El fiscal acusa de la muerte de un menor a seis trabajadores del antiguo Nivaria

Petra y Manuel, padres del joven Philipp García Zoch, que murió con 16 años en el antiguo centro de menores con medidas judiciales Nivaria, en La Esperanza, rememoran su dolor cinco años después del luctuoso hecho, sin conocer ni siquiera la fecha del juicio, que podría esclarecer un poco qué sucedió en la muerte violenta del que era su único hijo.
Philipp apareció muerto con una bolsa de plástico en la cabeza en su propia cama, a primera hora del día 13 de noviembre de 2004. La autopsia fijó el óbito entre las cero y las cuatro de la madrugada de ese día.
La investigación realizada posteriormente ha puesto de manifiesto las irregularidades que se produjeron en ese centro, tanto en el día de los hechos, como en otros momentos.
La acusación destaca "el constante acoso que sufría Philipp por parte de otros menores y también por mayores de edad empleados como vigilantes de seguridad, con la absoluta pasividad de los responsables del centro", tal y como figura en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Destaca que el menor se encontraba en una situación "de refugio", y, a pesar de todo, fue agredido verbalmente, insultado y amenazado, sin que todavía estén claras las circunstancias de su muerte.
Asimismo, la acusación particular apunta que, dado el desarrollo de los hechos, "no se puede desterrar la participación activa de terceros, en este caso homicida, en el acto de la acreditada muerte violenta del menor".
El fiscal y la acusación particular han solicitado a la Audiencia provincial la apertura del juicio, en el que pedirán penas de cinco y seis años de prisión, respectivamente, para cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria (M. A. D. A., V. R. R., J. M. E. A., M. A. B. S. y F. L. F.) y de una educadora de Ideo (N. C. H. H.).
Asimismo, el fiscal solicita una indemnización para los padres de 60.000 euros, mientras que la acusación particular eleva esta cifra a 300.000.
Además, en el juicio se citará como testigos a tres responsables políticas, que en el momento de los hechos tenían cargos de gobierno en la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario.
Los padres tienen confianza en que el juicio ponga de manifiesto las irregularidades ya conocidas.
También se citará como testigos a personas relevantes, como agentes de la Guardia Civil que analizaron las cintas de seguridad o la que era directora del centro.

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laprovincia.es
El fiscal pide 5 años por torturas para los cuidadores de Philipp
El menor apareció muerto en su celda de Nivaria


PEDRO GUERRA
Hace cinco años se suicidó en un centro de menores de Tenerife Philipp García, un joven de 16 años que se encontraba cumpliendo medidas judiciales. Después de una larga investigación, la Fiscalía ha remitido al juzgado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita penas de hasta cinco años de cárcel para seis trabajadores del centro, a los que acusa de un presunto delito contra la integridad moral, vulgarmente conocido como torturas y recogido en el artículo 174 del Código Penal.


Philipp García apareció muerto y con una bolsa de plástico en la cabeza en su celda del centro de menores de Nivaria (La Esperanza, Tenerife). Un suicidio en toda regla pero que deparó una investigación judicial a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife.


Cinco años después de iniciada la investigación, el fiscal acusa a cinco vigilantes de seguridad del centro, trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, y a una educadora de la Fundación Ideo, a los que les imputa delitos relacionados con la tortura.


En concreto el Ministerio Público solicita cinco años de prisión para Manuel Antonio Dorta Abrante, un vigilante de seguridad al que se le imputa un delito contra la integridad moral (torturas) recogido en el Artículo 174 del Código Penal. Para el resto de los imputados, cuatro vigilantes más y una educadora, la Fiscalía solicita tres años de cárcel por el delito recogido en el artículo 176 del mismo texto legal, relacionado con el consentimiento de las torturas.


En el escrito de calificaciones del fiscal se recoge que Philipp García fue sometido durante meses "al constante acoso por parte de otros menores y también por mayores de edad empleados como vigilantes de seguridad, con la absoluta pasividad de los responsables del centro".


Sin embargo, no se ha podido acreditar que el suicidio tenga relación directa con el acoso y las torturas a las que, presuntamente, era sometido Philipp García durante su estancia en el centro de menores de Nivaria.


Además de las penas de prisión, el fiscal solicita una indemnización de 60.000 euros para los padres de la víctima. El juez instructor ha solicitado ya la apertura de juicio oral.