Vigilantes V.S.
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El conflicto por la adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia a la empresa Serramar podría costar al Cabildo de Gran Canaria más de 230.000 euros en indemnizaciones, según calcularon ayer fuentes jurídicas, mientras que la empresa Seguridad Integral Canaria, actual concesionaria, eleva ese cantidad a más de 700.000 euros.
El Cabildo tiene poco margen de maniobra para evitar que el concurso público acabe en los tribunales, pues una vez firmada la adjudicación provisional sólo tiene dos opciones: ratificarse en esa decisión y firmar el contrato a Serramar o admitir el recurso de Seguridad Integral Canaria y otorgar el servicio a ésta última empresa.
En ambos casos el concurso acabará en la vía de lo contencioso-administrativo, pues ya no existen razones jurídicas de peso para anularlo o declararlo desierto, según los expertos consultados.
Seguridad Integral Canaria presentará en los próximos días un recurso contra la adjudicación provisional a Serramar y en caso de que no prospere acudirá al Juzgado, según anunciaron ayer fuentes de la empresa. En ese último caso, también se pediría la suspensión cautelar del contrato a Serramar.
La base del recurso será el dictamen de los Servicios Jurídicos del propio Cabildo, que considera que hubo errores en la valoración por parte de los técnicos y propone que se adjudique al concurso a Seguridad Integral Canaria.
Por su parte, los directivos de Serramar se mostraron ayer confiados en que se respete la propuesta de la Mesa de Contratación y se firme el contrato antes de fin de mes, para empezar a trabajar a lo largo de abril. No obstante, y tal como advirtió por el retraso de siete meses en la adjudicación, Serramar también acudiría a los tribunales si se revoca la decisión.
Según explicaron fuentes jurídicas, un proceso contencioso-administrativo tarda unos cuatro años en resolverse y, en caso de que lo gane la empresa litigante, se establece una indemnización por el lucro cesante más los daños y perjuicios. En este caso, el lucro cesante rondaría los 230.000 euros, un 4% del total del contrato.
Por su parte, los abogados de Seguridad Integral consideran que también habría que indemnizar por otros daños y que la cifra se podría triplicar.Una vez notificada la adjudicación provisional, las empresas que se sienten perjudicadas tienen diez días hábiles para recurrir ante el órgano contratante del Cabildo, la consejera de Presidencia Encarna Galván. Las otras participantes, Prosegur y Securitas, no han decidido, pero no presentaron ninguna alegación durante el proceso.
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