El Senado tiene hasta noviembre para ver el suplicatorio de Bárcenas

El Senado tiene hasta noviembre para ver el suplicatorio de Bárcenas

• Si en ese periodo no se pronunciasen, se entenderán denegados
  
• El PP sustiruirá a Bárcenas en la Comisión que verá la petición del Supremo
  

El Congreso y el Senado contarán con un plazo de 60 días, que empezará a contar el próximo 1 de septiembre, para resolver los suplicatorios que va a solicitar el Tribunal Supremo con el fin de poder investigar al senador del PP por Cantabria Luis Bárcenas y al diputado del mismo partido por Segovia Jesús Merino por los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, en el marco del 'caso Gürtel'. Si en este periodo las Cámaras no se pronunciasen, los suplicatorios se entenderán denegados.


La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó este miércoles solicitar a las Cortes que levanten la inmunidad parlamentaria de los dos aforados para poder abrir una investigación penal contra ellos. La petición formal, que estará dirigida al presidente del Congreso, José Bono, en el caso de Merino, y al del Senado, Javier Rojo, en el de Bárcenas, llevará la firma del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.
Aunque se prevé que las solicitudes sean recibidas en las Cámaras en los próximos días, los plazos no empezarán a correr hasta el próximo 1 de septiembre, cuando las Cortes retomen su actividad ordinaria, ahora interrumpida por el paréntesis estival. Pese a que ambas tienen un plazo de 60 días, es previsible que los suplicatorios puedan quedar resueltos en un mes, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Habrá un primer dictamen en un mes


De momento, la tramitación del procedimiento contra Bárcenas y Merino ha quedado suspendida hasta que las Cámaras resuelvan "lo que tenga por conveniente". En el caso de que el Senado o el Congreso negasen la autorización, la causa se sobreseerá en lo que afecte al parlamentario implicado, pero continuará contra los demás procesados.
Una vez que el presidente del Senado reciba la petición del Supremo, la remitirá a la Comisión de Suplicatorios. Este órgano podrá reclamar los antecedentes oportunos y, tras escuchar al interesado, deberá emitir dictamen en un plazo máximo de treinta días.
Actualmente, la Comisión de Suplicatorios, que preside el 'popular' Juan Fageda, está compuesta por 26 senadores (12 del PP, 10 del PSOE, y uno de cada uno del resto de grupos). Entre los vocales del PP figura precisamente Bárcenas, que será sustituido por otro senador en este órgano, según explicaron fuentes 'populares'.
Votación secreta


El dictamen de la Comisión de Suplicatorios se incluirá en el orden del día del primer Pleno ordinario que se celebre, que será informado del mismo en sesión secreta y podrá debatirlo si así se acuerda.
La votación, también secreta, podrá realizarse por el procedimiento electrónico, acreditando el resultado numérico final, pero omitiendo el sentido del voto de cada senador, o bien de forma nominal y con papeleta. Una vez que la Cámara adopte un acuerdo, el presidente tendrá un plazo de ocho días para dar traslado del mismo al Tribunal Supremo.
Los trámites son muy similares en el Congreso. En este caso, cuando el presidente reciba el escrito del tribunal, deberá remitirlo, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, a la Comisión del estatuto del Diputado, que preside el socialista catalán Francesc Vallés.
Los reglamentos de ambas Cámaras establecen que los suplicatorios se entenderán denegados si éstas no se han pronunciado sobre los mismos en "el plazo de sesenta días naturales, computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio".
Otros suplicatorios


En las dos últimas legislaturas no se ha tramitado ningún suplicatorio en el Congreso de los Diputados, si bien en las anteriores se aprobaron un total de 26 peticiones y se rechazaron otras 13.
Entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrinuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
En cuanto a los antecedentes en la Cámara Alta, el más inmediato se remonta a 2007, cuando el Senado, con los votos de PP y CiU, retiró a la senadora del PSC María José Elices la inmunidad parlamentaria a petición del Supremo para resolver una acusación de injurias al alcalde de Tarragona, el nacionalista Joan Miquel Nadal, que finalmente fue archivada. Recientemente el Supremo asumió el caso de otro senador, el 'popular' Manuel Altava, por un supuesto delito de abuso de derecho, al entrar en la vivienda de su ex mujer, retirar varios bienes y cambiar cerraduras.