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    Mensaje por A36 Jue 3 Sep 2009 - 11:49

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    Tarde o temprano se conocerán los detalles de las famosas escuchas de los dirigentes del PP que el mes de agosto denunció su secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y no sólo estamos hablando de las escuchas que, en un principio, pudieron ser autorizadas por un juez y más tarde fueron eliminadas de los sumarios y finalmente aparecieron en los medios de comunicación afines al Gobierno, con la misma promiscuidad con la que se filtran los sumarios secretos, creando indefensión a los imputados y los presuntos relacionados con el 'caso Gürtel', por ejemplo. No sólo estamos hablando de este tipo de escuchas sino de otras absolutamente ilegales que han captado conversaciones privadas de dirigentes del PP y que han llegado a los medios de comunicación, sin que ningún juez autorizara semejantes espionajes que han podido realizarse por miembros de la seguridad del Estado, e incluso por empresas y agentes privados de seguridad.

    En todo caso, si los propios agentes del CNI han espiado y revelado datos de la vida privada del que era hasta hace poco su máximo director, Sainz, entonces por qué se escandaliza el Gobierno cuando un político denuncia un espionaje telefónico. Lo normal es que en vez de descalificar al PP por sus denuncias, el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba -el mismo con el que Esperanza Aguirre no cesa de bailar su particular lambada de amor, odio y rectificación-, se hubiera interesado por el caso y abriese una investigación.

    Y no estamos diciendo que el espionaje telefónico en cuestión pueda venir de este ministerio, que medios tiene para hacerlo, tanto sus mandos como sus agentes. O del CNI, que está dotado de la mejor tecnología para poder llevar a cabo operaciones similares. O incluso la policía judicial, sobre la que pesan sospechas de filtraciones de los sumarios del PP. Puede que los espionajes hayan partido de alguno de todos estos departamentos, pero tampoco hay que descartar la actuación ilegal y de espionaje de algunos otros servicios de seguridad como los relacionados con empresas de la seguridad privada, o con los departamentos de seguridad de empresas de gran tamaño, donde han recalado antiguos comisarios o altos mandos de las fuerzas de seguridad, bien en excedencia o jubilados.

    Y apuntamos también la posibilidad de injerencia de este sector privado porque tenemos la impresión de que en estos circuitos de seguridad pasan demasiadas cosas, y de que existen canales de connivencia entre ellos y ciertos personajes de las fuerzas de orden público que suelen ir a su aire. Además, los modernos equipos de espionaje telefónico inalámbricos son bastante caros y sofisticados y sólo están al alcance de aquellos que pueden disponer de grandes presupuestos para adquirirlos en los circuitos secretos donde circula esta tecnología, tan propia de los espías.

    De ahí que Rubalcaba se haya podido equivocar, para tapar algo que a lo mejor conoce, o para desdeñar una investigación sobre algo que a lo mejor escapa a su control e incluso al de las Fuerzas de Seguridad. Muchos datos privados de escuchas ilegales que se tienen en el PP -aunque no se hayan hecho públicos los detalles- dan fe de que el espionaje ha existido. Y está muy bien que lo haya denunciado Cospedal, aunque ahora el PP guarde un silencio sobre ello que entendemos estratégico. Como está bien que todo ello sirva para poner de sobre aviso al Gobierno, y señalar a los espías de que fueron descubiertos para que, al menos, cesen en su actividad ilegal.

    De manera que, lejos de darse por clausurado este episodio como pretenden algunos, podríamos decir que estamos en un impasse, o que no hizo nada más que comenzar. El tiempo lo dirá, pero todo ello huele muy mal.

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