Derechos de Guardias Civiles

ALBERTO MOYA (Secretario General Asociación Unificada de Guardias Civiles) 13/09/2009

En enero de 2007, una imagen sorprendía a toda la sociedad. Miles de guardias civiles vistiendo su uniforme reglamentario se manifestaban en Madrid. La pregunta generalizada que se hizo la ciudadanía es qué estábamos haciendo con los guardias civiles para que se lanzaran a la calle de esta manera, arriesgándose a fuertes sanciones que, en efecto, llegaron implacablemente.
Derechos ¡Ya!, fue el lema de aquella manifestación. Derechos, por cierto, prometidos por todos los partidos políticos, y en especial por el PSOE. Ese mismo año, y tras la referida protesta, el Parlamento aprobaba dos Leyes para esta Institución: derechos y deberes y régimen disciplinario.

En la práctica no supuso ningún avance importante para los maltratados trabajadores de la guardia civil. La necesaria modernización se rebeló como mero espejismo, ya que el Ejecutivo no mostraba el menor interés en impulsarla, ni en cumplir los mandatos y plazos que estas leyes establecen. Eso, junto a otros olvidos, agitó un nuevo cóctel de inconformismos que derivó en la mayor manifestación conjunta de policías y guardias civiles en octubre de 2008. Llegaron otra vez las consabidas sanciones.

Y en esa nos encontrábamos los guardias civiles, es decir, expectantes y en parte insatisfechos por una insuficiente gestión gubernamental, cuando nos ha tocado contemplar con consternación cómo guardias civiles vuelven a ser procesados por la jurisdicción militar, pendiendo sobre ellos sentencias con penas de cárcel por meras faltas laborales que para cualquier otro ciudadano no pasaría de una multa de unas pocas decenas de euros.

Lo primero que llama la atención es cómo puede mantenerse en nuestro Estado de Derecho, Tribunales de Justicia formados por funcionarios de la carrera castrense que no son jueces. Y es que la obsesiva aplicación del inflexible Código Penal Militar a los guardias civiles más parece el impulso de un auténtico "lobby", que quiere mantener competencias y destinos.

El Gobierno debe definir de una vez las pretendidas "misiones militares" de la Guardia Civil, si es que existe alguna. Hay un mandato legal y la situación no puede demorarse más.

No puede hablarse de un escenario tranquilo. Al contrario, todo sigue en plena agitación y con un grado de malestar creciente: los miembros de este Cuerpo policial se sienten engañados por el Gobierno. Es probable que la situación derive en nuevas protestas públicas. Volverán las sanciones. Y nuevamente nos haremos la misma pregunta: qué estamos haciendo con nuestros guardias civiles.