Las víctimas, en contra de que se limiten sus intervenciones tras un atentado

Las víctimas, en contra de que se limiten sus intervenciones tras un atentado

Malestar y prudencia. Éstos son los dos sentimientos que despierta en las víctimas el borrador del protocolo de actuación tras un atentado de ETA presentado por el Gobierno vasco a los partidos políticos para su negociación. ¿El motivo? Que sólo contempla que las víctimas puedan hablar, si lo desean, ante los medios de comunicación antes de comenzar la manifestación que se convoque tras un asesinato de la banda terrorista. La intervención final ante los asistentes a la marcha se reserva para el lendakari y estará pactada por los partidos. La intención del Ejecutivo autonómico de regular, en pro del consenso y la unidad, las intervenciones de las víctimas y de suprimir la opción de que intervengan al término de la

manifestación de condena no es vista con buenos ojos por Paqui Hernández, la viuda de Eduardo Puelles, que de forma inédita se dirigió a las miles de personas que secundaron la marcha en repulsa por el asesinato de su marido. «Si alguien tiene derecho a hablar, son los familiares de los asesinados. ¿Por qué no pueden expresar con educación lo que sienten y agradecer el apoyo recibido como hice yo? ¿Por qué todo tiene que ser protocolo y política?», lamenta aún con la voz rota. Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA, observa con «sorpresa» el citado punto del borrador y baraja la opción de que haya sido una condición previa del PNV para negociarlo. «Es importante que las víctimas tengan ese altavoz, no es lo mismo dirigirse a una multitud que a los medios de comunicación», concluye, y critica «el afán de institucionalizar y pautar cada paso».

Desde el PP vasco han propuesto una modificación a ese protocolo que es la de que sean las víctimas quienes decidan el momento de hablar, sea antes o después. Mari Mar Blanco considera que en esos momentos «son las vícitmas quienes tienen que decidir cuándo hablar y no los políticos. Nadie les tiene que imponer cuándo hablar». El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, cree no se debe coartar a nadie la libertad de expresión y es partidario de «no hacerles caso».