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El personal de la seguridad privada ha convocado para la próxima semana una huelga en todo el país. Los paros coinciden con el aumento nivel de la alerta antiterrorista por parte de Interior. No se verán afectados, eso sí, los servicios de protección de personas amenazadas.
En total, unos 100.000 trabajadores del sector de la seguridad privada están llamados a esta huelga general que se llevará a cabo desde las 00:00 horas del próximo 29 de marzo hasta las 00:00 horas del día 31, es decir, en plena Semana Santa. Los vigilantes reivindican el desbloqueo del convenio colectivo y el fin de congelación salarial a la que, según ellos, lleva sometida el sector desde hace dos años.
Desde el Ministerio del Interior se ha enviado a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía un documento en el que se estipulan los servicios mínimos que deben cumplirse durante estas jornadas de huelga. El departamento de Rubalcaba quiere que los servicios declarados esenciales no se vean afectados.
En esta resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial Digital, se especifica: “Ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades de las personas objeto de protección y de los usuarios de las citadas infraestructuras, que podrían verse alterados por la carencia de los servicios desempañados por los vigilantes de seguridad, resulta necesario garantizar su debida vigilancia y protección, sin menoscabar el citado derecho de huelga”.
De esta forma, Interior considera que los servicios mínimos que deben garantizarse durante esos dos días son los siguientes:
-- No podrán ausentarse de su trabajo el personal que presta servicios de protección de personas.
-- El 85% del personal que trabaje en bancos, cajas de ahorro y entidades que custodien objetos valiosos.
-- El 75% de los vigilantes que trabajan en centrales nucleares o en instalaciones industriales peligrosas.
-- El 75%, también, del personal de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y sedes de medios de comunicación social.
-- Los más afectados serán los hospitales, juzgados y dependencias de la administración pública, cuyos servicios mínimos se garantizan al 25%.
Vea a continuación el documento íntegro firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho:
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En total, unos 100.000 trabajadores del sector de la seguridad privada están llamados a esta huelga general que se llevará a cabo desde las 00:00 horas del próximo 29 de marzo hasta las 00:00 horas del día 31, es decir, en plena Semana Santa. Los vigilantes reivindican el desbloqueo del convenio colectivo y el fin de congelación salarial a la que, según ellos, lleva sometida el sector desde hace dos años.
Desde el Ministerio del Interior se ha enviado a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía un documento en el que se estipulan los servicios mínimos que deben cumplirse durante estas jornadas de huelga. El departamento de Rubalcaba quiere que los servicios declarados esenciales no se vean afectados.
En esta resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial Digital, se especifica: “Ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades de las personas objeto de protección y de los usuarios de las citadas infraestructuras, que podrían verse alterados por la carencia de los servicios desempañados por los vigilantes de seguridad, resulta necesario garantizar su debida vigilancia y protección, sin menoscabar el citado derecho de huelga”.
De esta forma, Interior considera que los servicios mínimos que deben garantizarse durante esos dos días son los siguientes:
-- No podrán ausentarse de su trabajo el personal que presta servicios de protección de personas.
-- El 85% del personal que trabaje en bancos, cajas de ahorro y entidades que custodien objetos valiosos.
-- El 75% de los vigilantes que trabajan en centrales nucleares o en instalaciones industriales peligrosas.
-- El 75%, también, del personal de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y sedes de medios de comunicación social.
-- Los más afectados serán los hospitales, juzgados y dependencias de la administración pública, cuyos servicios mínimos se garantizan al 25%.
Vea a continuación el documento íntegro firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho:
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