Huelga General

Huelga General - I

«Zapatero debe poner las luces largas y firmar un pacto político y social» El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, culpa a la CEOE de «deslealtad» con los sindicatos y advierte, tras la ruptura de las negociaciones, que no «rehuirá el conflicto» si es necesario

27-07-2009 - «Es necesario un gran pacto en el que los actores no sean sólo Gobierno, sindicatos y empresarios. Un pacto que debería trasladarse al terreno de la política». El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, lo tiene claro. Sólo un gran consenso en los ámbitos político, social y económico puede sacar a España de la recesión más severa desde 1945. La crisis que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tardó más de un año en asumir.

«Cuando discutimos la declaración del último pacto social que se firmó en Moncloa, el 29 de julio de 2008, tuvimos un rifirrafe tremendo con el Ministerio de Trabajo por querer introducir la palabra crisis en el texto», revela el secretario general de CCOO. El líder sindical pasó por el Foro de EL MUNDO el pasado jueves, sólo 11 horas después de cruzar la puerta de invitados del Palacio de La Moncloa.

Abandonó la casa del presidente del Gobierno pasadas las 01.00 horas, de madrugada, con el gesto severo de quien asume que la suerte está echada y la partida terminará mal. «En la cena no hubo mucho espacio para la tertulia. Tampoco había ganas y las horas invitaban más bien poco», dice con sorna.

Antes de llegar al cargo, Toxo defendió durante varios años la posición de CCOO en la mesa del diálogo social. Tiene sobrado conocimiento de causa y experiencia suficiente para pronosticar, con tino, cómo terminarán las negociaciones y cuándo remontará el vuelo el mercado laboral. Así que preocupa saber que, en su opinión, el futuro no pinta nada bien. «El Gobierno sigue moviéndose en una suerte de cortoplacismo, parte de un error de posicionamiento en relación con la recesión. Esta crisis no se va a resolver en los próximos seis meses. Sin embargo, parte de las medidas que ha puesto en escena tienen una limitación de alcance temporal, pensando que la economía española ya está repuntando».

Identificado el diagnósitco, Toxo aporta las recetas para salir del pozo. «Todas las medidas deberían tener un mayor alcance. Hay que poner las luces largas». Y buscar el consenso en lo político y en lo social. Lo primero es complicado y lo segundo, a la vista de lo sucedido esta semana, incluso más. Porque la brecha abierta entre la patronal y los sindicatos puede ser irreparable.

«Ha habido deslealtad por parte de la CEOE. Además, creo que no han sabido situarse en el tiempo que vivimos». El líder sindical tiene «clarísimas» las intenciones de la patronal: «Es una operación a corto plazo para conseguir una transferencia ingente de rentas del trabajo hacia las rentas de capital».

Ignacio Fernández Toxo también está convencido de la necesidad ineludible de abrir las cañerías del crédito. Es ésta, a su juicio, la única manera de reflotar la economía y el empleo. «No se va a salvar a ninguna pyme rebajándole 16 euros [vía cotizaciones sociales]». No hasta que tenga líneas de financiación o se reanime el consumo. Tampoco saldrán a flote los pequeños y medianos empresarios con políticas de impacto a corto plazo como el Plan E, cuyos recursos, a ojos de Toxo, «deberían dedicarse a un proyecto más global, más allá de levantar pavimentos, aceras y rotondas».

Pedro J. Ramírez.- Este Gobierno le está dando un gran protagonismo a los sindicatos. Casi podríamos decir que le está dando una especie de derecho de veto, no sabemos si limitado o hasta dónde llegará, en relación a algunos de los contenidos de la política económica. Por tanto, sus opiniones tienen un interés muy especial.

I. F. T.- Afortunadamente, en España el diálogo social se ha instalado de una forma distinta a como lo ha hecho en los países de nuestro entorno. Es lo que algunos hemos dado en llamar la capacidad de legislar de forma concertada en cuestiones que exigen un fuerte consenso. El Gobierno tiene la obligación de gobernar y el diálogo social no limita sus capacidades. Ésto es lo que nos diferencia de otros países europeos, no sólo en la forma consultiva, sino también en la forma de negociación para el acuerdo.

Comisiones Obreras tiene un empeño que es demostrar que el Diálogo Social también sirve en situaciones de fuerte crisis como ésta. En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el crecimiento que conocía la economía española invitaba a un Diálogo Social que terminó siendo bastante fructífero. Pero luego se nos cruzó esta situación, que el Gobierno no fue capaz de anticipar suficientemente en 2008. De hecho, tuvimos un rifirrafe tremendo en el Ministerio de Trabajo por si se introducía la palabra crisis en alguno de los folios que contiene la declaración del último pacto social, firmado el 29 de julio de 2008. Yo creo que era imprescindible, ante la evidencia del fracaso de esta fase de la negociación, tomar medidas, y hacerlo de forma concertada.

Lo que pasa es que aquí se nos han cruzado varias cosas. La riqueza ha decaído. Este país es más pobre. Tenemos menos empleo. Por eso, hay que decidir por dónde se ajusta y cómo se reparte la escasa riqueza que tiene España. Ésto es lo que ha estado presente en el debate actual.

Justino Sinova.- ¿Tan grandes son las discrepancias?

I. F. T.- Yo creo que son amplias, tanto en los elementos formales que están encima de la mesa como en los derivados. Por otra parte, hay un problema que está afectando, y mucho, a esta fase del proceso de negociación. Se trata de la imprevisibilidad de los interlocutores empresariales, que han ido modificando el escenario de discusión a medida que pasaban las semanas. Y en la última semana, a medida que pasaban los días y aún las horas. Y todavía hoy, no son capaces de contar, una detrás de otras, el conjunto de las cuestiones que para ellos llevarían a situar un acuerdo. Es peor esa incertidumbre que la propia entidad de las medidas que se plantean.

P. J. R.- Pero, por lo que dice, la posición de la patronal está muy clara. Lo que da la sensación es que ustedes están muy lejos de esa posición.

I. F. T.- De esa posición, sí. Del perímetro que habíamos definido para la negociación, no. Cuando se revitalizó la negociación del diálogo social hace dos meses, lo planteamos por escrito: un gran pacto de Estado donde los actores no fueran sólo las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno, sino que tendría que tener traslación al ámbito de la política. No aspiramos a que se reproduzca miméticamente la situación que se derivó de los Pactos de la Moncloa, porque el escenario del país era totalmente distinto.

Partimos de considerar que pudiera darse la circunstancia de que España continuará en crisis si no hacemos las cosas que hay que hacer y en el tiempo en que conviene hacerlas. Esto no va de reforma del mercado laboral. Si acaso, la configuración del mercado laboral español acentúa los efectos de la crisis, porque se ha pervertido en el uso algunas de las normativas en materia de contratación, que es lo que ha llevado a que nuestro país tenga una tasa de temporalidad próxima al 35%, que ahora intensifica la destrucción de empleo.

A ninguna pyme, reduciéndole 16 euros el coste del factor trabajo por la vía de la reducción de tres puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social, la van a salvar del cierre si no tiene financiación. Tampoco se reanimará el consumo si el sector financiero no vuelve a abrir el crédito a las familias y a las empresas. Éstos son los elementos que están acelerando la destrucción del empleo. Por tanto, de lo que se trata es de abordar otras reformas, como la del sector financiero.

P. J. R.- ¿En ese gran pacto de Estado?

I. F. T.- En un gran pacto de Estado. Hay que ver de qué manera se recompone la capacidad de inversión de las administraciones públicas y se dota de eficacia, coordinando la acción del Estado con la de las comunidades autónomas, para seguir manteniendo la actividad de los sectores que han estado en la base del crecimiento económico de nuestro país. Hoy, el empleo lo tienen que seguir generando la construcción, los servicios y los sectores básicos de nuestra economía. No son sustituibles por un nuevo modelo que aún es etéreo.

Nosotros hemos colocado en el escenario dos piezas. Primero, la reforma de la negociación colectiva, para acentuar la utilización los elementos de flexibilidad interna en las empresas. Y segundo, el Pacto de Toledo, para la reforma, o para continuar, mejor dicho, en la senda de reformas del sistema de la Seguridad Social, particularmente el sistema público de pensiones. Pero éstas son reformas estructurales, junto con otras, como son el pacto educativo, sanitario, el modelo energético o un programa de actuaciones en el campo industrial. Éstas son las reformas estructurales que necesita este país.

P. J. R.- ¿Por qué cree usted que hay tan poca receptividad por parte del presidente del Gobierno a esa idea?

I. F. T.- El Gobierno sigue moviéndose en una suerte de cortoplacismo que, además, creo que parte todavía de un error de posicionamiento en relación con la crisis. Ésta no es una crisis de corta duración. No se va a resolver en los próximo seis meses. Y buena parte de las medidas que el Gobierno ha puesto en escena en el último periodo tienen una limitación de alcance temporal. Probablemente pasemos todo 2010 en zona de decrecimiento. Por tanto, las medidas deberían tener un mayor alcance. Hay que poner las luces largas y salir del cortoplacismo.

Francisco Justicia.- ¿Por qué los sindicatos han rechazado algunas de las propuestas que iban en la línea de reformar la contratación a tiempo parcial?

I. F. T.- Las propuestas de la CEOE en relación con la contratación a tiempo parcial aparecieron hace una semana. Es más, la CEOE rechazó con nosotros las propuestas que el Gobierno envió luego por su cuenta al Parlamento: el Plan de Medidas Urgentes para la Activación de la Economía y la Generación de Empleo. Ni han activado la economía, ni han servido para generar empleo. Allí se contenían propuestas en materia de contratación a tiempo parcial.

Ésta es una opción voluntaria, mayoritariamente de mujeres, porque permite conciliar la actividad laboral con las relaciones personales y familiares. En España, no. En nuestro país está asociada a menos salario, los más cutres de la economía española, a prestaciones sociales peores que las de la contratación a tiempo completo, y es una opción obligada, no voluntaria, por parte de las mujeres que acceden a la contratación a tiempo parcial. Por eso, no funciona.

La gente que quiere trabajar acude a una contratación a tiempo parcial, luego busca otra, también a tiempo parcial, e incluso una tercera, para completar un salario completo. Esto es lo que está sucediendo en España, y por eso tiene mucha menor eficacia. Nosotros tenemos responsabilidades, obviamente, cómo no vamos a tener responsabilidades. Somos actores, no diré los principales, pero importantes en el funcionamiento del mercado laboral. Y por eso dejamos claras nuestras opiniones. Yo sé que el acuerdo es un juego de equilibrios, donde el resultado no puede ser la imposición de la tesis en el 100% de una de las partes. Sinceramente, creo que es ésta la lógica en la que está la CEOE, pensando que el deterioro del país se va a seguir produciendo y que el aumento del paro, en los próximos meses, va crear un escenario más proclive a conseguir los elementos básicos de su cuadro reivindicativo.

Por eso están reteniendo su posición. Pero el mercado laboral español tiene ya una altísima flexibilidad que le ha llevado a la segmentación, porque aquí no sólo hay una diferenciación entre temporales y estables, sino que hay una diferenciación brutal entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre inmigrantes y autóctonos. Y esa altísima segmentación se nota. Además de los trabajadores de la economía sumergida, que no tienen ni contrato de trabajo.

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P. J. R.- ¿Cuál es la dimensión que cree que tiene la economía sumergida en estos momentos en España?

I. F. T.- Las estadísticas son poco fiables, pero creo que es razonable pensar que el peso de la economía sumergida en España está por encima del 20%. Entre el 20% y el 25%. De otra forma, no se entendería que, habiendo cuatro millones de parados estadísticamente registrados, este país no esté en convulsión permanente. Porque hay mucha gente que necesita vivir y acepta condiciones de empleo que en otras ocasiones no habría aceptado. La prueba está en la población inmigrante, que es la más directamente afectada por esta situación.

P. J. R.- Eso significa que habría entre tres y cuatro millones de personas trabajando sin contrato.

I. F. T.- Probablemente no tantos, pero una franja importante de las personas que están en estos momentos formalmente en situación de desempleo sí están trabajando, lo mismo que muchos trabajadores autónomos se han visto obligados a sumergir su actividad, y esto se nota en los ingresos de la Hacienda Pública.

También se observa que hay mucha gente joven que se incorporó al empleo en la fase última del desarrollo del pasado ciclo alcista de la economía y que hoy ha retornado a su casa y está viviendo de su familia, y a lo mejor de alguna chapuza. O gente que ha recuperado los estudios al quedarse en paro. Hay otros que han salido de la construcción y han regresado al pueblo a trabajos agrícolas, al PER. De ahí que se haya incrementado curiosamente el número de cotizantes a la Seguridad Social en el régimen especial agrario, en más de un 9%.

Francisco Núñez.- Hubo una reunión entre Mariano Rajoy y Gerardo Díaz Ferrán el pasado 2 de julio. ¿Hay actores exógenos a la negociación?

I. F. T.- Yo también he visto a Mariano Rajoy y no me siento atado, pero Gerardo ha estado muy desafortunado compareciendo del brazo del líder de la oposición el mismo día que anunciaba en la mesa de negociación que retornaba a las posiciones reivindicativas máximas. Creo que no hay más margen y que esta posición es excesiva e introduce algún factor de riesgo que no deberíamos correr.

P. J. R.- Riesgo de poner en déficit a la Seguridad Social.

I. F. T.- Efectivamente. En ese terreno hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos.

P. J. R.- ¿Tan al filo de la navaja están ya las cuentas de la Seguridad Social?

I. F. T.- Estamos ajustados, entre otras cosas, este año, porque hay una morosidad de 7.000 millones de euros de impagados de las empresas a la Seguridad Social. Así que, habiendo superávit, éste no se va a manifestar como superávit de caja y probablemente tengamos que apelar ya a la utilización del fondo de reserva si se reducen en uno o dos puntos las cotizaciones de forma estructural de la Seguridad Social.

F. N.- ¿Se podría haber obtenido la rebaja de las cotizaciones que piden los empresarios si se hubiera adelantado la asunción del pago del complemento de mínimos de las pensiones, que pactó el Estado y que paga la Seguridad Social?

I. F. T.- Fue un pacto con los sindicatos y con la CEOE. Suscribimos el mismo pacto de pensiones en 2006 y ahí se estableció un calendario. ¿Qué pasa? Que no se está haciendo efectivo y no va al ritmo que se acordó. Los complementos de mínimos no se están pagando, no se están empezando a pagar con impuestos en lugar de con cotizaciones sociales. Eso y algunas otras cosas podrían suponer disponer de márgenes.

Utilicemos, pues, los márgenes en una negociación de calado sobre el conjunto del funcionamiento de la Seguridad Social. No para ahora, por la coyuntura, porque malgastaríamos el dinero. Eso no va a incentivar la creación de empleo, porque el empleo no lo están creando las empresas. No porque no tengan bonificaciones, sino porque no tienen crédito. Éstos son los nudos que hay que desatar antes de dar otros pasos.

F. J.- ¿Y no será que tiene la sospecha que ese punto, punto y medio o esos tres puntos de menores cotizaciones empresariales en la Seguridad Social los van a llevar directamente las empresas a sus cuentas de resultados y no a generar empleo?

I. F. T.- Lo tengo clarísimo. Lo que sé es que es una operación de corto plazo para conseguir una transferencia ingente de rentas del trabajo, de rentas del capital.

F. N.- ¿En algún momento se planteó indexar la reducción de cotizaciones a mantenimiento de empleo o a creación de empleo?

I. F. T.- A mí me parece más lógica esta posición. De hecho, las bonificaciones a la contratación que operan en España están asociadas a objetivos finalistas. La última propuesta de la CEOE, de reducción estructural y generalizada de tres o cuatro puntos de cotizaciones a la Seguridad Social, no estaba vinculada a ningún objetivo finalista. Pero podemos actuar sobre muchos factores de ingresos y gastos en el sistema de la Seguridad Social, pero hay que hacerlo en el momento adecuado.


Julián González.- Está claro que hasta ahora la CEOE estaba marcando las pautas y los tiempos de la negociación. Con más de cuatro millones de parados, ¿los sindicatos habrían tenido este mismo comportamiento de flexibilidad con un Gobierno del PP?

I. F. T.- Creo que la CEOE no ha sabido situarse en el tiempo. Ha estado y está fuera de tiempo. Comisiones Obreras ha hecho tres huelgas generales a gobiernos del PSOE y una a un Gobierno del PP. Creo que este sindicato tiene ya acreditada su independencia. Yo voy a respetar la decisión de la ciudadanía y negociaré y acordaré con un Gobierno del Partido Popular. Y negociaré y acordaré con un Gobierno del Partido Socialista. O movilizaré a la gente, si me sigue, con un Gobierno del Partido Socialista o con un Gobierno del Partido Popular. Pero prefiero apostar por la negociación y el acuerdo, hasta el límite de lo posible, antes que meter a España en un conflicto social.

J. G.- ¿Están dispuestos a ceder en la petición, también de la CEOE, de eliminar las restricciones a la contratación por parte de las empresas de trabajo temporal?

I. F. T.- En las empresas de trabajo temporal hemos abierto una vía. Hay una directiva comunitaria que hay que trasponer a nuestro ordenamiento jurídico y asumimos discutir este tema en un espacio temporal reducido. Creo que los contratos temporales, en unos casos tienen más sentido que en otros. Hay factores de degradación, del funcionamiento de nuestro mercado laboral, asociados a un cierto descontrol en las actividades de algunas de estas entidades empresariales.

Juan T. Delgado.- ¿Cuál es su valoración del Plan E de ayuda local, la gran apuesta del Gobierno de Zapatero para reactivar el mercado laboral? ¿Cree que está generando empleo o que sólo está sirviendo para maquillar la estadística y fomentar el enchufismo en los ayuntamientos?

I. F. T.- Hemos planteado críticas al Plan E. El comportamiento del empleo en los meses de mayo y junio fue consecuencia, entre otras, de la puesta en marcha de ese plan. Pero es un proyecto de corto alcance, no sólo porque los recursos sean limitados y tengan un horizonte de utilización temporal, sino porque debería insertarse su utilización en un proyecto un tanto más global, más allá de levantar pavimentos, aceras y rotondas en las ciudades.

Creo que el Gobierno no entendió el calado de la situación que enfrentábamos y ha ido intentando responder a cada dato negativo con una pretendida iniciativa fuerte en materia de inversión de empleo. Esto ha llevado a una descoordinación en la utilización de los escasos recursos disponibles. Tenemos ahí 30.000 millones de euros supuestamente a disposición del ICO para que se canalicen a la economía real. Pero no llega porque no hay una red que permita que eso llegue.

Juan Emilio Maíllo.- ¿Con José María Cuevas se hubiera vivido esta situación?

I. F. T.- A mí no me gusta demasiado personalizar. Tengo mucho respeto por la figura y la memoria de José María Cuevas. En este momento o, a lo mejor, en un escenario como éste, hubiera respondido con un patrón de comportamiento similar. Tengo dudas, pero podría haber sido así.

J. E. M.- ¿Subiría los impuestos a los ricos vía IRPF y a los rendimientos del capital, que hoy tributan al 18%?

I. F. T.- No creo que la salida a la crisis esté en la reducción de los impuestos. El Estado debe disponer de más capacidad de actuación que la que tiene en estos momentos. Tenemos la presión fiscal más baja de Europa, con un diferencial importantísimo sobre otros. Hay posibilidades de actuar sobre los impuestos indirectos. Estamos en un diferencial con la zona euro de seis puntos en materia de presión fiscal indirecta y tenemos la menor presión fiscal directa de la eurozona. Creo que sería muy conveniente subir el tipo marginal.

J. E. M.- ¿Hasta dónde?

I. F. T.- Hasta donde estaba, hasta el 45%.

Pedro G. Cuartango.- La CEOE les propuso un nuevo contrato de fomento del empleo con un despido reducido que han rechazado. ¿Por qué?

I. F. T.- La idea del nuevo contrato reapareció en la reforma de 2006. Se apela a él tanto en situaciones de crisis como de bonanza económica. Está construido sobre una falacia, que es la del alto coste del despido en nuestro país y la rigidez de nuestro mercado laboral. En España es tan difícil, o tan fácil despedir, que cayedo la economía española la mitad de lo que ha caído la alemana, hemos destruido el doble de empleo en el mismo periodo de tiempo.

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PRIMER APOYO

«Esto amenaza un clima de conflicto y no vamos a rehuirlo»

Carlos Segovia.- ¿Cree que podría aumentar la conflictividad y darse el escenario de una huelga general?

Ignacio Fernández Toxo.- Yo no voy a decirle a los españoles que mi sindicato va a impulsar una huelga general en el mes de septiembre cuando van a salir de vacaciones los que están trabajando. En septiembre veremos qué es lo que hacemos y también dependerá del tipo de iniciativas y de medidas que se tomen. El acuerdo no nos vacuna frente a todo, pero nos situaría en un clima de sosiego social, que permitiría hacer cosas que, en ausencia de acuerdo, probablemente no podamos.

De los 11 millones de personas que están sujetas a un convenio colectivo, siete ya lo tienen firmado y con eficacia para este año. Pero otros cuatro millones están pendientes de la renegociación de sus convenios. Yo creo que esto amenaza con generar un clima de conflicto en las empresas, indeseable en una situación como ésta. Recuerdo que en situaciones, no tan graves como la actual, que se dieron en el pasado, en un contexto de crecimiento de la economía, el Gobierno decidió meter la tijera a los sistemas de protección social. Eso desencadenó un conflicto fortísimo en nuestro país y alguna que otra huelga general. Este Gobierno ha hecho lo contrario, y ha dispuesto un crédito extraordinario por valor de 17.000 millones de euros, que es casi la mitad del gasto en materia de protección al desempleo para todo el año. Este mes ya no se podrían estar pagando las prestaciones en nuestro país si no se hubiera acudido a ese crédito extraordinario. Esto nos ha llevado a dar un margen de confianza para la negociación y para el acuerdo. Pero ese margen tiene un límite temporal. Yo no deseo el conflicto. Mi sindicato no se siente cómodo con un conflicto, pero tampoco lo vamos a rehuir si ésa es la situación que se crea.

C. S.- A la vuelta del verano, el Gobierno tendrá que decidir sobre el sueldo de los funcionarios. ¿Está de acuerdo con que en tiempos de crisis debería congelarse o, incluso, recortarse el sueldo de los funcionarios?

I. F. T.- Ya hay una reducción del capítulo uno del gasto de los Presupuestos Generales del Estado por la vía de la no reposición, la no cobertura de las bajas vegetativas que se están produciendo en las administraciones públicas. Sumar a esto la reducción de los salarios de los funcionarios públicos no creo que sea lo más conveniente, sabiendo que toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo. Hay que ver dónde se hace y no todos los funcionarios públicos del país están en las mismas condiciones. Hay mucho funcionario y funcionaria que anda en el entorno de los 800, 900 y 1.000 euros de sueldo. Que no es oro todo lo que reluce alrededor del empleo en las administraciones públicas. Se puede hacer una selección de medidas para intentar contener el crecimiento del gasto, tanto en relación con los salarios, como en lo que se refiere al empleo público.

SEGUNDO APOYO

«CEOE ha sido desleal, si yo soy el presidente, suspendo esa cena»

Casimiro García-Abadillo.- ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno se juegue ese envite [la cena celebrada el pasado miércoles] que hizo porque quería cerrar el acuerdo, y sin embargo, el tema estuviera tan verde?

Ignacio Fernández Toxo.- Habíamos establecido un horizonte temporal para el cierre de un acuerdo, pensando que pudiera entrar en vigor antes de la llegada del periodo fuerte de vacaciones, en el mes de agosto. A lo largo de estos últimos días, se han intensificado los encuentros, pensando que se podía cerrar. Resulta que tanto en la reunión de negociación tripartita del pasado lunes como en la reunión de ayer por la tarde [se refiere al pasado miércoles], nos encontramos con un cambio radical de escenario.

Primero, ha habido una cierta deslealtad, y lo digo con todo el dolor del corazón, en la CEOE, que envió al Gobierno un documento que, ni tan siquiera a estas alturas, nos ha hecho llegar a las organizaciones sindicales. Y segundo, ayer [se refiere, de nuevo, al pasado miércoles], aparecen con otro distinto. Por primera vez, en la cena, nos hace entrega de ese papel. Yo, sinceramente, si hubiera sido el presidente del Gobierno -afortunadamente no lo soy-, a lo mejor habría suspendido esa reunión.

C. G.-A.- He oído al ministro de Trabajo decir que la falta de acuerdo tendrá «consecuencias», como dirigiéndole un mensaje a la patronal. ¿Qué quiso decir Celestino Corbacho con eso?

I. F. T.- Al presidente de la CEOE le he puesto sólo una condición: las últimas cuestiones que quiera plantear para la negociación las deberá pasar por escrito antes para ver qué perímetro y qué alcance tienen. Y si se dan las condiciones para tener una reunión, la tenemos, pero si no, yo no abro otra vez falsas expectativas. Y el Gobierno que tome las decisiones que tenga que tomar.

Yo si fuese el Gobierno, si tuviese esa responsabilidad, desde luego no haría nada, y si lo hace tendrá nuestra crítica, la más severa que podamos ejercer, sobre todo en relación con cuestiones que pudieran afectar el futuro de la Seguridad Social. Entre otras cosas, porque tenemos un acuerdo en materia de Seguridad Social que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, con aspectos tan sensibles como la integración del régimen especial agrario, que afecta a unas 800.000 personas.

El Gobierno sabe que hay cuatro millones de personas que tienen necesidades inmediatas y que no tienen posibilidad de trabajar, queriendo hacerlo, porque no hay un empleo a su alcance. El Estado tiene la obligación de cubrir las necesidades básicas de esos millones de personas. El Gobierno debe poner los recursos disponibles para la incentivación de la actividad económica, aún en ausencia de acuerdo. El Estado tiene un compromiso con el país de impulsar el cambio para que no se vuelva a producir la situación que estamos viviendo en este momento.

El Mundo

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