Los jueces condenan por primera vez a dos pacientes a prisión por agredir a sanitarios

Uno de ellos intentó llevarse a golpes a su bebé ingresado en La Arrixaca y el otro arremetió contra su médico en la consulta
11.03.10 - 00:31 -
J. P. PARRA | MURCIA.

Los profesionales sanitarios llevan mucho tiempo reclamando a la Justicia que condene a quienes les agreden físicamente a penas de prisión. Hasta ahora, las denuncias terminaban siempre en multa, ya que las agresiones se consideraban falta y no delito. Pero 2009 se cerró con dos sentencias pioneras en la Región en la que los ataques a sanitarios se calificaron como un delito de atentado contra funcionario público, tipificado en el Código Penal con penas de entre uno y tres años de cárcel.
El juzgado de lo Penal número 5 de Murcia condenó en julio a dos años de prisión al padre que varios días antes había irrumpido en el materno infantil de La Arrixaca para llevarse por la fuerza a su bebé de dos meses de edad, que permanecía ingresado en el hospital tras haber nacido con síndrome de abstinencia. Al hombre se le había retirado la custodia, pero desobedeciendo las órdenes judiciales entró en La Arrixaca con una navaja y golpeó a las enfermeras que en ese momento cuidaban al bebé. La sentencia condena al acusado a un año por atentado contra funcionario público y a otro año por un delito de sustracción de menores en grado de tentativa.
La segunda sentencia viene firmada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que condena a ocho meses de prisión por atentado contra funcionario público a un hombre que pegó a su médico en la consulta de su centro de salud. Las dos condenas llegan después de fallos similares en otras comunidades autónomas. Además, no sólo las agresiones a sanitarios están empezando a considerarse atentado contra funcionario público. También los ataques a maestros y profesores comienzan a ser tipificados de esta manera. Así, en marzo de 2009 se condenó a un año de prisión a una mujer que se presentó en un colegio de Cieza y sin mediar palabra golpeó con el casco de su moto a la jefa de estudios.
En el cambio de actitud de la Justicia está siendo fundamental el papel de los fiscales, que están calificando estas agresiones físicas como atentados a funcionario público. Ahora, la Fiscalía Superior de la Región ha dado un paso más con la firma, ayer, de un protocolo de colaboración con la Consejería de Sanidad para intensificar la lucha contra la lacra de las agresiones. Gracias a este acuerdo, las denuncias de los afectados llegarán directamente a un fiscal encargado específicamente de este tipo de casos.
La consejera Ángeles Palacios presentó también los datos del informe anual del Plan de Prevención de las Agresiones, que ya adelantó ayer 'La Verdad'. El documento cifra en 288 el número de incidentes en 2009 (un 16% más que el año anterior), y destaca especialmente el aumento de agresiones físicas (un 18% más).
Palacios subrayó que para hacer frente a este problema las medidas de seguridad «aumentaron un 10,6%» en 2009. Así, en los últimos cinco años se ha pasado de contar con 11 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios a 140. Además, en un año se ha pasado de 31 centros con timbre antipánico a 101, y de 330 cámaras de seguridad en 2009 a 417 en 2010.

Los sindicatos piden más
Los sindicatos, sin embargo, consideran insuficientes los avances. Juan Antonio Blaya, secretario general de Satse, mayoritario en el sector de Enfermería, denunció que los 700.000 euros destinados por Sanidad a prevención suponen una reducción con respecto a años anteriores. Blaya presentó ayer junto al presidente del sindicato de profesores Anpe, Clemente Hernández, la I Jornada Regional sobre la No Violencia en los Centros Sanitarios y Educativos, que se celebrará el 17 de marzo y que contará con la presencia, entre otros, del juez de menores de Granada Enrique Calatayud y del presidente del TSJ de la Región, Juan Martínez Moya.