VIZCAYA
Una cámara indiscreta en la comisaría de Santurtzi
Erne denuncia que el equipo instalado para controlar el armero tambien filmaba el acceso al vestuario femenino
31.10.09 - elcorreodigital.com
SERGIO LLAMAS | BARAKALDO
El Ayuntamiento afirma que ya ha cambiado la dirección del objetivo
¿Quién vigila a los vigilantes? En la comisaría de la Policía local de Santurtzi una cámara de seguridad. Pero su colocación el pasado año no ha estado exenta de polémica. Y es que, según ha denunciado el sindicato independiente de la Policía vasca, Erne, el dispositivo abarcaba en su campo de visión desde el reloj en el que los agentes registran su hora de entrada y salida, hasta el acceso al vestuario femenino, «viéndose su interior al abrirse la puerta». Ahora, la Agencia Vasca de Protección de Datos decidirá si su instalación fue o no legal.
El Ayuntamiento de Santurtzi instaló la cámara de vigilancia a finales de 2008. Su misión era controlar el acceso al armero de la comisaría, pese a que la orientación de la cámara y las características de su objetivo permitían registrar también el momento en que los agentes fichaban. No sólo eso. Por su ubicación, también quedaba expuesta una parte del vestuario de las mujeres cada vez que se abría la puerta.
Tras la colocación del equipo, los representantes sindicales municipales denunciaron el hecho en varias ocasiones, pidiendo un cambio en la orientación del objetivo. Al no obtener respuesta, presentaron en febrero un escrito en el Ayuntamiento que corrió la misma suerte. Finalmente, en mayo llevaron la denuncia a la Agencia Vasca de Protección de Datos, que inició su tramitación. Ahora, seis meses después, se habría acordado «iniciar el procedimiento de infracción» al Consistorio, tal y como afirma Erne.
300.506 euros de multa
La central explica en un comunicado que, a tenor de la propia Agencia Vasca de Protección de Datos, los hechos descritos pueden ser constitutivos de «una infracción grave», en base a la ley de ficheros de datos de Carácter Personal de 2004. «Según el artículo 23 de la misma ley -advierte el sindicato-, las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 60.101,21 y 300.506 euros».
Por su parte, el Consistorio de Santurtzi insiste en que el organismo autonómico aún no se ha pronunciado. Según expone, el pasado 21 de octubre la denuncia fue únicamente admitida a trámite para su posterior estudio, de manera que aún no se habría iniciado el proceso sancionador. «La tramitación del procedimiento de infracción, con todas las garantías legalmente exigidas, persigue precisamente comprobar si se ha cometido una conducta reprochable o no», afirma.
Los responsables municipales rechazan, además, la posibilidad de llegar a pagar una multa, al tratarse de una administración. «En ningún caso la declaración de infracción conllevaría sanción económica para el Consistorio, sino la adopción de las medidas que procedan para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción», advierten. Algo que, de hecho, ya habrían realizado «de oficio», sin esperar a la resolución, al reajustar la dirección de la cámara de seguridad.
El cambio en la orientación del objetivo, no obstante, no ha satisfecho al sindicato policial, que entiende que el Consistorio obró de manera contraria a la ley. «Si bien a fecha de hoy ha sido corregida la deficiencia denunciada, el Ayuntamiento deberá responder por colocar cámaras de videovigilancia de forma ilegal», advierte.
A juicio de Erne, la instalación del equipo de control no se ajustó al procedimiento, ya que se hizo sin autorización del viceconsejero de Seguridad. Así lo reveló en un informe la Comisión de Videovigilancia y Libertades.
Una cámara indiscreta en la comisaría de Santurtzi
Erne denuncia que el equipo instalado para controlar el armero tambien filmaba el acceso al vestuario femenino
31.10.09 - elcorreodigital.com
SERGIO LLAMAS | BARAKALDO
El Ayuntamiento afirma que ya ha cambiado la dirección del objetivo
¿Quién vigila a los vigilantes? En la comisaría de la Policía local de Santurtzi una cámara de seguridad. Pero su colocación el pasado año no ha estado exenta de polémica. Y es que, según ha denunciado el sindicato independiente de la Policía vasca, Erne, el dispositivo abarcaba en su campo de visión desde el reloj en el que los agentes registran su hora de entrada y salida, hasta el acceso al vestuario femenino, «viéndose su interior al abrirse la puerta». Ahora, la Agencia Vasca de Protección de Datos decidirá si su instalación fue o no legal.
El Ayuntamiento de Santurtzi instaló la cámara de vigilancia a finales de 2008. Su misión era controlar el acceso al armero de la comisaría, pese a que la orientación de la cámara y las características de su objetivo permitían registrar también el momento en que los agentes fichaban. No sólo eso. Por su ubicación, también quedaba expuesta una parte del vestuario de las mujeres cada vez que se abría la puerta.
Tras la colocación del equipo, los representantes sindicales municipales denunciaron el hecho en varias ocasiones, pidiendo un cambio en la orientación del objetivo. Al no obtener respuesta, presentaron en febrero un escrito en el Ayuntamiento que corrió la misma suerte. Finalmente, en mayo llevaron la denuncia a la Agencia Vasca de Protección de Datos, que inició su tramitación. Ahora, seis meses después, se habría acordado «iniciar el procedimiento de infracción» al Consistorio, tal y como afirma Erne.
300.506 euros de multa
La central explica en un comunicado que, a tenor de la propia Agencia Vasca de Protección de Datos, los hechos descritos pueden ser constitutivos de «una infracción grave», en base a la ley de ficheros de datos de Carácter Personal de 2004. «Según el artículo 23 de la misma ley -advierte el sindicato-, las infracciones graves serán sancionadas con multas de entre 60.101,21 y 300.506 euros».
Por su parte, el Consistorio de Santurtzi insiste en que el organismo autonómico aún no se ha pronunciado. Según expone, el pasado 21 de octubre la denuncia fue únicamente admitida a trámite para su posterior estudio, de manera que aún no se habría iniciado el proceso sancionador. «La tramitación del procedimiento de infracción, con todas las garantías legalmente exigidas, persigue precisamente comprobar si se ha cometido una conducta reprochable o no», afirma.
Los responsables municipales rechazan, además, la posibilidad de llegar a pagar una multa, al tratarse de una administración. «En ningún caso la declaración de infracción conllevaría sanción económica para el Consistorio, sino la adopción de las medidas que procedan para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción», advierten. Algo que, de hecho, ya habrían realizado «de oficio», sin esperar a la resolución, al reajustar la dirección de la cámara de seguridad.
El cambio en la orientación del objetivo, no obstante, no ha satisfecho al sindicato policial, que entiende que el Consistorio obró de manera contraria a la ley. «Si bien a fecha de hoy ha sido corregida la deficiencia denunciada, el Ayuntamiento deberá responder por colocar cámaras de videovigilancia de forma ilegal», advierte.
A juicio de Erne, la instalación del equipo de control no se ajustó al procedimiento, ya que se hizo sin autorización del viceconsejero de Seguridad. Así lo reveló en un informe la Comisión de Videovigilancia y Libertades.
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