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Unas veces es un insulto, otras una descarada amenaza y, en el peor de los extremos, se llega a la humillante agresión. En los últimos años la violencia se ha convertido en una paciente demasiado habitual en las consultas médicas. Los estudios que maneja el gremio indican que el 64% de los facultativos españoles han soportado algún ataque verbal en el desempeño de su actividad, mientras que el 11% ha sufrido un daño físico. La receta contra esta dura realidad debe pasar por una mayor concienciación social. Mientras tanto, no queda otro atajo que reforzar las medidas de seguridad, como volverá a hacer este año la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico invertirá a lo largo de 2010 4,3 millones de euros para intentar que los profesionales sanitarios malagueños realicen su labor en entornos más seguros.
En total, Salud destinará 25,6 millones de euros a los centros sanitarios de la región. Dicha cantidad presupuestaria se enmarca en el denominado Plan de prevención y atención de agresiones para los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía; un paquete de medidas puesto en marcha en 2005 de forma pionera para crear un clima de confianza, evitar situaciones de conflicto y promover relaciones de respeto mutuo entre los ciudadanos y los profesionales.
Un presupuesto creciente
Según los datos que maneja Salud, entre enero y noviembre de 2009 se registraron en Málaga 120 agresiones, de las que 22 fueron físicas. La cifra, preocupante, aumenta año tras año, lo que ha obligado al SAS a hacer lo mismo con el presupuesto destinado a combatir esta lacra. Así, en 2005 Salud destinó 3 millones de euros a articular el citado plan de prevención. Hoy, cinco años después, esta cuantía ha aumentado un 43%.
Gracias a este desembolso, el pasado ejercicio los centros sanitarios de la provincia contaban con un total de 99 timbres antipánico, 24 interfonos; 240 teléfonos directos de seguridad; 9 salidas alternativas; 22 cámaras de seguridad o 37 vigilantes, entre otras medidas. La prevención, además, se está extendiendo a las ambulancias, donde ya se han implantado GPS y botones antipánico.
El proyecto de la Junta abarca tanto iniciativas para minimizar las agresiones como fórmulas de atención a los profesionales, entre ellas un registro que permite realizar un análisis detallado de estos ataques y programas de capacitación para enseñar a los facultativos a afrontar situaciones de riesgo. Si se produce un ataque el plan pone en marcha medidas que incluyen atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia jurídica a la víctima.
En la misma línea, el Colegio de Médicos de Málaga cuenta desde 2007 con un teléfono móvil que está operativo durante todo el año las 24 horas del día para asesorar y orientar a los profesionales que sufren agresiones en consulta. La finalidad de esta iniciativa es que los colegiados se sientan más protegidos y respaldados y sepan dónde pueden comunicar una agresión y solicitar ayuda legal tras haber recibido golpes, insultos o amenazas. Sólo el pasado 2009, la Asesoría Jurídica del Colegio registró 40 episodios de violencia.
La mayoría no se denuncia
El problema, como lamenta el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, es que las medidas adoptadas siguen sin frenar el creciente número de casos, la mayoría de los cuales no se denuncian. «La pena es que se ha llegado al punto de que muchos facultativos empiezan a ver las agresiones verbales como parte de su rutina de trabajo y no lo ponen en conocimiento de los servicios jurídicos», critica. Y continúa: «Queda mucho por hacer, sobre todo en materia de concienciación de los usuarios, que no pueden pagar todas sus frustraciones contra nosotros».
Según un informe realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, entre las causas más frecuentes de estos ataques destacan el tiempo que esperan los enfermos para ser atendidos en consulta, discrepancias por la concesión de bajas laborales o diferencias de criterio por la prescripción de medicamentos.
A tenor de la estadística de Salud, en 2008 (último dato publicado) los servicios jurídicos del SAS lograron en Málaga siete condenas por agresión a personal sanitario.
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En total, Salud destinará 25,6 millones de euros a los centros sanitarios de la región. Dicha cantidad presupuestaria se enmarca en el denominado Plan de prevención y atención de agresiones para los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía; un paquete de medidas puesto en marcha en 2005 de forma pionera para crear un clima de confianza, evitar situaciones de conflicto y promover relaciones de respeto mutuo entre los ciudadanos y los profesionales.
Un presupuesto creciente
Según los datos que maneja Salud, entre enero y noviembre de 2009 se registraron en Málaga 120 agresiones, de las que 22 fueron físicas. La cifra, preocupante, aumenta año tras año, lo que ha obligado al SAS a hacer lo mismo con el presupuesto destinado a combatir esta lacra. Así, en 2005 Salud destinó 3 millones de euros a articular el citado plan de prevención. Hoy, cinco años después, esta cuantía ha aumentado un 43%.
Gracias a este desembolso, el pasado ejercicio los centros sanitarios de la provincia contaban con un total de 99 timbres antipánico, 24 interfonos; 240 teléfonos directos de seguridad; 9 salidas alternativas; 22 cámaras de seguridad o 37 vigilantes, entre otras medidas. La prevención, además, se está extendiendo a las ambulancias, donde ya se han implantado GPS y botones antipánico.
El proyecto de la Junta abarca tanto iniciativas para minimizar las agresiones como fórmulas de atención a los profesionales, entre ellas un registro que permite realizar un análisis detallado de estos ataques y programas de capacitación para enseñar a los facultativos a afrontar situaciones de riesgo. Si se produce un ataque el plan pone en marcha medidas que incluyen atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia jurídica a la víctima.
En la misma línea, el Colegio de Médicos de Málaga cuenta desde 2007 con un teléfono móvil que está operativo durante todo el año las 24 horas del día para asesorar y orientar a los profesionales que sufren agresiones en consulta. La finalidad de esta iniciativa es que los colegiados se sientan más protegidos y respaldados y sepan dónde pueden comunicar una agresión y solicitar ayuda legal tras haber recibido golpes, insultos o amenazas. Sólo el pasado 2009, la Asesoría Jurídica del Colegio registró 40 episodios de violencia.
La mayoría no se denuncia
El problema, como lamenta el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, es que las medidas adoptadas siguen sin frenar el creciente número de casos, la mayoría de los cuales no se denuncian. «La pena es que se ha llegado al punto de que muchos facultativos empiezan a ver las agresiones verbales como parte de su rutina de trabajo y no lo ponen en conocimiento de los servicios jurídicos», critica. Y continúa: «Queda mucho por hacer, sobre todo en materia de concienciación de los usuarios, que no pueden pagar todas sus frustraciones contra nosotros».
Según un informe realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, entre las causas más frecuentes de estos ataques destacan el tiempo que esperan los enfermos para ser atendidos en consulta, discrepancias por la concesión de bajas laborales o diferencias de criterio por la prescripción de medicamentos.
A tenor de la estadística de Salud, en 2008 (último dato publicado) los servicios jurídicos del SAS lograron en Málaga siete condenas por agresión a personal sanitario.
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