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Vigilancia de trabajadores
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La Agencia de Protección de Datos ha impuesto a la empresa de seguridad Provinen Seguridad S. A. una sanción de 50.000 euros por grabar con cámara oculta a cuatro de sus trabajadores y luego presentar la cinta como prueba para su despido. (Levante 17/7/2004)

Según denunció ayer la Asociación Profesional de Seguridad y Vigilancia (Aprosevi), perteneciente al CSI-CSIF, esta empresa colocó cámaras de vigilancia en el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia para controlar el rendimiento de cuatro de los trabajadores que prestan servicio en este edificio. Posteriormente, esas grabaciones fueron presentadas como prueba para denunciar a los trabajadores y, en última instancia, despedirlos.
Basándose en la utilización de esas cintas y valorando «el deterioro de la proyección pública de los profesionales» a que ello acarrea, el sindicato denunció el caso ante la Agencia de Protección de Datos y el pasado día 30 de junio recibió la noticia de que la empresa de seguridad ha sido sancionada con una multa de 50.000 euros.
Aún así, el sindicato ha presentado alegaciones al considerar que se trata de una infracción muy grave que merece la imposición de la máxima multa establecida para estos casos, que es de 120.000 euros.
Además, los cuatro vigilantes despedidos iniciarán acciones por vía penal contra distintos miembros de la empresa que, «conociendo la privacidad y confidencialidad de los datos obtenidos a través de grabación ilegal, la asumieron como prueba para justificar su despido».