EEUU abre la puerta para legalizar a 200.000 indocumentados haitianos

La administración Obama ha decidido proporcionar a unos 200.000 inmigrantes haitianos indocumentados la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, permitiendo que se acojan a un programa que otorga el estatuto de refugiado a las víctimas de desastres naturales, conflictos armados, y otras situaciones de emergencia.

Según declaró Alejandro Mayorkas, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del gobierno de los EEUU, el Estado aceptará las solicitudes de los haitianos para acogerse al “Temporary Protected Status”(estatuto temporal protegido), lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en los EEUU al menos durante 18 meses.

Mayorkas se reunió el miércoles en Miami con representantes de las asociaciones de inmigrantes para coordinar la distribución de solicitudes para acogerse al programa entre la comunidad haitiana, una decisión tomada la semana pasada por la administración dentro de su paquete de ayudas a Haití.

Se espera que la mayoría de estas miles de personas podrán conseguir un trabajo, y enviar una parte de su sueldo a la isla, colaborando en su proceso de reconstrucción. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que cada año los haitianos residentes en los EEUU envían a su país de origen remesas por valor de 1.000 millones dólares. Se calcula que las remesas enviadas por los inmigrantes haitianos en el extranjero representan un tercio del PIB de Haití.

Para que su solicitud sea aceptada, los inmigrantes deben probar que poseen la nacionalidad haitiana, y que estaban en los EEUU antes del 12 de enero, día en que el terremoto sacudió el país. De acuerdo con los grupos ayuda al inmigrante, entre 34.000 y 68.000 haitianos indocumentados residen en el Sur de Florida, una cifra que podría alcanzar los 100.000 en el conjunto de este estado.

Todas las solicitudes serán tratadas con urgencia

“Todas las solicitudes serán tratadas con urgencia”, declaró Mayorkas. El objetivo del gobierno es proceder a la distribución de las solicitudes en un plazo de 90 días, y procesarlas lo más rápido posible, razón por la que se ha aumentado el personal con el que cuentan las oficinas federales de inmigración en Florida.

El gobierno intentará en la medida de lo posible eliminar los 500 dólares de tasa que, según la normativa, se deben abonar para poder procesar la solicitud. “Somos conscientes que algunas personas están en una situación financiera vulnerable, y revisaremos sus solicitudes con un espíritu de generosidad”, señaló Mazorkas. diario el mundo.