El fiscal acusó a tres estudiantes de pegar a cuatro policías en una protesta

Después de casi cinco horas de declaraciones y revisión documental el fiscal mantuvo que tres estudiantes lucenses pegaron a cuatro policías en el transcurso de una manifestación que se desarrolló en la jornada del 19 de noviembre de 2008. Los imputados se enfrentan a una petición global de seis años de cárcel, por atentando y a 18 meses de multa a razón de 12 euros diarios, por un delito de coacciones. Tanto T.L. como A.C. y S.F., negaron los hechos categóricamente.

La vista, que se prolongó hasta pasada la media tarde de ayer, tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense. Hasta las inmediaciones de la sala de vistas acudieron decenas de estudiantes y otras personas para prestar su apoyo a los acusados. Los presentes consideraban que las penas solicitadas para sus compañeros son exageradas.

El fiscal sostuvo que más de la mitad de la manifestación en la que participaron los estudiantes no tenía autorización. Deberían, dijo, acabar el trayecto en Maxisterio y lo prolongaron por las calles hasta pasar por la Ronda da Muralla, hacer una sentada ante el edificio de la Xunta y rematar encadenándose siete de ellos a las puertas de la Subdelegación del Gobierno.

El acusador público explicó que los organizadores fueron informados en todo momento por las fuerzas policiales de que estaban incurriendo en una sanción administrativa al prolongar una marcha que no estaba autorizada, sin embargo no hicieron caso. Los estudiantes y sus abogados dijeron que nadie les había dicho nada, a pesar de que la marcha fue seguida por agentes en vehículos y que pudieron haber ordenado la disolución de la protesta. Los policías, por su parte, contaron que le habían comunicado al responsable del acto, uno de los encausados, lo que estaba sucediendo.

Al fiscal tampoco le quedan dudas de que los estudiantes intentaron entrar a la fuerza en el edificio administrativo de la Xunta. No lo lograron, explicó porque los vigilantes de seguridad, alertados por los policías, tuvieron tiempo para cerrar las puertas. Como no consiguieron su objetivo, hicieron una sentada. Los acusados explicaron que, en ningún momento intentaron acceder a la fuerza. Uno de los letrados apuntó que la policía ordenó el cierre de las puertas porque simplemente se imaginó de que podían entrar.

Los principales problemas de orden público, sin embargo, no se registraron ante la Xunta, sino ante la subdelegación del Gobierno a donde se fueron los manifestantes. Allí, según el fiscal, «intentaron entrar en la sede infructuosamente porque las puertas habían sido cerradas en previsión de dicha intención». Pretendían dejar encerrados a los funcionarios, sin embargo los abogados de los acusados explicaron que la subdelegación tiene dos puertas laterales que los imputados dejaron libres.

Encadenamiento

Siete estudiantes acabaron encadenándose a los barrotes de hierro de la puerta de acceso al citado edificio. Momentos después llegaron al lugar varios coches patrullas con numerosos agentes policiales. Todos iban debidamente identificados con placas, chalecos o uniformes. Esta versión de la acusación, sin embargo fue rebatida por los imputados y los letrados quienes explicaron que muchos de los agentes iban de paisano y no podía saberse de quién se trataba.

El acusador público sostuvo que un grupo de cincuenta o sesenta personas, que formaban la protesta en aquel momento, propinaron a los agentes múltiples empujones para impedirles el pasado. Fueron, a su vez, objeto de menosprecio, según el fiscal, porque los estudiantes corearon diversas consignas contra ellos.

En un momento dado, los agentes cortaron con una cizalla las cadenas y fue en ese momento cuando los imputados los agredieron, según el fiscal. Uno de los imputados, dijo, agredió a dos policías.

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