Guardias civiles y policías al otro lado de la ley

Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman el efecto corruptor del crimen organizado.

rece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.

Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.

Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.

Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.

Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.

El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.

La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.

Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.

Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.

Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.

La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.

Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.

En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.

La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.

Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.

Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.

Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión

Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.

Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.

También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.

El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso

La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.

Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.

De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.