de recursos tributarios medidos de manera más homogénea y cercanos a los reales, descontando, lógicamente, el ejercicio de capacidad normativa de las CCAA”. Es decir, que si un territorio sube el impuesto y recauda más eso no le supondrá la penalización de tener que aportar más al resto de autonomías. Pero, por el contrario, si rebaja los tributos, tampoco eso le liberará de sus obligaciones de aportar, pese a que puede haber obtenido menos recursos por ese gravamen.

La decisión puede afectar de pleno a aquellas autonomías que han decidido combatir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo que actualmente ha sido eliminado o reducido a la mínima expresión en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en solitario o en coalición (Madrid, Murcia, Valencia, Castilla y León, La Rioja y Canarias).

El País Vasco y Navarra, también sin estos impuestos, no se verían perjudicados, puesto que su sistema foral, fuera del régimen general, las sitúa al margen de estas medidas.

Por parte de las comunidades socialistas, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria han avanzado igualmente en la dirección de la reducción o eliminación de estos tributos.

Sea como sea, y como mensaje a futuro al margen de las decisiones en estos tributos, el texto remitido a las autonomías por el Gobierno no duda en repetir su deseo de “desincentivar en lo posible la competencia fiscal a la baja” entre las autonomías, precisamente la tendencia que ha favorecido que media España haya bombardeado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

C. Cuesta / D. Gracia
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