Entregar, como propone el Gobierno, la gestión a las Mutuas de Accidentes abre precedente peligroso de privatización
CCOO va a seguir defendiendo los intereses del colectivo de autónomos sin trabajadores a cargo, uno de los más desprotegidos, frente a propuestas que encubran privatizaciones de los servicios públicos o desnaturalizaciones del sistema de protección social, que es una conquista histórica del movimiento obrero.
02-11-2009 - Tras la reunión celebrada entre el Gobierno y los agentes sociales, CCOO manifiesta su acuerdo con la creación de una prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo, después de que la propuesta inicial de Gobierno se haya mejorado a partir de las alegaciones realizadas por la secretaría confederal de Economía Social y Autoempleo de CCOO.
Según explica Jordi Ribó, los problemas de los pequeños empresarios se resuelven básicamente sobre la base de la obtención de créditos en buenas condiciones para el mantenimiento de sus actividades y, en este terreno, tendrán todo el apoyo del movimiento sindical para lograr este objetivo.
No obstante, CCOO no comparte que la cotización sea voluntaria para la prestación, porque eso generaría situaciones de "dumping" entre los propios autónomos. "Esa prestación, como todas aquellas ayudas a los desempleados, deben ser gestionadas por los servicios públicos de empleo. Entregar, tal y como hace la propuesta del Gobierno, dicha gestión a las Mutuas de Accidentes abre un precedente peligrosísimo de privatización, no sólo de las prestaciones sino de los mismos Servicios Públicos de Empleo, legitima a las Mutuas para gestionarlo cuando hemos visto, no ya la incapacidad, sino el criterio claramente regresivo que utilizan en temas como los Servicios de Prevención, la gestión de la IT por enfermedad común y otros", manifiesta Ribó.
CCOO se reafirma en el resto de alegaciones presentadas, que tienen como objetivo el equilibrio presupuestario, legal y contributivo de esta nueva prestación y, manifiesta que seguirá defendiendo estos criterios en el Consejo Económico y Social y en la posterior tramitación parlamentaria que va a ponerse en marcha.
CCOO
CCOO va a seguir defendiendo los intereses del colectivo de autónomos sin trabajadores a cargo, uno de los más desprotegidos, frente a propuestas que encubran privatizaciones de los servicios públicos o desnaturalizaciones del sistema de protección social, que es una conquista histórica del movimiento obrero.
02-11-2009 - Tras la reunión celebrada entre el Gobierno y los agentes sociales, CCOO manifiesta su acuerdo con la creación de una prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo, después de que la propuesta inicial de Gobierno se haya mejorado a partir de las alegaciones realizadas por la secretaría confederal de Economía Social y Autoempleo de CCOO.
Según explica Jordi Ribó, los problemas de los pequeños empresarios se resuelven básicamente sobre la base de la obtención de créditos en buenas condiciones para el mantenimiento de sus actividades y, en este terreno, tendrán todo el apoyo del movimiento sindical para lograr este objetivo.
No obstante, CCOO no comparte que la cotización sea voluntaria para la prestación, porque eso generaría situaciones de "dumping" entre los propios autónomos. "Esa prestación, como todas aquellas ayudas a los desempleados, deben ser gestionadas por los servicios públicos de empleo. Entregar, tal y como hace la propuesta del Gobierno, dicha gestión a las Mutuas de Accidentes abre un precedente peligrosísimo de privatización, no sólo de las prestaciones sino de los mismos Servicios Públicos de Empleo, legitima a las Mutuas para gestionarlo cuando hemos visto, no ya la incapacidad, sino el criterio claramente regresivo que utilizan en temas como los Servicios de Prevención, la gestión de la IT por enfermedad común y otros", manifiesta Ribó.
CCOO se reafirma en el resto de alegaciones presentadas, que tienen como objetivo el equilibrio presupuestario, legal y contributivo de esta nueva prestación y, manifiesta que seguirá defendiendo estos criterios en el Consejo Económico y Social y en la posterior tramitación parlamentaria que va a ponerse en marcha.
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