Vigilantes V.S.
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Vigilantes contratados por el Gobierno vasco tratan de poner orden en los bloques de VPO desde hace dos años Habitualmente, el trabajo del Gobierno vasco en las viviendas de protección oficial se agota en el momento en que los adjudicatarios recogen sus llaves. En los pisos del entorno de la plaza Saralegi esto no ha sido así.
La conflictividad generada en el barrio por varias familias indujo al Departamento de Vivienda a contratar vigilantes privados para intentar mantener el orden. Hace ya dos años de aquella decisión y los vecinos aseguran que apenas se han corregido los problemas de la zona.
Hablamos del punto de unión entre los barrios de Bilbao La Vieja y Miribilla, una franja en la que el Gobierno vasco levantó tres bloques de pisos protegidos, algunos destinados al realojo de familias cuyas viviendas fueron expropiadas en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala dentro del plan de regeneración de la zona.
Son viviendas amplias, con cocina equipada, garaje y trasteros, cuyo precio ronda los 73.000 euros. Sin embargo, Vivienda ha acumulado renuncias de adjudicatarios una tras otra. «Más de mil familias se han negado a vivir aquí», asegura José Luis Gandoy, representante de la asociación de vecinos Labetxo. «Son pisos de muy buena calidad, pero es que llegan y se dan cuenta de que aquí las cosas son como en el Oeste».
Los vecinos explican que «el Ayuntamiento consintió que realojaran aquí a dos familias muy conflictivas, y al calificarlas así nos estamos referiendo a la comisión de robos, tráfico de drogas, actos violentos y vandálicos...». Aseguran que día sí, día no, se encuentran «con las puertas de los garajes rotas porque intentan robar los coches y las motos.
Causan destrozos en los portales, hacen sus necesidades en la escalera, tienen hasta plantaciones de marihuana», enumeran. Pero el problema iba aún más allá, con familias y niños viviendo hacinados en los trasteros, algo que, además de peligroso e insalubre, es ilegal, como lo era «el mercado de alquiler de las parcelas de garaje que algunos tenían montado». Después, se unió al problema la extensión de la prostitución de Las Cortes hacia esta zona.
El Gobierno vasco enseguida tuvo constancia de la situación y encargó a una consultoría un análisis sobre la zona.
Las alarmas saltaron en el número 8 de Miribilla, pero el problema se extendía por las calles Saralegi, Olano y Mina San Luis. La decisión, tras tener en su mano el diagnóstico, fue tan drástica como poco común: contratar a dos vigilantes privados para que cada día, en horarios distintos -para evitar que la gente se acostumbrara- velaran por la seguridad en la zona.
También habilitaron un piso como oficina para que tuvieran allí su centro de trabajo y su presencia sirviera como medida disuasoria. «Incluso, el antiguo delegado de Vivienda se empadronó en el edificio para intentar arreglar la situación como presidente de la comunidad de vecinos», comenta Gandoy.
«No hablan con nosotros»
¿Cuál ha sido el resultado? «Hay cientos de incidencias», aseguran los residentes. «La presencia de vigilantes ha ayudado algo, pero esta gente se ríe de todo el mundo, vecinos, policías o quien sea», censura Gandoy. «Además, de 80 veces que llamamos a la Policía, vienen 20», apostilla.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se dio cuenta de que el proyecto que comenzó como un plan de rehabilitación corría el riesgo de convertirse en un nuevo foco de degradación y por ello, además de la seguridad privada, puso en marcha una comisión de intervención en la que toman parte representantes de la Policía Municipal, el Observatorio de la convivencia, Bizigune, Lan Ekintza y Vivienda, así como profesionales del Derecho y del trabajo con menores.
Si el papel de los vigilantes resulta insuficiente a ojos de los vecinos, aún más lo es el trabajo de esta comisión. «Las reuniones se anulan constantemente.
No hablan con nosotros, aunque después digan que se reúnen con la asociación», critican desde Labetxo. Los vecinos aseguran que «podríamos vivir en un barrio maravilloso si quitaran a estas dos familias, pero el Ayuntamiento y el Gobierno vasco lo consienten».
Los ejemplos de incidentes brotan uno tras otro. «Hace poco se dedicaron a lanzar globos llenos de orín; el otro día, un chico llamó la atención a una mujer que estaba rompiendo los porteros automáticos y fueron a por él a darle una paliza».
El servicio de seguridad privada continúa activo tras el cambio de Gobierno, pero el Departamento de Vivienda no se ha pronunciado sobre el asunto.
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La conflictividad generada en el barrio por varias familias indujo al Departamento de Vivienda a contratar vigilantes privados para intentar mantener el orden. Hace ya dos años de aquella decisión y los vecinos aseguran que apenas se han corregido los problemas de la zona.
Hablamos del punto de unión entre los barrios de Bilbao La Vieja y Miribilla, una franja en la que el Gobierno vasco levantó tres bloques de pisos protegidos, algunos destinados al realojo de familias cuyas viviendas fueron expropiadas en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala dentro del plan de regeneración de la zona.
Son viviendas amplias, con cocina equipada, garaje y trasteros, cuyo precio ronda los 73.000 euros. Sin embargo, Vivienda ha acumulado renuncias de adjudicatarios una tras otra. «Más de mil familias se han negado a vivir aquí», asegura José Luis Gandoy, representante de la asociación de vecinos Labetxo. «Son pisos de muy buena calidad, pero es que llegan y se dan cuenta de que aquí las cosas son como en el Oeste».
Los vecinos explican que «el Ayuntamiento consintió que realojaran aquí a dos familias muy conflictivas, y al calificarlas así nos estamos referiendo a la comisión de robos, tráfico de drogas, actos violentos y vandálicos...». Aseguran que día sí, día no, se encuentran «con las puertas de los garajes rotas porque intentan robar los coches y las motos.
Causan destrozos en los portales, hacen sus necesidades en la escalera, tienen hasta plantaciones de marihuana», enumeran. Pero el problema iba aún más allá, con familias y niños viviendo hacinados en los trasteros, algo que, además de peligroso e insalubre, es ilegal, como lo era «el mercado de alquiler de las parcelas de garaje que algunos tenían montado». Después, se unió al problema la extensión de la prostitución de Las Cortes hacia esta zona.
El Gobierno vasco enseguida tuvo constancia de la situación y encargó a una consultoría un análisis sobre la zona.
Las alarmas saltaron en el número 8 de Miribilla, pero el problema se extendía por las calles Saralegi, Olano y Mina San Luis. La decisión, tras tener en su mano el diagnóstico, fue tan drástica como poco común: contratar a dos vigilantes privados para que cada día, en horarios distintos -para evitar que la gente se acostumbrara- velaran por la seguridad en la zona.
También habilitaron un piso como oficina para que tuvieran allí su centro de trabajo y su presencia sirviera como medida disuasoria. «Incluso, el antiguo delegado de Vivienda se empadronó en el edificio para intentar arreglar la situación como presidente de la comunidad de vecinos», comenta Gandoy.
«No hablan con nosotros»
¿Cuál ha sido el resultado? «Hay cientos de incidencias», aseguran los residentes. «La presencia de vigilantes ha ayudado algo, pero esta gente se ríe de todo el mundo, vecinos, policías o quien sea», censura Gandoy. «Además, de 80 veces que llamamos a la Policía, vienen 20», apostilla.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se dio cuenta de que el proyecto que comenzó como un plan de rehabilitación corría el riesgo de convertirse en un nuevo foco de degradación y por ello, además de la seguridad privada, puso en marcha una comisión de intervención en la que toman parte representantes de la Policía Municipal, el Observatorio de la convivencia, Bizigune, Lan Ekintza y Vivienda, así como profesionales del Derecho y del trabajo con menores.
Si el papel de los vigilantes resulta insuficiente a ojos de los vecinos, aún más lo es el trabajo de esta comisión. «Las reuniones se anulan constantemente.
No hablan con nosotros, aunque después digan que se reúnen con la asociación», critican desde Labetxo. Los vecinos aseguran que «podríamos vivir en un barrio maravilloso si quitaran a estas dos familias, pero el Ayuntamiento y el Gobierno vasco lo consienten».
Los ejemplos de incidentes brotan uno tras otro. «Hace poco se dedicaron a lanzar globos llenos de orín; el otro día, un chico llamó la atención a una mujer que estaba rompiendo los porteros automáticos y fueron a por él a darle una paliza».
El servicio de seguridad privada continúa activo tras el cambio de Gobierno, pero el Departamento de Vivienda no se ha pronunciado sobre el asunto.
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