Los casos de empleo irregular de inmigrantes se disparan casi un 20% en Galicia por la crisis

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Los casos de empleo irregular de inmigrantes se disparan casi un 20% en Galicia por la crisis
Trabajo descubrió a 588 extranjeros que estaban trabajando sin permiso el pasado año e impuso multas por un valor de 3,5 millones de euros

JULIO PÉREZ - VIGO En los censos oficiales, la población extranjera en Galicia apenas representa el 4% de todos los residentes, muy por debajo de la proporción en aquellos territorios, como Madrid y Cataluña, que se presentan como los motores del país, o de Andalucía y el resto del Levante, punto de destino frecuente para el colectivo por las antes abundantes puestos de trabajo ligados al sector primario. Pero hay más inmigrantes. Los que no tienen papeles y, por lo tanto, no figuran en el padrón. Los que con la grave crisis se convierten en un blanco fácil del resurgir de la economía sumergida. A la vista del peso que tienen en la comunidad los que sí cuentan con la documentación en regla, ¿la mano de obra irregular aquí es también anecdótica? Pues no tanto. La infracciones en materia de extranjería en el mercado laboral gallego se han disparado casi un 20% el pasado año, prácticamente tres veces más que el incremento medio registrado en toda España.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social descubrió el pasado ejercicio casi 600 extranjeros que trabajaban de forma irregular en Galicia, un centenar más que en 2007. Pontevedra es una vez más la provincia que concentra el mayor número de casos y, por lo tanto, de actas, 283, seguida de A Coruña, con 204, y con números mucho menores, Lugo (41) y Ourense (52). Precisamente es en el interior donde se dan los dos comportamientos más llamativos y que incluso despiertan la atención del Consello Galego de Relacións Laborais en un reciente informe sobre el impacto de la inmigración en el mercado laboral de la comunidad. Porque sólo en Lugo se registra un descenso anual en el número de contrataciones irregulares detectadas y porque en Ourense aumentaron un vertiginoso 246%, según los datos del Ministerio de Trabajo.

A la vista de la tendencia que sigue la evolución en las contrataciones ilegales entre el colectivo en Galicia no extraña que la labor inspectora se haya reforzado el pasado año. Y mucho. Frente a la caída del 10% en las actuaciones realizadas en el conjunto del Estado –en 2008 fueron 54.913 frente a las 60.931 del ejercicio anterior–, en la comunidad aumentaron un 25%, hasta las 5.080. De cada diez reconocimientos de los inspectores en España, uno se realizó en Galicia, la quinta comunidad con mayor control sobre el área por detrás de las cuatro comunidades más pobladas y con mayor volumen de inmigrantes, pero con diferencias de números no demasiado significativas: Comunidad Valenciana (14,66% de las actuaciones), Cataluña (14,10%), Madrid (12,93%) y Andalucía (9,45%).

Las infracciones detectadas en Galicia, la práctica totalidad relacionadas con la falta de permiso de residencia y de trabajo, acarrearon multas por valor de 3,5 millones de euros, un 11% más que el importe de las sanciones de Trabajo en 2007 en la comunidad.

Pontevedra y A Coruña absorben la mitad de los extranjeros

Las zonas urbanas de las provincias de Pontevedra y A Coruña y Pontevedra más de la mitad de la población inmigrante de Galicia, que supone en la actualidad un 3,4% del censo, con más de 95.500 personas extranjeras inscritas, mientras que en todo el Estado español supone un 12% del padrón. La representante del Foro Galego da Inmigración, Rocío Rodríguez, mantiene que se trata de una "proporción muy baja" y que su integración es "gradual".
Pontevedra contabiliza 36.269 inmigrantes empadronados; 33.711 en A Coruña; 14.006 en Ourense; y 11.582 en Lugo, según los datos del padrón municipal de 2008 recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la población extranjera representa el 3,8% del padrón pontevedrés; en A Coruña, el 2,96%; en Ourense, el 4,17%; y en Lugo, el 3,26%

Su evolución, sin embargo, ha sido muy destacada en los últimos años. "Casi se duplicó", señala a Europa Press el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba. El número de extranjeros en galicia en el año 2000 era 25.000. Hoy suponen 96.000. El perfil de los "nuevos gallegos" es de gente joven, procedente en su mayor parte de Latinoamérica, "y que llegan a Galicia fundamentalmente por motivos laborales", apunta Camba.

Portugal, es, según el Foro Galego de Inmigración el país de origen de 18.521 de ellos. El vecino luso es,junto con Brasil (10.574), los países de procedencia de la mayor parte de los residentes extranjeros en Galicia, seguidos de Colombia (8.289), Rumanía (5.187) y Argentina (5.148).

Desde el Foro Galego de Inmigración, mantienen que menos de un 10% de la población inmigrante residente en Galicia se encuentra en situación irregular en la comunidad. Rodríguez recuerda que el colectivo tiene todavía más problemas para encontrar trabajo que la población autóctona.

Los delitos que se pierden

Por cuestiones de extranjería es difícil encontrar sentencias que aborden aquí en Galicia la responsabilidad penal en la contratación irregular o la promoción o favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores. Para hacerlos una idea, el Consello Galego de Relacións Laborais sólo ha podido dar con cinco desde la salida de la conocida ley de Extranjería. Tres de los fallos salieron de la Audiencia Provincial de A Coruña y las otras dos de la de Ourense y el escenario de casi todas es la prostitución.

Con la falta de permiso de por medio, el tribunal ourensano sostiene en sus dos resoluciones que la conducta es constitutiva de delito cuando el empresario "se vale de la ausencia de autorización de trabajo del extranjero para imponerle condiciones de trabajo inferiores a las que le corresponde de acuerdo con la normativa laboral y el propio contrato". Por lo tanto, es imprescindible probar que existe una vinculación laboral entre ambas partes y que se restringen los derechos del trabajador.

La resolución del 12 de mayor de 2005 tenía como protagonistas al dueño de un local de alterne y dos extranjeras sin permiso ni alta en la Seguridad Social. Precisamente por no contar con autorización laboral no se le podía exigir al empleador que las tuviera aseguradas. No se pudo probar que la situación supusiera un perjuicio, una supresión o una restricción de los derechos recogidos en cualquier disposición legal o convenio colectivo, con lo que la Audiencia de Ourense sólo podía catalogar la conducta como un "ilícito administrativo". Con el mismo escenario en su otra sentencia, los acusados fueron absueltos de cualquier responsabilidad penal.

Los autos de la Audiencia Provincial de A Coruña cerraron casos de posibles impulsos a la inmigración ilegal. Dos de nuevo con clubs. Una brasileña que supuestamente engañó a dos hermanas para traerlas como prostitutas a Cedeira y los propietarios de un establecimiento que pagaron el viaje como turistas a extranjeras. Con contundencia el tribunal para eximir de responsabilidades a la mujer del primer caso y con el mismo ímpetu también en el segundo, pero para condenar.