El proyecto de policía impulsado por el Consell genera escasas adhesiones. El SUP la considera poco realista

El proyecto de policía impulsado por el Consell genera escasas adhesiones. El SUP la considera poco realista

Los planes del Consell para implantar una ambiciosa Policía autonómica no están generando demasiado entusiasmo, al menos por ahora. Los principales afectados por la propuesta, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, albergan serias dudas, cada uno con diferentes matices, de que el proyecto sea viable, según afirman los sindicatos y la principal asociación profesional dentro de la Benemérita. Tampoco merece ningún crédito para la Subdelegación del Gobierno, según los testimonios recopilados por este diario, máxime si se pretende que el Ministerio del Interior sea el que asuma tres cuartas partes de la inversión necesaria.

Los representantes sindicales ven poco realista afrontar los costes de implantar un cuerpo que absorbería las competencias de seguridad ciudadana y también de policía judicial. La idea de la Conselleria de Gobernación, según expuso su titular, Serafín Castellano, es contar con una plantilla de 6.000 policías autonómicos que se incorporarían de manera progresiva. La estimación de 38.000 euros anuales por agente elevaría el gasto anual de mantenimiento hasta los 228 millones de euros.

La Confederación Española de Policía (CEP) se muestra muy incrédula. «Si ahora no pueden con poco más de 300 agentes de la Unidad Adscrita, cómo van a hacerlo con 6.000», expresa el secretario provincial, Onofre Simón. Desde su punto de vista, los medios económicos son «muy precarios», lo que hace que la dotación de agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comunitat Valenciana no haya crecido en los últimos dos años.

Sin recursos económicos

«No hay dinero ni para guantes, pantalones o botiquines. Y en los últimos tiempos, con los concursos de traslados, la provincia de Alicante ha perdido policías autonómicos», agrega Simón.

Para la CEP, sería «perfecto» que se constituyese una policía similar a los Mossos o la Ertzaintza, porque las condiciones salariales son mucho más atractivas que las del Ministerio del Interior. «A muchos agentes nacionales puede que les

interese pasar a depender de la Generalitat. De hecho, conozco casos de policías que están estudiando valenciano por si éste fuese un requisito», apostilla Simón, aunque acto seguido reconoce que para la CEP el proyecto es «inviable». El Sindicato Unificado de Policía (SUP) opina que la propuesta no es nada realista. «Es increíble que hablen de esto, con un coste económico enorme, cuando no hay ni para los servicios sociales y sanitarios. Es más un juguete que algo positivo para la seguridad del ciudadano, que al fin y al cabo es lo que debe importar», critica el secretario general del SUP en la Comunitat, Roberto Villena. Villena insiste en que en Cataluña y el País Vasco, modelo al que se aproximaría la Comunitat Valenciana, «se han doblado los gastos en seguridad, pero no hay menos

delincuencia». A juicio del SUP, no es necesario crear 17 policías autonómicas, sino una ley de seguridad ciudadana óptima.

Para el sindicato, la clave en este apartado radica en la coordinación entre todos los cuerpos. Una policía autonómica «da categoría o estatus, pero no vemos utilidad». El SUP subraya que «lo que hace falta es una Ley de Seguridad Ciudadana Integral que aglutine de verdad a todas las policías estatales y locales».

Esta misma idea es respaldada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en la provincia de Alicante y el resto de la Comunitat, que considera caduca la actual norma, que data de 1986. Para la entidad, el proyecto de la Conselleria de Gobernación «es inviable o, como mínimo, de muy difícil realización».