La subida fiscal afectará a 5 millones de contribuyentes

Publicado el 26-08-09 , por J. J. Marcos

El penúltimo globo sonda lanzado por José Blanco puede explotarle en la cara a cinco millones de contribuyentes. La subida de impuestos que el Ejecutivo presenta con cuentagotas en diversas declaraciones públicas se cierne sobre "las rentas altas".
La negociación se producirá con los próximos Presupuestos del Estado y son ya varios los partidos políticos que han mostrado su feroz oposición a la medida. Ahora bien, desde el PSOE y desde el Gobierno se cuidan mucho de discernir quiénes serán aquellos llamados a "apretarse el cinturón" para sufragar las políticas sociales a los más "débiles". Ahora bien, hay antecedentes.

Tras el Debate del Estado de la Nación del pasado 12 de mayo, la documentación oficial del Gobierno indicaba que se iba a "suprimir la desgravación por hipoteca a las rentas más altas", haciendo referencia a unos ingresos anuales a partir de 24.000 euros.

Si el Gobierno se mantuviera fiel a este criterio que ya ha utilizado, la subida de impuestos afectaría a 5,36 millones de contribuyentes, con los datos de la Memoria de la Administración Tributaria 2007. A ellos habría que añadir a los afectados por la previsible supresión del cheque de 400 euros.

Partidos de izquierda y sindicatos han pedido que este límite se lleve hasta los 60.000 euros, lo que dejaría a 614.867 contribuyentes con una aligerada cuenta corriente. De todos modos, el impacto real que tendría esta medida es relativo.

Si el Ejecutivo redujera el impacto a las rentas de 60.000 euros, la recaudación no subiría en exceso

José María Mollinedo, secretario de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), destacó que una subida de impuestos de esta guisa tendría "poca potencia recaudatoria", ya que afectaría a sólo el 3,7% de los contribuyentes. Quizá un impacto muy bajo para una decisión de tan alto coste político.

Más aún, para este colectivo la medida puede suponer un "incentivo al fraude entre las rentas más altas". Dada la falta de "efectividad" que le presuponen a las subidas del IRPF, Gestha plantea que, siguiendo la estela de la administración Obama, el Gobierno recupere el Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas. Mollinedo destaca la elevada cantidad de fraude que se esconde en las estadísticas del IRPF, lo que dificulta que se convierta en el centro de una expansión fiscal.
Al tiempo, señala la "subjetividad" que está detrás de las políticas contra las rentas altas. Cada entorno familiar, afirma, tiene cientos de condicionantes que hacen que lo que para unos supone vivir holgadamente, para otros suponga pasar estrecheces.

El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, coonsidera que el anuncio de Blanco supone un planteamiento "retrógrado e ineficiente", ya que la fiscalidad "moderna" apuesta por subir impuestos indirectos, y estima que castigar el IRPF "desincentiva el ahorro y el trabajo". Al tiempo, señala la paradoja de un Gobierno que pide a la población "que se apriete el cinturón", al tiempo que en el gasto público impera el "despilfarro".

La fiscalidad "verde" que se avecina
La última vez que el Ejecutivo se atrevió a plantear la progresividad en los impuestos, apoyando una resolución de IU tras el Debate del Estado de la Nación, salió trasquilado. En aquel momento, la presión de CiU pudo frenar la iniciativa.

El partido catalanista ya ha avisado de que votará en contra de unos Presupuestos que acarreen subidas de impuestos. De todos modos, la precariedad parlamentaria del Gobierno, que se ha agudizado, puede tomar derroteros insospechados. De momento, los expertos prevén que la Ley de Economía Sostenible, proyecto estrella del año político, incluya una fortísima carga fiscal.

Desde Gestha, por ejemplo, temen que en este punto esté el peaje político que tiene que pagar Zapatero para garantizarse el apoyo al Gobierno de IU y sus aliados en el tripartito catalán (ICV y ERC).

Sindicatos y partidos de izquierda piden una modificación de los tipos marginales del impuesto

De momento, estos partidos ya presentaron en julio una Proposición de Ley sobre Fiscalidad Ambiental, en la que pretendían endurecer el marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales. Entre otras cuestiones, se crearían nuevos impuestos y tasas y se reformarían los existentes.