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Madrid, 19 nov (EFE).- El ex director y actual miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios José Luis Gómez del Prado ha alertado hoy de la responsabilidad que tiene el Estado español sobre las acciones que realicen los agentes de seguridad privada que protegen a los atuneros.
Según la Ley de Seguridad Privada, "las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas (...)".
Por ello, Gómez del Prado ha indicado que si un buque español pasase a aguas de Somalia y fuera allí atacado por piratas somalíes, en el caso de que los agentes de seguridad causaran alguna baja -incluso en su propia defensa- se podría provocar un conflicto a nivel internacional en el que se viera involucrado España como país.
Respecto al secuestro del Alakrana, este experto en el uso de seguridad privada y mercenarios en conflictos ha hecho hincapié en que deberían haber existido "previamente" unos criterios sobre cómo actuar en estas situaciones.
Gómez del Prado ha señalado que esta carencia existe a nivel internacional y ha lamentado que en esta materia haya unos "vacíos muy grandes" que, a su juicio, la reforma urgente promovida por el Gobierno de la Ley de Seguridad Privada no "llena".
Ha mostrado su preocupación ante esta falta de regulación, ya que ha considerado que si no se somete a las empresas de seguridad privada a unas normas, se repetirán las situaciones vividas en las guerras de Irak y Afganistan de precarización de los servicios y desprofesionalización de los agentes.
"Al principio las compañías tienen los mejores profesionales y luego, para abaratar costes, cogen militares y ex policías de países del tercer mundo, eso puede pasar ahora con el fenómeno de la piratería", ha alertado.
Además se ha referido al dilema que supone que los gobiernos cedan el uso de la fuerza -que, en los sistemas democráticos, es competencia exclusiva del Estado- a "actores no estatales", ya que esto es una cuestión de soberanía, es decir, que afecta a todos los ciudadanos y "no sólo a gobiernos y empresas de seguridad privada".
"Estamos en una situación, una 'zona gris', en la que no sabemos si el guardia privado que está fuertemente armado es un civil o un militar", ha dicho, tras lo que ha añadido que "la línea es tan tenue que aunque está haciendo seguridad pasiva, en cualquier momento puede estar en seguridad activa".
Por otra parte, Gómez del Prado se ha preguntado de quién es la responsabilidad cuando un barco sufre un ataque al salirse de la zona protegida en el Índico por buques de las armadas francesa y española para buscar zonas con más pesca, como en el caso del Alakrana.
"Hay unas responsabilidades que no son solamente del Estado", ha afirmado. EFE
Según la Ley de Seguridad Privada, "las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas (...)".
Por ello, Gómez del Prado ha indicado que si un buque español pasase a aguas de Somalia y fuera allí atacado por piratas somalíes, en el caso de que los agentes de seguridad causaran alguna baja -incluso en su propia defensa- se podría provocar un conflicto a nivel internacional en el que se viera involucrado España como país.
Respecto al secuestro del Alakrana, este experto en el uso de seguridad privada y mercenarios en conflictos ha hecho hincapié en que deberían haber existido "previamente" unos criterios sobre cómo actuar en estas situaciones.
Gómez del Prado ha señalado que esta carencia existe a nivel internacional y ha lamentado que en esta materia haya unos "vacíos muy grandes" que, a su juicio, la reforma urgente promovida por el Gobierno de la Ley de Seguridad Privada no "llena".
Ha mostrado su preocupación ante esta falta de regulación, ya que ha considerado que si no se somete a las empresas de seguridad privada a unas normas, se repetirán las situaciones vividas en las guerras de Irak y Afganistan de precarización de los servicios y desprofesionalización de los agentes.
"Al principio las compañías tienen los mejores profesionales y luego, para abaratar costes, cogen militares y ex policías de países del tercer mundo, eso puede pasar ahora con el fenómeno de la piratería", ha alertado.
Además se ha referido al dilema que supone que los gobiernos cedan el uso de la fuerza -que, en los sistemas democráticos, es competencia exclusiva del Estado- a "actores no estatales", ya que esto es una cuestión de soberanía, es decir, que afecta a todos los ciudadanos y "no sólo a gobiernos y empresas de seguridad privada".
"Estamos en una situación, una 'zona gris', en la que no sabemos si el guardia privado que está fuertemente armado es un civil o un militar", ha dicho, tras lo que ha añadido que "la línea es tan tenue que aunque está haciendo seguridad pasiva, en cualquier momento puede estar en seguridad activa".
Por otra parte, Gómez del Prado se ha preguntado de quién es la responsabilidad cuando un barco sufre un ataque al salirse de la zona protegida en el Índico por buques de las armadas francesa y española para buscar zonas con más pesca, como en el caso del Alakrana.
"Hay unas responsabilidades que no son solamente del Estado", ha afirmado. EFE
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