El Ministerio del Interior ha destituido a la cúpula directiva de la madrileña cárcel de mujeres Madrid I debido a que ha detectado "comportamientos inaceptables" de algunos trabajadores del centro. Según ha podido saber ELMUNDO.es, Instituciones Penitenciarias ha iniciado una investigación sobre varios funcionarios que podrían haber mantenido relaciones sexuales con las reclusas a cambio de favores.
El diario gratuito '20 minutos' ha publicado que los funcionarios se acostaron con las reclusas a cambio de pasarles droga o de dejarles utilizar el teléfono móvil.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha retirado de su cargo al director de la prisión, José Luis Cuevas, al subdirector y al administrador del centro, en el que están internadas 614 mujeres. De momento, al frente de la prisión han colocado a un inspector.
Desde Instituciones Penitenciarias no han querido vincular directamente las destituciones con las presuntas relaciones sexuales mantenidas entre funcionarios y presas, aunque sí que han admitido que ésta es una de las líneas de la investigación que se han abierto para depurar responsabilidades.
Auditorías periódicas
Por el momento, dos funcionarios han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo. Uno de ellos abrió de noche la puerta de la celda
de una de las reclusas, algo que no está permitido sin la autorización del jefe de servicio. Alguna de las reclusas ha denunciado la situación.
Las fuentes consultadas han señalado que no ha habido indicios de comportamientos delictivos porque de lo contrario "se habría acudido a un juez", por lo que han descartado que algunos empleados hayan suministrado droga a las internas a cambio de favores sexuales.
Las destituciones se produjeron después de que el Departamento de Inspección -que hace auditorías periódicas- comprobase que había actuaciones que no se ajustaban al trabajo de los funcionarios. También podría haber habido alguna irregularidad en los suministros de la cárcel.
Ante esta situación, el sindicato Csi-Csif ha defendido la presunción de inocencia de los funcionarios, pero también ha asegurado que "si han delinquido, que lo paguen". "Hechos como éste no se producían antes porque no había unificación de escalas y ahora sí la hay. Esta medida es a todas luces contraproducente e innecesaria y está originando muchos problemas ante la ceguera de la Administración penitenciaria"", explicó José Ramón García, presidente nacional del sector de prisiones de Csi-Csif.
"La responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre la dirección del centro y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que, pudiendo ser conscientes de estas circunstancias, inexplicablemente no han tomado las medidas necesarias para el buen funcionamiento del centro penitenciario, propiciando, con su inacción que el problema aumente hasta hacerse incontrolable", argumentó el sindicato a través de un comunicado.
Hasta el año 2007, había dos escalas en Instituciones Penitenciarias: la masculina y la femenina. Así, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente, con presas. Pero, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el 22 de marzo de 2007, se suprimieron las escalas y, por tanto, funcionarios y funcionarias pueden trabajar indistintamente en cárceles de mujeres o de hombres.
Esta situación ha provocado la protesta de las funcionarias de prisiones, que llevan tres años denunciando el caos organizativo que se está generando en las cárceles. "Lo que ha pasado en Meco I es la punta del iceberg.
Es una de las consecuencias de la unificación. No se están respetando las normas. Se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los reclusos", declaró una funcionaria, que no quiere desvelar su identidad.
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El diario gratuito '20 minutos' ha publicado que los funcionarios se acostaron con las reclusas a cambio de pasarles droga o de dejarles utilizar el teléfono móvil.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha retirado de su cargo al director de la prisión, José Luis Cuevas, al subdirector y al administrador del centro, en el que están internadas 614 mujeres. De momento, al frente de la prisión han colocado a un inspector.
Desde Instituciones Penitenciarias no han querido vincular directamente las destituciones con las presuntas relaciones sexuales mantenidas entre funcionarios y presas, aunque sí que han admitido que ésta es una de las líneas de la investigación que se han abierto para depurar responsabilidades.
Auditorías periódicas
Por el momento, dos funcionarios han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo. Uno de ellos abrió de noche la puerta de la celda
de una de las reclusas, algo que no está permitido sin la autorización del jefe de servicio. Alguna de las reclusas ha denunciado la situación.
Las fuentes consultadas han señalado que no ha habido indicios de comportamientos delictivos porque de lo contrario "se habría acudido a un juez", por lo que han descartado que algunos empleados hayan suministrado droga a las internas a cambio de favores sexuales.
Las destituciones se produjeron después de que el Departamento de Inspección -que hace auditorías periódicas- comprobase que había actuaciones que no se ajustaban al trabajo de los funcionarios. También podría haber habido alguna irregularidad en los suministros de la cárcel.
Ante esta situación, el sindicato Csi-Csif ha defendido la presunción de inocencia de los funcionarios, pero también ha asegurado que "si han delinquido, que lo paguen". "Hechos como éste no se producían antes porque no había unificación de escalas y ahora sí la hay. Esta medida es a todas luces contraproducente e innecesaria y está originando muchos problemas ante la ceguera de la Administración penitenciaria"", explicó José Ramón García, presidente nacional del sector de prisiones de Csi-Csif.
"La responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre la dirección del centro y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que, pudiendo ser conscientes de estas circunstancias, inexplicablemente no han tomado las medidas necesarias para el buen funcionamiento del centro penitenciario, propiciando, con su inacción que el problema aumente hasta hacerse incontrolable", argumentó el sindicato a través de un comunicado.
Hasta el año 2007, había dos escalas en Instituciones Penitenciarias: la masculina y la femenina. Así, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente, con presas. Pero, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el 22 de marzo de 2007, se suprimieron las escalas y, por tanto, funcionarios y funcionarias pueden trabajar indistintamente en cárceles de mujeres o de hombres.
Esta situación ha provocado la protesta de las funcionarias de prisiones, que llevan tres años denunciando el caos organizativo que se está generando en las cárceles. "Lo que ha pasado en Meco I es la punta del iceberg.
Es una de las consecuencias de la unificación. No se están respetando las normas. Se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los reclusos", declaró una funcionaria, que no quiere desvelar su identidad.
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