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El sector está enfadado con el ministerio de Interior y vinculado por imperativo legal a unas empresas de seguridad a las que, según dicen, sólo les preocupa su propio beneficio
Los escoltas privados están en pie de guerra. Llevan años reclamando sin éxito un cambio en la ley que regula su actividad, una norma de 1992 que aseguran ha quedado obsoleta. Según sus representantes, la solución a todos sus problemas pasa por la creación de un Colegio Profesional.
Tiran a dar y señalan al Ministerio del Interior como máximo responsable de los males que aquejan al sector: intrusismo profesional, personal escasamente formado, falta de apoyo a la hora de desarrollar su trabajo, sueldos insuficientes e imposición legal de que sus servicios sólo puedan ser contratados a través de empresas de seguridad.
Desde ASES, asociación a la que están adscritos el 60% de los 5000 escoltas privados legales que hay en activo en España, su presidente, Vicente de la Cruz, afirma: "A la Administración la seguridad privada le da igual, le da igual la profesión de unas 150.000 personas, contando a los vigilantes privados. No se preocupan en absoluto del sector. Quizá porque les recuerda su incapacidad para proteger a los ciudadanos"
Problemas
La mayoría de los problemas que acucian a los escoltas, según sus representantes, parten de la imposición legal de que sus servicios tan sólo puedan ser contratados a través de empresas de seguridad.
Esto crea la figura de un intermediario y favorece que "en el sector prevalezca un criterio de costes antes que un criterio de calidad a la hora de seleccionar personal, algo inadmisible cuando se trata de proteger vidas."
<BLOCKQUOTE class=mceNonEditable>Señalan al Ministerio del Interior como máximo responsable de los males que aquejan al sector</BLOCKQUOTE>
Esta imposición legal también supone un sobre coste en el servicio, según denuncian desde ASES, que aseguran que los beneficios de las empresas de seguridad son enormes cuando tan sólo se limitan a realizar una tarea administrativa.
Si "el departamento de Interior del gobierno vasco paga 7.800 euros al mes por cada escolta asignado a proteger a un cargo público, el profesional recibe una media de 2.600 euros mensuales. La diferencia de dinero va a parar a la empresa de seguridad", apunta Vicente de la Cruz.
Por culpa de ese sobre coste, muchos empresarios estarían optando por realizar contrataciones de e de forma ilegal, dando lugar a un intrusismo profesional que arroja un dato ciertamente sorprendente: "el número de ilegales duplica al número de legales. Hay alrededor de 10.000 personas trabajando de manera encubierta, siendo presentados como conductores, acompañantes o secretarios".
"Lo que pasa es que el mercado le está diciendo a la Ley que haga lo que quiera que él hará lo que le dé la gana. La Ley está obsoleta, la realidad que regula es distinta"
Colegio Profesional
Desde su nacimiento, hace 7 años, ASES lleva reivindicando la creación de un Colegio Profesional de Escoltas. Se lo han pedido en numerosas ocasiones al ministerio de Interior, que es quien tiene que autorizarlo.
La última vez que lo solicitaron por escrito fue en 2006, vía Derecho de Petición, fórmula que obliga a la Administración a contestar argumentada y razonadamente en 45 días. Según ASES, "Interior incumple la Ley al no contestar ni siquiera a nuestra demanda".
Para ASES, la creación del Colegio Profesional, además de que supondría beneficios para quienes desempeñan esta profesión, también beneficiaría a quienes los contratan. "El Colegio incidiría enormemente en la formación de los profesionales". "Nosotros abogamos por escoltas con un mínimo de dos años de experiencia en seguridad, con una edad mínima, cursos de internamiento a sus espaldas y una formación multidisciplinar: jurídica, negociadora, de observación, sobre lenguaje corporal, defensa personal, primeros auxilios, conducción de riesgo, seguimiento, tiro, trabajo bajo presión, etc"
Las empresas de seguridad, en contra
Desde APROSER, la patronal de las Empresas de Seguridad a la que pertenecen las 17 mayores compañías del sector, obviamente, no pueden estar de acuerdo con lo que exponen los respresentantes de los escoltas. Según ellos, el ministerio de Interior, con la obligación de contratar a los profesionales a través de ellas lo que busca es ofrecer una garantía y un control sobre los servicios y sobre los profesionales que trabajan en el sector.
Discrepan con ASES sobre el hecho de que las empresas, al menos las que forman parte de APROSER y entre las que se reparten entre un 80 y un 85% del volumen de negocio del sector, no se ocupen de la formación y de la selección del personal que trabaja para ellas.
Sobre todo, con lo que no están en absoluto conformes son con las cifras de beneficio por servicio que manejan los escoltas. "La diferencia entre lo que paga quien contrata y lo que cobran los escoltas privados por cada misión no son los beneficios que obtiene la empresa. Las compañías tienen que suscribir costosísimos seguros de responsabilidad civil, aportar material, vehículos, pagar la seguridad social de cada trabajador (lo que supone un 33% del sueldo), practicar retenciones fiscales, ocuparse de la formación, la selección, pagar vacaciones..."
"Respetamos lo que solicitan los representantes de los escoltas, pero creemos que no es necesario la creación de un Colegio Profesional porque nosostros aseguramos las garantías que el sector requiere".
"Lo que sí que hay que perseguir es el intrusismo de las empresas que no cumplen con la ley y que no contratan a vigilantes habilitados".
APROSER y ASES sólo coinciden en una cuestión, aunque por motivos diferentes: la ley de 1992 que regula el sector ha quedado obsoleta. La lucha de la patronal de las Empresas de Seguridad consiste en lograr que la ley permita la contratación de extranjeros no comunitarios para desempeñar las funciones de vigilante de seguridad. "Se necesitan cubrir unos 20.000 puestos de trabajo y no hay españoles que quieran ocuparlos".
Ambos esperan que Interior mueva ficha.
El sector está enfadado con el ministerio de Interior y vinculado por imperativo legal a unas empresas de seguridad a las que, según dicen, sólo les preocupa su propio beneficio
Los escoltas privados están en pie de guerra. Llevan años reclamando sin éxito un cambio en la ley que regula su actividad, una norma de 1992 que aseguran ha quedado obsoleta. Según sus representantes, la solución a todos sus problemas pasa por la creación de un Colegio Profesional.
Tiran a dar y señalan al Ministerio del Interior como máximo responsable de los males que aquejan al sector: intrusismo profesional, personal escasamente formado, falta de apoyo a la hora de desarrollar su trabajo, sueldos insuficientes e imposición legal de que sus servicios sólo puedan ser contratados a través de empresas de seguridad.
Desde ASES, asociación a la que están adscritos el 60% de los 5000 escoltas privados legales que hay en activo en España, su presidente, Vicente de la Cruz, afirma: "A la Administración la seguridad privada le da igual, le da igual la profesión de unas 150.000 personas, contando a los vigilantes privados. No se preocupan en absoluto del sector. Quizá porque les recuerda su incapacidad para proteger a los ciudadanos"
Problemas
La mayoría de los problemas que acucian a los escoltas, según sus representantes, parten de la imposición legal de que sus servicios tan sólo puedan ser contratados a través de empresas de seguridad.
Esto crea la figura de un intermediario y favorece que "en el sector prevalezca un criterio de costes antes que un criterio de calidad a la hora de seleccionar personal, algo inadmisible cuando se trata de proteger vidas."
<BLOCKQUOTE class=mceNonEditable>Señalan al Ministerio del Interior como máximo responsable de los males que aquejan al sector</BLOCKQUOTE>
Esta imposición legal también supone un sobre coste en el servicio, según denuncian desde ASES, que aseguran que los beneficios de las empresas de seguridad son enormes cuando tan sólo se limitan a realizar una tarea administrativa.
Si "el departamento de Interior del gobierno vasco paga 7.800 euros al mes por cada escolta asignado a proteger a un cargo público, el profesional recibe una media de 2.600 euros mensuales. La diferencia de dinero va a parar a la empresa de seguridad", apunta Vicente de la Cruz.
Por culpa de ese sobre coste, muchos empresarios estarían optando por realizar contrataciones de e de forma ilegal, dando lugar a un intrusismo profesional que arroja un dato ciertamente sorprendente: "el número de ilegales duplica al número de legales. Hay alrededor de 10.000 personas trabajando de manera encubierta, siendo presentados como conductores, acompañantes o secretarios".
"Lo que pasa es que el mercado le está diciendo a la Ley que haga lo que quiera que él hará lo que le dé la gana. La Ley está obsoleta, la realidad que regula es distinta"
Colegio Profesional
Desde su nacimiento, hace 7 años, ASES lleva reivindicando la creación de un Colegio Profesional de Escoltas. Se lo han pedido en numerosas ocasiones al ministerio de Interior, que es quien tiene que autorizarlo.
La última vez que lo solicitaron por escrito fue en 2006, vía Derecho de Petición, fórmula que obliga a la Administración a contestar argumentada y razonadamente en 45 días. Según ASES, "Interior incumple la Ley al no contestar ni siquiera a nuestra demanda".
Para ASES, la creación del Colegio Profesional, además de que supondría beneficios para quienes desempeñan esta profesión, también beneficiaría a quienes los contratan. "El Colegio incidiría enormemente en la formación de los profesionales". "Nosotros abogamos por escoltas con un mínimo de dos años de experiencia en seguridad, con una edad mínima, cursos de internamiento a sus espaldas y una formación multidisciplinar: jurídica, negociadora, de observación, sobre lenguaje corporal, defensa personal, primeros auxilios, conducción de riesgo, seguimiento, tiro, trabajo bajo presión, etc"
Las empresas de seguridad, en contra
Desde APROSER, la patronal de las Empresas de Seguridad a la que pertenecen las 17 mayores compañías del sector, obviamente, no pueden estar de acuerdo con lo que exponen los respresentantes de los escoltas. Según ellos, el ministerio de Interior, con la obligación de contratar a los profesionales a través de ellas lo que busca es ofrecer una garantía y un control sobre los servicios y sobre los profesionales que trabajan en el sector.
Discrepan con ASES sobre el hecho de que las empresas, al menos las que forman parte de APROSER y entre las que se reparten entre un 80 y un 85% del volumen de negocio del sector, no se ocupen de la formación y de la selección del personal que trabaja para ellas.
Sobre todo, con lo que no están en absoluto conformes son con las cifras de beneficio por servicio que manejan los escoltas. "La diferencia entre lo que paga quien contrata y lo que cobran los escoltas privados por cada misión no son los beneficios que obtiene la empresa. Las compañías tienen que suscribir costosísimos seguros de responsabilidad civil, aportar material, vehículos, pagar la seguridad social de cada trabajador (lo que supone un 33% del sueldo), practicar retenciones fiscales, ocuparse de la formación, la selección, pagar vacaciones..."
"Respetamos lo que solicitan los representantes de los escoltas, pero creemos que no es necesario la creación de un Colegio Profesional porque nosostros aseguramos las garantías que el sector requiere".
"Lo que sí que hay que perseguir es el intrusismo de las empresas que no cumplen con la ley y que no contratan a vigilantes habilitados".
APROSER y ASES sólo coinciden en una cuestión, aunque por motivos diferentes: la ley de 1992 que regula el sector ha quedado obsoleta. La lucha de la patronal de las Empresas de Seguridad consiste en lograr que la ley permita la contratación de extranjeros no comunitarios para desempeñar las funciones de vigilante de seguridad. "Se necesitan cubrir unos 20.000 puestos de trabajo y no hay españoles que quieran ocuparlos".
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