La relación entre Venezuela y Colombia, más tensa que nunca

La relación entre Venezuela y Colombia, más tensa que nunca


Cada episodio es una nueva causa de fricción. Ni siquiera la tragedia ocurrida en el estado venezolano de Táchira, logró serenar los ánimos y establecer una tregua. El secuestro y posterior asesinato de nueve jóvenes colombianos, a manos de un grupo armado aún sin identificar, y la súbita aparición de otros cinco cadáveres de la misma nacionalidad, muertos también de forma violenta en el país vecino, está distanciando aún más a Álvaro Uribe y Hugo Chávez.
Si bien Colombia ofreció su colaboración para esclarecer los hechos, ocurridos entre el 11 de octubre y el pasado sábado, Venezuela ignoró la propuesta y prefirió contestar acusando a sus vecinos de espiarles.
Chávez, al referirse a la matanza, desveló que capturaron a dos agentes del DAS –cuerpo de inteligencia y control aduanero colombiano- por realizar labores de inteligencia. Pero el director de dicho organismo, Felipe Muñoz, acusó a las autoridades bolivarianas de haber capturado a uno solo de sus funcionarios, adscrito a la oficina de aduanas, que estaba de vacaciones. Según dijo, lleva un mes detenido sin razón y ni siquiera han permitido que le visite un diplomático.
Además de ese hecho, que será motivo de enfrentamiento entre las dos administraciones en los próximos días y semanas, las averiguaciones sobre el múltiple asesinato son objeto de otra batalla en la última guerra que Chávez declaró a Colombia el día que conoció el acuerdo militar de Bogotá con Estados Unidos.
Por el lado del golpista, el ministro de Defensa, Ramón Carrizales, se apresuró a acusar a los fallecidos de paramilitares, enviados por Uribe. “La manera como llegaron, su identidad como grupo, nos hace pensar que son parte de esos planes de infiltración del gobierno colombiano”, afirmó.
Otros altos cargos aseguraron que fueron los grupos paramilitares que cruzan la frontera, los autores de la masacre. Y todos, Chávez incluido, destacaron que, en todo caso, es el resultado de un conflicto que no es el suyo y que sufren por la incapacidad de sus vecinos de controlarlo.
En la orilla colombiana se ciñen a la estrategia de mantener la calma y limitarse a recalcar mensajes elementales que fastidian en Caracas. Uribe recordó que el terrorismo es una amenaza para las dos naciones y entre ambos deben combatirlo. Al mandatario bolivariano le disgusta porque, de forma velada, le está reprochando, al igual que hace la oposición de su propio país, haber convertido Venezuela en un santuario guerrillero. No quiere aceptar que en los estados fronterizos con Colombia, actúan a sus anchas tanto las FARC, el ELN como bandas mafiosas. Secuestran, extorsionan, se entrenan, descansan y trafican con cocaína.
El gobierno de Uribe prefiere no aventurar hipótesis, ya que ni siquiera está seguro de si eran trabajadores ilegales o miembros de alguna banda. Pero la tesis que más fuerza ha cogido en Colombia es la que señala al ELN (Ejército de Liberación Nacional) como los asesinos, por las declaraciones que dio el único sobreviviente, Manuel Junior Cortéz, de 19 años, ingresado en el Hospital Militar de Caracas.
Aseguró que mientras permanecieron secuestrados, estuvieron encadenados de pies y manos en un campamento subversivo, bajo el mando de alias “El payaso”. Y que el sábado 24 les anunciaron que se iban.
“Nos pusimos muy alegres y hasta lloramos de la alegría. Pero no sabíamos que esa salida era para fusilarnos a todos", relató en una breve entrevista en la que añadió que los guerrilleros les acusaban de ser paramilitares. Como está aislado, bajo custodia militar, no ha sido posible mantener un encuentro con él y conocer más detalles.
El problema ahora es que cualquier investigación que lleven a cabo autoridades chavistas, sin la cooperación colombiana, tendrán escasa o nula credibilidad en Bogotá. Tampoco Caracas querrá creer nada de lo que le digan sus antiguos amigos, principalmente porque ya está anunciado que el viernes, salvo imprevistos, representantes de Obama y Uribe firmarán el pacto que permite a las Fuerzas Armadas norteamericanas utilizar siete bases aéreas y navales colombianas. El hacha, pues, seguirá desenterrada.