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La Policía Nacional aumentó las inspecciones y se impusieron sanciones por un total de 577.000 euros
C. G. - PONTEVEDRA El intrusismo laboral sigue siendo el "principal caballo de batalla contra el que hay que luchar" en el sector de la seguridad privada en la provincia.
Así lo reconoció el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, al término de la reunión que mantuvo con las empresas, las fuerzas de seguridad, sindicatos y representantes de los establecimientos obligados a contar con protección. Un encuentro que se enmarca dentro de la Comisión Mixta de Seguridad Privada Provincial.
En la provincia de Pontevedra son 2.124 establecimientos obligados a contar con medidas de protección o seguridad privada, mayoritariamente bancos, farmacias, joyerías o estaciones de servicio, entre otros. Además de 51 empresas de seguridad autorizadas para prestar estos servicios. El personal que emplean es de un total de 1.159 personas. No obstante, son muchos los casos de intrusismo.
Los hay, según Fernández Álvarez, de tres tipos: empresas no autorizadas que prestan sus servicios o instalan sistemas de protección sin contar con la pertinente licencia. Empresas autorizadas que sin embargo emplean personal no cualificado y aquellas personas no habilitadas para esta labor que pese a ello prestan servicios de seguridad.
El subdelegado del Gobierno indicó que este año se incrementaron en un 25% las inspecciones por parte de la Policía lo que dio lugar a la apertura de 69 expedientes de sanción, muchos menos que en todo 2008 (cuando hubo 141) pero que sin embargo son por una cuantía superior. Las multas alcanzan una cuantía de 577.000 euros. La explicación es que han aumentado las sanciones por infracciones graves o muy graves. La mayoría fueron por intrusismo laboral.
Desde la subdelegación indican que la mayoría de las sanciones se emitieron contra las empresas que llevaban a cabo los servicios de manera incorrecta, pero también se multó a los clientes que solicitaban estos servicios por lo que pide a los empresarios o particulares que contraten estos servicios que se cercioren de que la empresa seleccionada cuente con todos los permisos.
Descendieron sin embargo las falsas alarmas que sobre todo se producen en instalaciones ubicadas en viviendas o locales no obligados a contar con sistemas de protección. Asimismo, se detectaron que la mayoría de los fallos se produjeron no en los dispositivos de alarma, sino en los CRA o Centros de Recepción de Alarmas.
Por último, cabe reseñar que la crisis también se está dejando notar en el número de establecimientos que presentan sus proyectos ante la Subdelegación ya que este descendió este año. La caída más acusada se produjo en el número de oficinas bancarias de nueva apertura, además de detectarse un incremento en las que se dan de baja.
Delfín Fernández indicó que esta Navidad la Policía estará alerta para que no se conculque la ley con fiestas ilegales.
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